Los jueces reniegan del traspaso de competencias de justicia

El 68% de los jueces y magistrados españoles considera que la asunción de competencias en materia de justicia por parte de las comunidades autónomas no ha sido beneficiosa para la administración de justicia, frente al 13% que opina que sí, según revela la última encuesta a la carrera judicial hecha pública este viernes por el Consejo General del Poder Judicial.

La encuesta, elaborada por SigmaDos y con un margen de error del 2,4%, se ha realizado mediante un cuestionario remitido a los 5.390 jueces y magistrados en activo, al que contestaron 1.285 de ellos, lo que supone el 23,8% de la carrera judicial.

La opinión desfavorable sobre el traspaso de competencias a las comunidades autónomas es mayoritaria en todos los órganos judiciales, llegando al 84% en los juzgados de lo contencioso-administrativo. Además, la práctica totalidad de la carrera judicial —el 91%— se muestra convencida de que los medios con los que cuentan los jueces son diferentes según los territorios donde ejercen su función, mientras que el 52% considera que las administraciones no colaboran con el Consejo General del Poder Judicial.

En cuanto al uso de lenguas cooficiales en la administración de justicia, solo el 15% de los que trabajan en alguna de las comunidades autónomas con lengua propia dice tener dificultad en su utilización. Ese porcentaje baja al 13% en Cataluña, al 12% en la Comunidad Valenciana, al 10% en las Islas Baleares y al 5% en Galicia. Por el contrario, el 54% de los jueces y magistrados destinados en el País Vasco afirma tener dificultades en el uso del euskera, mientras que el 43% contesta que no.

Contra la corrupción

La encuesta tiene un apartado dirigido a los jueces y magistrados del orden penal en el que se les pregunta sobre 13 posibles reformas procesales, muchas concebidas para mejorar la lucha contra la corrupción.

La gran mayoría de los encuestados está a favor de la creación de unidades periciales —dependientes de los Juzgados— con competencias en materia de delincuencia económica o relacionada con la corrupción (86%) de la revisión de los privilegios —como el de declarar por escrito o en su despacho— que la Ley de Enjuiciamiento Criminal concede a determinados cargos y representantes públicos (79%), y de sustraer del ámbito del jurado popular la totalidad de los delitos de corrupción política (66%).

Los jueces también se muestran favorables a la creación de órganos con competencia provincial para la investigación de la corrupción política y económica (60%); a prohibir a los partidos políticos el ejercicio de la acción popular en los procedimientos por corrupción (60%); y a que este tipo de causas, incluidas las que afecten a aforados, sean atribuidas al juez instructor natural, sin perjuicio de que el enjuiciamiento corresponda luego al tribunal ante el que el acusado esté aforado (59%).

La única de las posibles reformas procesales que no es respaldada mayoritariamente por la carrera judicial es la instauración de la Fiscalía como directora de la investigación en combinación con el juez de garantías: el 52% de los encuestados se muestra en contra y el 41% a favor.

Además, 65% de los jueces y magistrados en activo se muestra en contra de reservar un porcentaje o cuota de los nombramientos que efectúa el CGPJ para las mujeres. Esta posición —mayoritaria en todos los tramos de edad— es también compartida por juezas y magistradas, entre las que el 52% rechaza la adopción de este tipo de medida, frente al 33% que se muestra partidaria de ella.

Además, el 72%  de los encuestados considera que no existe discriminación interna en la carrera judicial atribuible a cuestiones de género. Esta opinión es, asimismo, compartida por la mayoría de juezas y magistradas: el 57% niega la existencia de discriminación, frente al 26% que opina que sí existe. En la actualidad, las mujeres suponen el 52% de los miembros en activo de la carrera judicial.

Los datos de la encuesta señalan que tres de cada cuatro jueces y magistrados consideran que el CGPJ no defiende de manera suficiente y adecuada la independencia judicial, aunque el 50% de la carrera judicial opina también que el órgano de gobierno de los jueces no cuenta con los mecanismos adecuados para hacerlo de manera eficaz.

Por otra parte, en el apartado del sondeo dirigido a los miembros del orden jurisdiccional penal, el 9% de los jueces afirman haber sufrido presiones externas en la tramitación o el enjuiciamiento de procedimientos por delitos de corrupción. Quienes dicen haber sufrido presiones sitúan su origen en los medios de comunicación (51%), los políticos (43%) y los particulares (26%). El 67% de esos jueces y magistrados aseguran que reaccionaron a las presiones haciendo caso omiso de ellas.