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Solo cuatro comunidades permiten usar desfibriladores a los no expertos

Los cardiólogos afirman que los aparatos deben estar a disposición de cualquiera en una urgencia

Un desfibrilador instalado en una farmacia de Las Ramblas en Barcelona.
Un desfibrilador instalado en una farmacia de Las Ramblas en Barcelona.

Usted está en la cola del cine, y el señor de delante se desvanece llevándose la mano al pecho. ¿Un infarto? En una hornacina, el establecimiento tiene un desfibrilador. Usted lo coge y lo aplica. El hombre supera el infarto. Y usted puede ser sancionado. Salvo que sea un sanitario o demuestre que ha seguido una formación específica. El uso de estos aparatos está restringido a expertos en todas las comunidades menos País Vasco, Andalucía, Cataluña y, a partir de octubre, Canarias. En Madrid no se sabe: desde 2009 cuando se emitió la legislación estatal, la comunidad no ha regulado el uso de estos aparatos.

El vicesecretario de la Sociedad Española de Cardiología y presidente del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar, Ignacio Fernández Lozano, usa la palabra despenalizar para referirse a esta situación. No lo entiende. "Son aparatos muy seguros donde una voz guía los pasos. Hasta un niño de siete años sabría usarlos", dice.

La utilidad de estos aparatos es clara. "La probabilidad de sobrevivir a una parada cardiaca en la calle en España es del 5%. Como cada año se producen unas 30.000, eso quiere decir que se salvan 1.500", dice Fernández Lozano. En otros lugares, donde los desfibriladores en lugares públicos son más abundantes y más accesibles, el porcentaje es muy superior. "El 30% en Ámsterdam, y el 60% en los colegios mayores de EE UU, donde todos, alumnos y profesores, han sido entrenados", afirma el cardiólogo.

La formación es el punto clave. En el real decreto 365/2009, el Gobierno establecía que las comunidades dispondrían que los desfibriladores podrían usarlos "todas aquellas personas que estén en posesión de los conocimientos mínimos y básicos necesarios para ello". Y así lo hicieron todas las comunidades (menos Madrid, que no ha hecho nada al respecto). Pero, con posterioridad, unas cuantas lo han modificado. 

Andalucía admite que lo use cualquiera si no hay un responsable, siempre que se avise a urgencias. La razón es de peso —y aplicable a todas las comunidades—. "La aplicación de la reanimación cardiopulmonar (RCP) y desfibrilación en los primeros 3-5 minutos tras una PCR puede producir tasas de supervivencia del 49-75%. Cada minuto de retraso en la desfibrilación, se reduce la probabilidad de supervivencia hasta en un 10-12%,", afirma. No tiene sentido esperar a que llegue un experto.

Cataluña va en la misma línea. Si hay un especialista, que lo use él, pero, si no, "cualquier persona puede aplicar la desfibrilación con finalidades terapéuticas". El País Vasco afirma que "podrán ser utilizados por personal no sanitario" en contacto con urgencias. Canarias ha sido la última en decidir que hay que "facilitar el acceso público a la desfibrilación como medio para aumentar la supervivencia de la parada cardíaca".

En España hay 1,7 desfibriladores por cada 100.000 habitantes;

en Japón, 47 y en Francia, 15,7

Para Fernández Lozano, este es el camino. Con la regulación existente "se quisieron poner estupendos y han querido legislar para un mundo ideal que no funciona", afirma. "El real decreto de 2009 es un error".

El médico diferencia entre lugares cerrados que obligatoriamente tengan desfibriladores (un centro comercial, un estadio), y que deberían contar con personal especializado en su uso, y otros que pueden estar en estaciones de metro, de autobús o en un comercio por iniciativa de su dueño, que cualquiera los debería poder usar. Claro que el acceso no es el único requisito. Hace falta también tener un registro de los dispositivos disponibles, y unificar los criterios para que sean obligatorios. Según sus datos, en Japón hay 47 de estos aparatos por cada 100.000 habitantes; en Francia, 15,7; en Dinamarca, 9,26; en Alemania, 8,54, y, en España, 1,7.

Fernández Lozano insiste en que su utilización es muy sencilla (el aparato estándar tiene una locución que guía los pasos de quien lo usa, empezando por detectar si lo que ha sufrido el posible afectado es un infarto o no). Y la tecnología hace que se vaya más lejos aún. B-safe, por ejemplo, ha patentado un aparato que, además de la grabación, incorpora un sistema de revisión continua para detectar, por ejemplo, si el aparato está sin batería o con los electrodos caducados. También tiene un localizador para saber seguro dónde está. Y se conecta automáticamente con una centralita, operada por una compañía de seguros, donde un especialista puede orientar al usuario, aparte de que se encarga de aspectos como comunicar en el acto que hay un incidente, indica el director de la empresa, Nuño Azcona.

En cualquier caso, mientras la legislación se adapta a lo que opinan los especialistas, si alguien se desvanece delante de usted en la cola del cine no lo dude: use el desfibrilador. "Nunca dejaríamos que condenaran a alguien por eso. Nos echaríamos encima", zanja Fernández Lozano.