El PP mantiene frente a todos su reforma del Constitucional

El PP mantendrá frente a todos los demás grupos parlamentarios su reforma del Tribunal Constitucional. Los populares aprobarán la próxima semana en el pleno del Congreso su proposición de ley sin cambiar nada de su texto inicial, a pesar de que tanto la oposición como expertos constitucionalistas han detectado errores técnicos que, por ejemplo, hacen que el presidente del Gobierno pueda ser apartado de su cargo por el tribunal sin tener en cuenta los procedimientos previsto en la Constitución.

Este miércoles ha concluido el plazo de enmiendas y el PP no ha presentado ninguna. Todos los demás grupos han presentado enmiendas de totalidad o supresión, no parciales, en las que denuncian que la reforma vulnera la Constitución. La única excepción es UPyD, que propone que la posibilidad de sancionar a quien no cumpla las sentencias recaiga en el Tribunal Supremo, con una modificación del Código Penal, lo que en la práctica supone también la enmienda de totalidad al texto del Gobierno.

"Es inaceptable la modificación de la posición institucional en la que la Constitución sitúa al Tribunal Constitucional, mediante una proposición de ley, presentada en solitario, sin diálogo previo, con una pésima redacción y pretendiendo que se alteren con su tramitación todos los procedimientos parlamentarios seguidos hasta ahora", asegura la enmienda de supresión del PSOE.

Añade que "la proposición presenta graves problemas de conformidad con la Constitución" y menciona expresamente que "podría suponer la suspensión de funciones incluso del propio presidente del Gobierno sin que se hubieran llevado a efecto los mecanismos constitucionalmente previstos para ello en las Cortes Generales".

En esta línea, Izquierda Plural asegura que "el PP pretender ejecutar una reforma encubierta de la Constitución, cambiando la propia naturaleza de la jurisdicción constitucional". Según el PNV, la reforma del Tribunal Constitucional propuesta por el Partido Popular es "innecesaria, electoralista e inconstitucional". Añade que va contra la Constitución porque "no respeta la posición procesal de los presidentes de comunidades, de otros altos cargos de su Gobierno y de miembros de su Parlamento, ya que en caso de suspensión de sus funciones corresponde, en virtud de su aforamiento, a los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad".

El texto alternativo propuesto por el grupo parlamentario de UPyD asegura que "incluye mejoras en el ordenamiento jurídico existente, de modo que se pueda hacer cumplir ley sin desnaturalizar las funciones del TC, mientras que la propuesta de reforma del PP pretende convertir al TC en un órgano pseudopenal con capacidades sancionadoras, entre ellas, la inhabilitación, algo que sólo puede imponer un juez penal, pero no el Constitucional".

Algunas de las enmiendas hacen referencia a que la reforma podría vulnerar el fueron del que gozan los miembros del Gobierno central y de los Ejecutivos autónomos. El cambio impuesto por el PP permite al Constitucional suspender a los gobernantes sin preguntar al Parlamento, lo que, según algunos expertos constitucionalistas, choca con la necesidad de pedir el suplicatorio a las Cortes antes de actuar penalmente contra un aforado.

 La enmienda del PNV asegura que es inconstitucional “porque "no respeta la posición procesal de los presidentes de comunidades, de otros altos cargos de su Gobierno y de miembros de su Parlamento ya que en caso de suspensión de sus funciones corresponde, en virtud de su aforamiento, a los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad". Critica, también, la suspensión automática prevista en la norma y recuerda que "el principio de separación de poderes es un auténtico dogma con anclaje en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y esta proposición de ley pone en entredicho el propio principio de separación de poderes".

El fuero de los miembros del Gobierno está reconocido en la Constitución y la mayoría de los Estatutos de Autonomía recogen el fuero de sus presidentes autonómicos y consejeros. Ambos textos tienen un rango jerárquico superior al de a ley orgánica que ahora ha modificado el Gobierno, lo que puede ocasionar “problemas” al aplicar la nueva norma, advierte el catedrático de Derecho Constitucional Xavier Arbós. “Tengo dudas de si la nueva ley viola el aforamiento, pero una ley orgánica no puede modificar lo que dica la Constitución o un Estatuto de Autonomía, por lo que es evidente que puede haber confrontación”.

El debate sobre los aforados es uno de los muchos que ha generado en las últimas semanas entre los juristas el texto presentado por el Gobierno. El catedrático Javier García Roca, muy crítico con el cambio en la ley, cree, sin embargo, que no viola el fuero. “El fuero es para juzgar al gobernante. Lo que va a hacer el Constitucional no es juzgar, sino suspender de sus funciones a un cargo. Es una situación previa a aquella en la que entra en uego el fuero”, señala el jurista.