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La burbuja sagrada de las Diputaciones

Los grandes partidos se resisten a tocar los entes provinciales mientras A Coruña y Pontevedra intentan deshacerse de granjas, colegios o museos que desbordan sus competencias

Finca Mouriscade en el ayuntamiento de Lalín, una granja de vacas que la Diputación de Pontevedra quiere traspasar.
Finca Mouriscade en el ayuntamiento de Lalín, una granja de vacas que la Diputación de Pontevedra quiere traspasar.

La “pasión por el toro” fue la motivación técnica que la Diputación de Castellón esgrimió para montar en 1997 una escuela de tauromaquia, un servicio de difícil encaje entre sus competencias con el que también cuenta el organismo provincial de Toledo. Unos años después, aún en tiempos de embriaguez presupuestaria, la Diputación de Ourense se lanzó a abrir un hipódromo, ahora de gestión privada, y la de Teruel impulsó un hotel de lujo que languidece en el abandono. Frente a este variopinto catálogo de infraestructuras pagadas con dinero público que en muchos casos han sobrevivido a la gran recesión, los nuevos gobiernos provinciales de A Coruña y Pontevedra, de PSOE y BNG, han pactado un plan de adelgazamiento de estas Administraciones para quedarse solo con aquellas infraestructuras propias de las competencias que les otorga la ley. El proyecto, que también incluye medidas para acabar con el “clientelismo” en el reparto de subvenciones, contrasta con las reticencias de PP y PSOE en el resto de España a tocar estas entidades creadas en el siglo XIX, que han sido siempre caudalosas fuentes de poder para los dos partidos.

Las Diputaciones de A Coruña y Pontevedra negociarán con la Xunta del popular Alberto Núñez Feijóo el traspaso de colegios, granjas, museos, teatros, centros de menores, carreteras, laboratorios, parques de bomberos y hasta una escuela de enfermería. Los socialistas gallegos defienden el plan por la necesidad de “reformar” unos organismos que en vez de ayudar a los Ayuntamientos pequeños y medianos como establecen las leyes se han usado “para hacer oposición política”, mientras que el BNG lo considera un primer paso para la desaparición de unas entidades “propias de otra época, duplicadoras o triplicadoras de competencias y que responden a un modelo de organización territorial ajeno a la realidad gallega”.

El 70% del presupuesto se esfuma solo en gasto corriente

S. V.

Son los números los primeros que ponen en duda la eficacia de las Diputaciones. La mayor parte de su presupuesto se esfuma en ciertos casos solo con el pago de los gastos corrientes.

Según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre las cuentas de este mismo año, la Diputación Provincial de Castellón destina a su funcionamiento más básico casi el 75% de los 123 millones de euros de su presupuesto. El gasto corriente de la Diputación de Ourense, cuyo expresidente José Luis Baltar (PP) fue condenado por enchufar trabajadores, supone el 70% de los 75 millones de los que dispone y de ellos sólo en nóminas de personal consume más de 26 millones. El peso del gasto corriente también es enorme en los organismos provinciales de Toledo, Jaen, León, Almería, Lugo y Badajoz, donde oscila entre el 65% y el 70%. Las Administraciones citadas han sido gestionadas en los últimos años tanto por los populares como por los socialistas.

Izquierda Unida, Podemos y Ciudadanos son más favorables a eliminar estas instituciones. El portavoz de IU en el Congreso, José Luis Centella, abogó el pasado junio por eiminar estos entes porque funcionan como "una segunda cámara de colocación" y sus competencias pueden ser traspasadas a los gobierno autonómicos y locales. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha manifestado que las Diputaciones “se han revelado en sí mismas como organismos superfluos y prescindibles”, aunque la formación no ha aclarado todavía como deberían repartirse sus atribuciones. Ciudadanos aboga por eliminar estas entidades para compensar una bajada de todos los tramos del IRPF.

La socialista Carmela Silva acaba de tomar posesión como presidenta de la Diputación de Pontevedra después de 32 años de gobiernos del PP, entre ellos el encabezado por Mariano Rajoy entre 1983 y 1986. Cuenta la exportavoz del PSOE en el Senado que en el Palacio Provincial se ha encontrado con que el 20% de la dotación presupuestaria de los planes “era de libre disposición del presidente”, una prerrogativa que solo en obras suponía manejar seis millones de euros. “Hay que romper con el clientelismo”, propugna Silva. “Pese a que los Ayuntamientos tienen las competencias en servicios deportivos, las Diputaciones prestan el mismo servicio pero no para mejorarlo, sino para hacer oposición política y electoralista”.

El acuerdo de gobierno entre PSOE y BNG en estas dos Diputaciones incluye cambios para “democratizar” estas instituciones. Ambos partidos prometen eliminar las partidas de uso discrecional por parte de los presidentes provinciales y limitar “a un máximo del 5% las subvenciones nominativas o excepcionales”. “El modelo tal y como está no vale. Hay que ir a un sistema en el que las mayores inversiones vayan directamente a los Ayuntamientos, con criterios objetivos y transparentes, para que ellos decidan en qué gastarlos”, explica Goretti Sanmartín, vicepresidenta de la Diputación de A Coruña por el BNG, el partido nacionalista que condicionó su apoyo al PSOE en estas Administraciones a cambio de medidas que conviertan el organismo en una “ventanilla” que esté “al servicio de los municipios, fundamentalmente de los pequeños y medianos”.

El plan para vaciar las Diputaciones de A Coruña y Pontevedra de infraestructuras ajenas a sus competencias ha sido recibido con reservas por la Xunta, a quien correspondería hacerse cargo del grueso de los equipamientos. El Gobierno gallego “escuchará las propuestas” de los presidentes socialistas de estos organismos pero fuentes oficiales lanzan una advertencia: “Habrá también que analizar qué competencias impropias está prestando la Xunta y cuáles deberían prestar las Diputaciones y no están haciendo, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”.

Mientras desde Pontevedra Carmela Silva propugna un cambio en las Diputaciones para que cumplan la encomienda que les otorga la Constitución y las leyes, en el PSOE el futuro de estas instituciones es un debate aún abierto e inmerso en una disparidad de opiniones. Según fuentes de la dirección socialista, la propuesta final se abordará en octubre cuando se celebre la Conferencia Política en la que se discutirá el borrador del programa electoral para las generales. Desde la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, pasando por la de Joaquín Almunia y ahora por la de Pedro Sánchez, la posibilidad de suprimir estos organismos siempre ha estado latente en el partido sin que se haya dado ningún paso.

En el PP, sin embargo, se hace una defensa cerrada de la existencia de estas instituciones. Los populares consideran que la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que se aprobó el Gobierno de Rajoy en 2013 es suficiente para eliminar duplicidades y garantizar la eficacia. Según fuentes de la dirección nacional, “falta aprobar una financiación pero se ha abierto el camino”. Para los populares, estas instituciones son democráticas y necesarias “para atender a muchos municipios que por sí solos no pueden dar ciertos servicios”.

Mientras los partidos dirimen el debate sobre los organismos provinciales, la Diputación de Ourense acaba de anunciar la construcción de un parque temático dedicado al ganado en una granja de su propiedad. Su presidente, José Manuel Baltar (PP), que heredó este gobierno de su padre, está dispuesto a gastar 1,2 millones.

Con información aportada por Anabel Díez y Francesco Manetto

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