Una juez pide a Morenés el informe que desclasificó el Gobierno

La titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 12, Patricia Moncada, ha instado al ministro de Defensa, Pedro Morenés, a que "se den las órdenes oportunas" para que se le remita el informe de seguridad en vuelo del accidente de un caza F-5 el 2 de noviembre de 2012. La petición debería ser innecesaria pues dicho informe, que era secreto, fue desclasificado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de abril, pero la juez alega que el documento que ha recibido está incompleto.

En una decisión sin precedentes bajo el mandato de Mariano Rajoy, el Gobierno decidió, en contra del criterio del Ejército del Aire, desclasificar el informe sobre el accidente que se produjo durante un vuelo de instrucción en la base de Talavera la Real (Badajoz). Y lo hizo, según el acuerdo del Consejo de Ministros, "con carácter excepcional", teniendo en cuenta que en el siniestro murió el comandante-instructor Ángel Álvarez Raigada y resultó con lesiones gravísimas el alférez-alumno Sergio Santamaría.

En consecuencia, acordó que se entregase a la juez "la documentación solicitada" sobre las "actuaciones de seguridad de vuelo", con los "datos y análisis del accidente", así como "el estudio y las valoraciones" del mismo y las "recomendaciones" de cara al futuro. Incluso se advirtió a la juez para que otorgase a esta documentación "el mayor grado de protección y reserva".

Sin embargo, lo que el Estado Mayor del Ejército del Aire remitió al juzgado fue un documento de solo seis folios con recomendaciones genéricas para evitar que un accidente similar pueda repetirse. Ninguna evaluación de las causas y circunstancias que lo motivaron, ninguna explicación de los datos —declaración de testigos, estudios técnicos— que llevaron a esas conclusiones.

La acusación particular, que representa al alférez-alumno, denunció que la documentación estaba incompleta, ya que ni siquiera aclaraba lo que motivó la petición de desclasificación: las declaraciones que hizo el año pasado el coronel jefe del Ala 23 del Ejército del Aire, según el cual “del informe de seguridad en vuelo [...] no se deduce negligencia” en el accidente del F-5.

La juez reclamó al Estado Mayor del Aire el expediente completo pero éste, en un insólito tira y afloja, le respondió que ya le había remitido todo lo que fue desclasificado por el Gobierno.

La acusación particular ha pedido que se aperciba a la cúpula del Ejército del Aire por su falta de colaboración con la Justicia, pues ni siquiera ha enviado los estudios previos que aparecen citados en las recomendaciones finales y sin los cuales éstas no pueden entenderse.

Auto del tribunal militar

La juez, sin embargo, ha preferido dirigirse directamente a Morenés para que sea éste quien ordene al Estado Mayor que cumpla el mandato del Consejo de Ministros, aunque se ha encontrado con un recurso de queja del Abogado del Estado, quien alega que la entrega de esta documentación podría poner en riesgo las investigaciones de seguridad de la Fuerza Aérea. Sorprendentemente, se trata del mismo argumento que empleó para oponerse a la desclasificación y que ya rechazó de plano el Tribunal Militar Territorial Primero en un auto en el que advertía de que el informe secreto era una “prueba relevante y necesaria” para la investigación judicial.

Hasta ahora, ni el auto de un tribunal ni el acuerdo del Gobierno han bastado para que la justicia pueda acceder a ella.