Baleares demandará al Gobierno para exigir inversiones fuera de plazo

El Gobierno de Baleares, conformado por el PSOE y Més, ha decidido pleitear con el Estado por los fondos pendientes. El Ejecutivo autonómico pedirá mejorar sus finanzas desde la exigencia política y también por la vía de los tribunales. La izquierda, instalada en el poder tras las elecciones del pasado 24 de mayo, presentará un recurso contencioso administrativo contra el Estado para pedir que se ejecute la transferencia de 63 millones de euros de las llamadas inversiones, partidas de compensación, amparadas en la reforma del Estatuto de Autonomía.

Para la Administración del Estado, la comunidad balear no cumplió el plazo previsto de ejecución y justificación de esta partida. Desde Palma se subraya que el estatuto reconoce, por la vía de un convenio bilateral, la ejecución de unas inversiones de más de 200 millones de euros, que "el Estado tiene la obligación anual de hacer estas inversiones".

Baleares considera que el Gobierno central debe prorrogar el plazo de inversión de hasta 63 millones para la reconversión del destino turístico de la Playa de Palma, a lo largo de cuatro de arenales en los municipios de Palma y Llucmajor. Esta iniciativa turística estratégica está encallada desde hace tres legislaturas.

El vicepresidente del Ejecutivo balear y consejero de Turismo, Biel Barceló (Més), asumió que el Estado no ha mantenido la inversión porque no se han justificado los proyectos en marcha o ejecutados. El Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol pide tiempo, un nuevo plazo para poder ejecutar y justificar las obras, ya que considera que hasta el 14 de agosto de 2016 no vence el plazo.

El Gobierno rechazó esta vía y de ahí la disputa abierta. Barceló ha señalado este viernes que "Baleares quiere defender los intereses de los ciudadanos y estas inversiones, que son tan importantes para la remodelación de la Playa de Palma, pero, a la vez, también queremos mantener la vía política abierta". El Estado tiene previsto convocar la comisión bilateral mixta entre Baleares y el Gobierno, según trató el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con Armengol.