La Guardia Civil interroga a Rato por delitos fiscales y de corrupción

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha declarado este jueves como imputado en la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid) en relación con la causa de delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares que se sigue contra él en el juzgado de Instrucción número 31 de Madrid. Según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado este periódico, Rato ha acudido con su abogado a las instalaciones del instituto armado después de que el miércoles agentes de la investigación le entregasen una notificación para que acudiera a declarar.

Fuentes próximas al caso han señalado a este periódico que la declaración ha versado principalmente sobre los pagos, por un total de 835.000 euros que realizó a Rato el empresario Alberto Portuondo Coll. Este dinero supuestamente corresponde a una mordida pagada al expolítico por las centrales de medios Zenith y Publicis por la adjudicación en 2011 de las campañas de publicidad de Bankia, entidad presidida por Rato. Albisa, una sociedad de Portuondo, el cual ingresó en prisión hace 45 días, sirvió como intermediaria del supuesto soborno, el cual fue ingresado en las cuentas de la empresa Kradonara, sociedad controlada por Rato a través de una mercantil radicada en el paraíso fiscal de la isla de Guernsey (Reino Unido).

Portuondo, en su declaración del pasado agosto ante el juez de instrucción Antonio Serrano-Arnal, señaló que efectuó los pagos a Rato a razón de 40.000 euros mensuales durante alrededor de dos años. El empresario, detenido el pasado agosto cuando regresaba a México, país donde tiene su residencia, manifestó que los pagos eran la contrapartida por una serie de asesoramientos verbales que le hizo Rato, según fuentes de la investigación.

El pasado 24 de septiembre, el juez Serrano-Arnal embargó la pensión vitalicia de 80.000 dólares anuales que Rato percibe como ex director gerente del Fondo Monetario Internacional. Esta cantidad se suma a los bienes por valor de 18 millones de euros que el magistrado le mantiene bloqueados desde junio, según fuentes jurídicas. El instructor imputó también ese día en la causa al abogado Domingo Plazas, arquitecto del entramado societario del expresidente de Bankia.

Este letrado, con despacho en Madrid, Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz), es apoderado de la sociedad Vivaway Ltd, con domicilio en el paraíso fiscal de la isla de Guernsey (Reino Unido), y de la que Rato es beneficiario último. Vivaway constituyó en noviembre de 2001 la mercantil española Kradonara SL, a través de la cual, según la fiscalía, Rato ha recibido “6,5 millones de euros procedentes del extranjero cuyo origen se desconoce” entre 2006 y 2014. Según Hacienda, “no consta” que ni Rato ni sus empresas “hayan tributado por las rentas derivadas de estas transferencias”.

El abogado Plazas quedó en libertad sin medidas cautelares aunque imputado, al igual que Rato, por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Plazas corrió mejor suerte que el tercer encausado en la trama: el empresario Alberto Portuondo. Este fue encarcelado en agosto pasado después de conocerse que su sociedad Albisa SL sirvió de intermediaria en el pago de 835.000 euros a Rato como supuesta mordida de dos empresas, Publicis y Zenith, adjudicatarias de sendos contratos de publicidad de Bankia. Parte de este dinero —495.000 euros— fue invertido en un hotel de Berlín del que Rato posee el 44% de las acciones a través de una sociedad alemana, Bagerpleta Gmbh.