La fiscalía pide dos años y medio de cárcel para ‘lady Connery’ por fraude

La Fiscalía Anticorrupción cree que Lady Micheline Connery, esposa del actor escocés Sean Connery, cooperó en la comisión de un delito fiscal en las supuestas irregularidades que se investigan en torno a su antigua casa de Marbella (caso conocido como Goldfinger) y pide para ella dos años y medio de cárcel y una multa de 22,8 millones de euros (el triple del importe presuntamente defraudado a Hacienda). El escrito remitido al juzgado por el ministerio público, que reclama la apertura de juicio oral contra Lady Connery, sostiene que la acusada “se prestó” a colaborar con los principales imputados para formalizar “negocios jurídicos ficticios” que permitieron “ocultar” a la Agencia Tributaria las ganancias obtenidas en la venta de una promoción de apartamentos de lujo.

El caso Goldfinger gira sobre dos ejes. Uno se centra en las supuestas irregularidades urbanísticas por la recalificación en el año 2000 de la parcela donde se levantaba la casa de los Connery, de nombre Malibú, y el otro, en “los mecanismos” supuestamente ideados para evitar el pago de impuestos por la venta de las viviendas que se construyeron en este suelo, así como para derivar el dinero hacia el extranjero. En esta finca, junto a otras anexas, se permitió edificar 72 viviendas donde antes del convenio apenas había previstas media docena. Se trata de un punto privilegiado de Marbella, entre la Milla de Oro y Puerto Banús.

Un total de 17 personas se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Málaga el próximo enero por estos hechos, incluidos el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, y el exasesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca. Ambos están en prisión. Están imputados también dos abogados (son los que se enfrentan a penas más elevadas), empleados de banca, un empresario, asesores fiscales y cinco exediles del GIL. Mientras este proceso seguía su tramitación, el Juzgado de Instrucción 1 de Marbella creó una pieza separada para conocer la versión de los Connery, que tienen fijada su residencia en Bahamas desde finales de la década de los 90.

La declaración jurada de ambos llegó a principios de 2014 después de cerca de tres años en los que se cursaron varias peticiones a través de comisiones rogatorias. Seann Connery se desvinculó tanto de los convenios urbanísticos, firmados con las sociedades Malibú S.A. y By the Sea, como de la venta de los apartamentos. Su esposa Micheline asumió “la gestión” de los negocios, especialmente los relacionados con Malibú S.A., y afirmó que su marido no ejercía cargo alguno y “jamás” intervino en los asuntos de la sociedad desde que le transmitió las acciones, en 1990.

El juez decidió entonces archivar la causa contra el actor escocés y ordenó continuar las diligencias respecto a su mujer al considerar que existían indicios de que hubiera podido incurrir en los delitos de fraude (como inductora), contra la ordenación del territorio y fiscal. Un año y medio después, la Fiscalía Anticorrupción la acusa como cooperadora de un delito contra la Hacienda Pública por defraudar el Impuesto de Sociedades de una de las empresas (la que se encargó de la venta de las viviendas) en 2006.

El matrimonio Connery decidió poner a la venta Casa Malibú en 1998 después de más de dos décadas como vecinos ilustres de Marbella. Decidieron abandonar la Costa del Sol para huir del ladrillo del GIL.