La fiscalía pide imputar en los ERE al exministro Pimentel

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación del exministro de Trabajo del PP Manuel Pimentel  en el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía. Los fiscales acusan al expolítico y empresario de malversación, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y fraude por una ayuda de 300.000 euros que recibieron en 2009 los trabajadores de su empresa Taller de Libros. Pimentel es el primer ex alto cargo del PP salpicado por el caso ERE. 

Tras la petición de Anticorrupción, ahora la juez instructora María Núñez decidirá si imputa al exministro del PP. De momento, solo antiguos responsables políticos del PSOE están acusados en la causa después de cinco años de instrucción. La fiscalía pide imputar a Pimentel por su labor como empresario, no como ministro; además, solicita a la juez que acuse a otras 24 personas entre responsables políticos, sindicalistas y empresarios vinculados a dos ayudas que suman 1,3 millones entre Taller de Libros y la firma vinculada a esta Graficromo, protagonista de un ERE en 2006 que subvencionó la Junta de Andalucía. Entre ellos, el exviceconsejero Agustín Barberá y dos directores generales de Trabajo.

Anticorrupción censura que en la subvención que atañe a Pimentel, que dejó de militar en el PP en 2003, “se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido”, lo que podría motivar una “nulidad de pleno derecho”. Los fiscales señalan que “no hay constancia alguna en el expediente” de la solicitud de la ayuda de 300.000 euros. La subvención se concedió en 2009 como ayuda a los trabajadores, pese a que Taller de Libros ya estaba en concurso de acreedores y había comenzado a liquidarse a finales del año anterior.

Pimentel ha afirmado que está “tranquilo pero también extrañado” por la petición de la fiscalía. “La ayuda la pidieron los trabajadores y fue a una cuenta suya, yo solo me reuní con el director general por petición de ellos (...) No había nada ilegal ni oscuro”, ha alegado. La petición de imputación “está traída por los pelos”, criticó, antes de afirmar que “no tiene nada que ocultar” sobre su labor al frente de la empresa cordobesa.

Anticorrupción censura el pago de las prejubilaciones de 10 trabajadores de Graficromo, empresa de la que hereda activos Taller de Libros. Según el escrito, el plan de liquidación de esta entidad “contemplaba la enajenación unitaria a favor de la sociedad” de Pimentel, constituida tres días antes. Asimismo, hubo reuniones entre empleados de Graficromo, el exministro y el Gobierno andaluz para “incorporar de forma escalonada y según necesidades a la nueva compañía a los que fueron trabajadores de Graficromo”. En su atestado, la Guardia Civil definió el papel de Pimentel como “inconcreto y difuso”. “Fue por requerimiento de las partes que negociaban la solicitud y concesión de las ayudas, el comité de empresa y las autoridades laborales”, matizaron los agentes.

La Guardia Civil ha avanzado que probablemente habrá más excargos del PP imputados por las ayudas del Ministerio de Trabajo para un ERE en la minería onubense en 2003, con Eduardo Zaplana al frente.