La reforma del Constitucional, necesaria o munición independentista

La proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional presentada este martes por el PP en el Congreso para que este organismo pueda multar e incluso suspender a los funcionarios y gobernantes que incumplan sentencias y resoluciones causa controversia entre expertos constitucionalistas. EL PAÍS ha consultado con tres constitucionalistas que ven de forma muy distinta la iniciativa. En ese abanico se pasa de alabar la "necesidad" de establecer mecanismos para que se hagan cumplir las sentencias —algo que destaca el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, Francesc de Carreras— a críticas más duras, como la de Javier García Fernández, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, que cree que terminará siendo "más munición para los independentistas".

El profesor de Derecho Constitucional, Francesc de Carreras está de acuerdo con el contenido del proyecto de ley registrado en el Congreso por el portavoz del grupo Popular, Rafael Hernando, y el candidato del PPC a las elecciones catalanas del 27 de septiembre, Xavier García Albiol. En su opinión, ve "necesario tener mecanismos que hagan cumplir sentencias". De Carreras considera que en los últimos años el incumplimiento de sentencias por parte de la Generalitat, en todos los órdenes judiciales, "ha sido una vergüenza". En ese sentido, ve oportuno que se haga un ordenamiento para llevarlo a cabo.

La vía de urgencia elegida por el PP, en el contexto de una supuesta declaración unilateral de independencia en Cataluña, evita los informes preceptivos que requieren otras leyes del Consejo de Estado y el Poder Judicial. Respecto a la forma de poner este proceso en marcha, el constitucionalista piensa que "está justificada", aunque observa "un punto electoralista que trata de dar sensación de firmeza". 

A Javier García Fernández, catedrático de Derecho Constitucional de la universidad Complutense de Madrid, "las decisiones en caliente" le parecen "poco adecuadas". Y la del PP no le parece la mejor. Aunque el PP ha comunicado al PSOE la propuesta, García Fernández mantiene que "estas cosas hay que verlas en un contexto más amplio". Si la forma le parece inadecuada, el fondo no lo ve mejor. "Me parece que se están buscando medidas muy cicateras para hacer frente al problema de la independencia", opina. El constitucionalista se muestra convencido de que la medida del PP no solo "va a tener muy poca eficacia", sino que "va a ser más munición para los independentistas".

La iniciativa, que se ha registrado por el procedimiento de urgencia para que pueda ser aprobada en lo que queda de legislatura, persigue también que el Constitucional pueda sancionar a las autoridades o personas que incumplan sus resoluciones, e incluye la posibilidad de suspenderlos en sus funciones y multas que oscilan entre los 3.000 y los 30.000 euros.

La impresión de García Fernández es que esta medida convertiría al Tribunal Constitucional en "avanzadilla política" del Gobierno, cuando existen otras vías como el artículo 155, con el que se podrían retirar "determinadas competencias de seguridad", o el Parlamento. 

Por su parte, Francisco Rubio Llorente, catedrático jubilado de la Universidad Complutense y director del departamento de Estudios Europeos del Instituto Universitario Ortega y Gasset, valora la medida del PP como "una idea lamentable y mala". "Todo lo que sea echar cargas de contenido político al Tribunal Constitucional es malo para el Tribunal Constitucional y para España", alerta.

La división de opiniones también ha aflorado en las asociaciones de jueces y fiscales. Para la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, esta es una medida "lógica", mientras que Jueces para la Democracia ha criticado la falta de consenso y reflexión para una reforma de este clado.