Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Marruecos festeja los 40 años de la Marcha Verde

El rey Mohamed VI tiene previsto viajar a la capital del Sáhara Occidental para celebrar el aniversario

Marcha Verde
Marroquíes con el Corán en la Marcha Verde, el 6 del 11 de 1975. EFE

Las pastelerías agotan sus dulces, los mayores edificios de Rabat han sido engalanados con bombillas rojas y verdes, los colores de la bandera de Marruecos, y todo el mundo habla de que el rey Mohamed VI tiene previsto viajar hoy al Sáhara. Este 6 de noviembre se cumple el 40º aniversario de la Marcha Verde, la impresionante caminata de 350.000 civiles desarmados que el rey Hassan II envió al Sáhara para forzar la salida del Ejército español en 1975.

La operación fue en un éxito rotundo por parte del monarca que ha regido el país desde 1961 a 1999. La marcha fue organizada en secreto y anunciada el 6 de noviembre en un discurso televisado de Hassan II. El discurso lo pronunció horas después de que el Tribunal de Justicia de La Haya pronunciase su veredicto sobre si el Sáhara Occidental era en el momento de la colonización por parte de España un territorio sin propietarios.

A pesar de que el veredicto solo reconoció "vínculos jurídicos de sumisión entre el sultán de Marruecos y algunas de las tribus que vivían allí" y a pesar de que el tribunal reconocía el derecho a la "autodeterminación" de la población del territorio, Hassan II aprovechó la debilidad del régimen de Franco y convocó la Marcha Verde.

Los menores de 40 años crecieron escuchando las historias de sus padres sobre aquella marcha. Y el régimen se encargó de recordar cada año la epopeya. Pero la redondez de la cifra 40 hace que el Estado se haya volcado especialmente en la conmemoración de la fecha. Aunque no había confirmación oficial, los medios locales daban por hecho que el rey viajaría a El Aaiún, la ciudad más importante del Sáhara, de unos 300.000 habitantes, y que desde allí anunciaría importantes medidas económicas para la región.

La pertenencia del Sáhara Occidental (que el régimen denomina las provincias del Sur) al reino de Marruecos no se cuestiona por ningún partido político. En la reciente polémica con Suecia, a raíz de la apertura de un centro de Ikea en las afueras de Casablanca, todos los partidos han hecho una piña con el Gobierno del islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD). El pasado septiembre, el Gobierno civil de la ciudad de Casablanca bloqueó la inauguración de esa tienda justo un día antes de su apertura. La razón de fondo era que el Parlamento de Suecia se aprestaba a elaborar un informe sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Para convencer a los parlamentarios suecos sobre la marroquinidad del Sáhara, el Gobierno envió una delegación de políticos de izquierdas.

Un tabú

Entre la delegación que viajó a Estocolmo se encontraba Nabila Munib, secretaria general del Partido Socialista Unificado (PSU), la única mujer que dirige un partido en Marruecos. Munib y su formación representan las voces más críticas contra la monarquía marroquí. El PSU se negó a participar en las últimas elecciones legislativas de 2011 porque estima que el régimen es solo una "democracia de fachada" donde las decisiones importantes no la toma el Gobierno sino el monarca. Sin embargo, en cuanto a la cuestión del Sáhara Occidental, la posición de Munib es la misma que la de los islamistas del PJD y el resto de formaciones parlamentarias.

Respecto al caso de Ikea, la tienda sigue sin abrirse. Y no se ha escuchado ninguna voz que se interese por la suerte de los 400 empleados que Ikea tenía previsto contratar. Tan solo en la revista francófona Tel Quel, su director, Abdelah Tourabi, cuestionó que la causa del Sáhara siga siendo un tabú sobre el que no se puede debatir libremente en el país. "Desde la Marcha Verde", comentaba Tourabi en un artículo el 9 de octubre, "para generaciones de nuestros ciudadanos ha habido unanimidad sobre esta cuestión. Es la causa supuesta de un pueblo y una nación. Salvo que la gestión de esta causa pertenece al monopolio del Estado. El pueblo, los partidos políticos y la sociedad civil están excluidos de ella. Todo debate objetivo y desacomplejado sobre el tema está rodeado de sospecha".

Más información