Podemos pide garantizar una vivienda a las víctimas de violencia machista

Podemos reclama a los Gobiernos autónomos constituidos tras las elecciones del 24 de mayo un "plan de garantía habitacional inmediata para toda aquella mujer, que previa valoración de los servicios sociales especializados, ostente la condición de mujer violentada por violencia machista". Así lo recoge una Proposición no de Ley (PNL) presentada este miércoles por Auxiliadora Honorato, secretaria de Acción Institucional del partido, y Clara Serra, diputada en la Asamblea de Madrid y responsable de Igualdad de la formación junto con Paula Baeza.

El texto plantea que la alternativa habitacional se contemple "con independencia de la orden de protección", es decir, también en aquellos casos en los que no se presente denuncia, y los grupos parlamentarios de Podemos reclaman que la concesión de una "solución habitacional con todos los suministros disponibles" se dé en un plazo de 30 días.

En un contexto de crisis y de dependencia económica, según el partido que lidera Pablo Iglesias, "tomar la decisión de romper una relación violenta sin tener asegurado un techo digno se hace muy difícil". "Solo un tercio de las mujeres asesinadas en este año habían interpuesto denuncia previa por violencia". Es decir, "dos tercios de las mujeres no habían interpuesto denuncia y continuaban conviviendo con su agresor en la mayoría de los casos". Esta proposición "no entra a exigir mayor número de casas de acogida, sino en garantizar el acceso a una vivienda".

Honorato, Serra y Baeza han lamentado la política de recortes en materia de lucha contra la violencia machista impulsada por el Partido Popular y han defendido la necesidad de ampliar la aplicación de la ley a todas las formas de violencia machista. "Hay otras violencias que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Por ejemplo, la violencia sexual fuera del ámbito de la pareja, agresiones sexuales, abusos sexuales, acoso sexual en el trabajo, feminicidios fuera del ámbito de la pareja, asesinatos en el ámbito de la prostitución, infanticidios, trata de mujeres, explotación sexual". Esta exigencia, han recordado, está recogida en el llamado convenio europeo de Estambul ratificado por España.

La propuesta pide también que, después la entrada en vigor de la reforma local el próximo 31 de diciembre, que transfiere competencias de los ayuntamientos a las comunidades autónomas, se garantice "el mantenimiento de todos los servicios de atención a mujeres que se venían realizando por parte de las entidades locales.