Las ONG denuncian que el auto de Tarajal “criminaliza” a las víctimas

La tragedia que dejó 15 muertos a las puertas de España, que provocó la comparecencia urgente de un ministro en el Congreso, que influyó en la posterior política migratoria del Gobierno —que se apresuró a legalizar las devoluciones en caliente— y que evidenció cómo la Guardia Civil ocultó en sus informes las cargas con pelotas de goma en la frontera; se cierra provisionalmente con un auto judicial que subraya que el uso de material antidisturbios por parte de los agentes fue "disuasorio" y "adecuado". "Los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar, a nado, en avalancha y aprovechando la noche", añade la magistrada, con unas palabras que han causado el malestar de los colectivos sociales que denunciaron los hechos. "El sobreseimiento criminaliza a las víctimas", afirma Andalucía Acoge. "Culpa a los sin papeles", apostilla la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

"Esa afirmación me parece un atrevimiento. Parece que, más que hablar de muertes, habla de suicidios", remacha Javier Baeza, miembro de la Coordinadora de Barrios, uno de los colectivos que se personó como acusación particular en el proceso y que ya estudia recurrir la decisión de la instructora. En esa idea incide Carlos Arce, coordinador del área de Inmigración de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA): "La juez vienen a lanzar el mensaje de que cuando uno supera una frontera tiene que asumir que puede morir. Y eso me parece una barbaridad. Entre otras cosas porque estas personas, recordemos, solo están cometiendo una infracción administrativa".

Las palabras de reproche a la magistrada no se han quedado aquí. Ni son nuevas. Cuando se cumplía un año de la tragedia, Amnistía Internacional denunció los "retrasos" y "dilaciones" en la instrucción. De hecho, los colectivos sociales recuerdan que la juez se inhibió de la causa en favor de la Audiencia Nacional, al considerar que las muertes de los 15 subsaharianos se produjeron en territorio marroquí. La decisión fue revocada por el órgano superior. "El tratamiento que se ha hecho de esta instrucción ha sido totalmente diferente del que se hubiera hecho en otro contexto y con otro perfil de fallecidos", ha insistido Arce. "En casi dos años apenas se ha avanzado en la investigación. Aún faltan elementos vitales para esclarecer los hechos, como los datos solicitados a Marruecos por comisión rogatoria", ha añadido CEAR.

Esto no es una caza de brujas. Solo pedimos que se esclarezcan los hechos Carlos Arce, de APDHA

Este viernes, las ONG también consideran especialmente "grave" otros aspectos del auto. "Como el hecho de que se afirme que las personas que estaban en el agua no tenían por qué ser auxiliadas. Es preciso recordar que aquel día la Guardia Civil no se lanzó al mar para socorrerlas, ni llamó a Cruz Roja o Salvamento Marítimo", destaca Andalucía Acoge.

La causa judicial ha tensado las relaciones entre las ONG y la Guardia Civil durante este último año y medio. El Instituto Armado celebró el jueves el archivo —"buenas noticias", escribió en Twitter— y la Unión de Guardias Civiles, que defiende en la causa a varios agentes, calificó de "charlatanes" a los colectivos sociales. "Esto no es una caza de brujas. Solo pedimos que se esclarezcan los hechos", ha respondido Arce este viernes. "Lo cierto es que se utilizó una fuerza desproporcionada contra personas que se encontraban una situación de indefensión", concluye la presidenta de Andalucía Acoge, Sylvia Koniecki.