Política y delito

Poco después de que la Guardia Civil empezara esta mañana su operación de entrada y registro en la Fundación CatDem, de Convergencia Democrática de Cataluña, al vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, le ha faltado tiempo para entrar en el ruedo político preelectoral. Ha preguntado Casado al presidente de la Generalitat y número cuatro de la lista de Junts pel Sí, Artur Mas, si es capaz de "mirar a los ojos a sus ciudadanos sin reconocer que quien robaba a Cataluña eran los gobiernos nacionalistas de Convergencia".

Y ha ido más lejos. Casado ha exigido a Mas que "explique exactamente si es verdad que hubo comisiones del 3%" y le ha echado en cara "de cometer, por tercera vez en cinco años, la irresponsabilidad de llevar a los catalanes a las urnas". Casado denunció "una lista que es una especie de engendro, en la que no se sabe si el cuatro [Mas] va a ser el que la encabeza o el uno es el que la quiere liderar o es el cinco el que en el fondo manda". En todo caso, señaló que las del 27-S "son unas elecciones en las que quieren dividir a la sociedad catalana".

La explotación política, la fusión entre política y delito, a dos semanas del 11 de septiembre, fecha de la Diada y del inicio de la campaña de las elecciones autonómicas del 27-S, pues, fue instantánea. Desde CDC y de la Generalitat, a su vez, se ha denunciado la operación como un "espectáculo mediático" cuyo objetivo es perjudicar al partido en las próximas elecciones.

El cruce de diatribas se desarrollaba mientras la Guardia Civil continuaba la operación con una entrada en la sede de Convergencia, en la calle Córcega, para registrar el despacho de Andreu Viloca, tesorero de la citada fundación, y en cuatro ayuntamientos: Sant Cugat, Figueres, Sant Celoni y Lloret de Mar. Al tiempo, se registraba el domicilio de Daniel Osácar, extesorero de Convergencia, y se intervenían en la sede del partido sus correos electrónicos. Osácar ya está acusado en el caso Palau. La Fiscalía Anticorrupción pide para el extesorero 6 años de prisión por delitos de blanqueo de capitales y falsedad y un año y medio por tráfico de influencias

La operación ha sido realizada por la Guardia Civil como parte de la investigación que lleva adelante el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de El Vendrell, Tarragona.

La información disponible vincula estas entradas y registros, en busca, en ciertos casos, de contratos identificados previamente, a la línea de investigación iniciada en junio de 2014 sobre una operación en la alcaldía de Torredembarra, en Tarragona, y más recientemente, con la detención el pasado 23 de julio de Jordi Sumarroca, exconsejero delegado de la empresa Teyco. En un registro en el domicilio de Sumarroca la Guardia Civil pudo intervenir una serie de notas manuscritas en las que se apuntaría el pago de comisiones del 3% al parecer relacionadas con obras públicas.

El 3% que en el Parlament el entonces president Pasqual Maragall denunciara en 2005, echándose atrás en pocos minutos tras la respuesta de Mas.

Ha pasado desde dicho hallazgo de las notas algo menos de un mes. Por tanto, a priori, parece un periodo razonable para hacer averiguaciones y ampliar la investigación, si fuese necesario, con nuevos registros. Fuentes de la Guardia Civil señalan que, en efecto, es lo que ha ocurrido después de contrastar datos del registro en el domicilio de Sumarroca.

Bien.

Pero el hecho de que esta operación tenga lugar en el umbral de la campaña de las elecciones autonómicas ha proyectado un contenido político inevitable.

¿Inevitable?

Sí. Porque ya en 2010 y 2012, cuando se aproximaban las elecciones autonómicas celebradas el 28 y 25 de noviembre, respectivamente, los temas penales adquirían el protagonismo.

Sobre todo, el gran despliegue tuvo lugar en 2012 cuando la deriva soberanista ya era más patente. El 29 de octubre de aquel año, dos superpolicías se desplazan a Barcelona. Son el responsable de Asuntos Internos, el comisario Marcelino Martín Blas Aranda, y el ex responsable de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) y director en aquellos días del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), José Luis Olivera.

Ambos citan a los dos fiscales anticorrupción de Barcelona Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo para describir lo que será una nueva una "unidad especializada" en investigaciones de asuntos de corrupción. Con todo, la reunión tiene otro objetivo: nuevas diligencias de investigación del caso Palau. Los dos comisarios aseguran tener información de confidentes y denunciantes anónimos que permitía retomar la investigación del presunto enriquecimiento de dirigentes de Convergencia Democrática de Cataluña, así como de la financiación ilegal del partido.

Y proponen, al margen del juzgado de Barcelona y del juez Josep María Pijuán que lleva el caso, el registro del domicilio del tesorero de Convergència, Daniel Osácar, y de la sede del partido nacionalista. Los fiscales ven la información muy endeble y consideran la propuesta como una "operación paralela" o "extrajudicial".

Veinte días más tarde, la Policía filtra a la prensa un presunto informe de la UDEF cuya existencia los propios responsables de la citada entidad niegan. Dicho documento evoca a los fiscales anticorrupción de Barcelona algunos de los comentarios e indicios apuntados por los comisarios De Blas y Olivera en el encuentro del 29 de octubre. En paralelo, Jorge Moragas, director de gabinete de Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa, insta en aquellos días, el 20 de noviembre de 2012, a una antigua compañera de colegio, María Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, hijo de Jordi Pujol i Soley, a dar una entrevista a algún medio de comunicación para contar actividades presuntamente ilícitas de su antiguo amante.

Casi tres años después de estos hechos, la Guardia Civil ha registrado la sede de la fundación, el despacho del tesorero de la fundación en la sede de CDC, y el domicilio del tesorero Daniel Osacar.

Esos objetivos de hace tres años se han materializado ahora a partir de pruebas cuya pista se remonta no a aquellos informes de confidentes -entre ellos el único conocido es el financiero convicto Javier de la Rosa - que invocaban Olivera y De Blas. No. Se trata de la investigación de junio de 2014 en el ayuntamiento tarraconense de Torredembarra. Y sobre todo del registro en el domicilio de Sumarroca, el pasado mes de julio.

Pero tanto la operación extrajudicial propuesta en octubre de 2012 como el borrador de la UDEF y la investigación inútil sobre su origen, así como las gestiones de Moragas, ampliamente publicitadas, junto con el antecedente de las conversaciones entre Alicia Sánchez Camacho y María Victoria Álvarez, grabadas en julio de 2010, en el restaurante La Camarga, crearon un estado de alarma entre los ciudadanos sobre la existencia de guerras sucias paralelas, ajustes de cuentas y, sobre todo, utilización de los servicios de seguridad para fines políticos desde la cúpula del Ministerio del Interior.

Que operaciones como la de la Guardia Civil, con autorización judicial, tengan una proyección política en una situación como la actual en Cataluña es algo natural.

Estas operaciones son conocidas de antemano por el Gobierno.

Precisamente, tras la incursión de los policías ya citada en Cataluña en octubre y noviembre de 2012, pero por motivos distintos, tuvo lugar un interesante debate en el Congreso de los Diputados durante la comparecencia del director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, el 12 de diciembre de 2012.

La historia arranca de una circular en la que, con fecha 19 de abril de 2012, se decía lo siguiente: "Se recuerda a todas las unidades que por orden del teniente general Director Adjunto Operativo se debe remitir antes de las once horas de cada miércoles y hasta nueva orden una breve reseña de las operaciones que vayan a entrar en explotación la semana siguiente indicando los siguientes extremos: nombre de operación y unidad participantes; concepto de la operación y fecha previsible; número previsible de detenidos e implicados; registro de inmuebles que se prevea practicar; posibles implicaciones de cargos públicos, de personas y de registros sedes oficiales. Asimismo también se comunicarán estos extremos respecto a aquellas operaciones que encontrándose en fase de operación, presenten novedades relevantes. Significándose que el incumplimiento de los referidos plazos y formas establecidos se entenderá, en todo caso, como OMITIDOS". Firmado: el teniente coronel jefe de Operaciones, Francisco J. Sualdea Martín.

Habida cuenta que esta orden no existía hasta entonces y del hecho de que estamentos de la Guardia Civil expresaron sus críticas a la circular, la diputada Ana Oramas, del grupo mixto, leyó el texto, considerándolo un tema, según dijo, "gravísimo", y preguntó por esta circular.

Fernández de Mesa dijo: "Las órdenes de las operaciones son las que son y las conoce naturalmente el mando de operaciones, el director adjunto operativo... ¡Claro que las conocen! Las conocen para saber qué operaciones se van a explotar durante la semana. ¿Qué tiene de extraño eso? ¿Cuando se van a enterar? ¿El mismo día que se producen? La cadena de mando tiene que saber perfectamente qué es lo que tiene establecido para los siguientes episodios que se van a explotar de semana en semana..."

Bien.

Está por ver qué indicios y pruebas salen de los registros. Pero llama la atención que Casado no sepa o no recuerde lo que ocurrió un 20 de diciembre de 2013. No hace mucho pues. Durante catorce horas una comisión judicial enviada por el juez Pablo Ruz a la sede del PP en Génova 13, precisamente por el incumplimiento de dicho partido a cumplimentar lo que se le pedía, entró con pagos en negro de las obras de rehabilitación por valor de 800.000 euros, según consta en la contabilidad B o Papeles de Bárcenas, y salió con pruebas para elevar a 1,5 millones esos pagos en B, según consta en los autos de transformación y de apertura de juicio oral dictados por los jueces Pablo Ruz y José de la Mata, respectivamente.