La oposición andaluza mantiene la ofensiva pese al cese de la directora

No es suficiente. El cese de la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asensio, tras ser imputada el pasado viernes por presunta prevaricación en la adjudicación para la explotación de las Minas de Aznalcóllar (Sevilla) no ha contentado a la oposición en el Parlamento andaluz. El líder del Partido Popular en Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha planteado este martes que volverá a exigir que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, comparezca ante el Parlamento para dar explicaciones de la adjudicación. “Estamos ante la punta del iceberg de un gran escándalo del Gobierno de Susana Díaz. Quedan en evidencia sus palabras de que el proceso fue impecable. Se hizo de manera precipitada y en plena campaña electoral”, ha dicho Moreno Bonilla, quien defendió que fue un proceso “cargado de irregularidades”.

Podemos, el segundo partido con mayor representación en la oposición, ha visto en la destitución el “reconocimiento explícito de que el Gobierno de Susana Díaz es incapaz de gestionar desde la solvencia y la transparencia”, según consideró el presidente del grupo parlamentario de Podemos en Andalucía, José Luis Serrano, quien criticó que la Junta haya intentado desvincular la corrupción de este caso al limitar la causa a errores administrativos.

Para IU, que ya cuestionó el pasado febrero la adjudicación de la mina, este cese llega “muy tarde”. “La destitución tendría que haberse producido antes. Incluso ahora no le resta gravedad a un asunto que va a traer cola”, ha considerado Antonio Valero, responsable de organización del partido, que ha matizado que la situación es “especialmente gravosa” al tratarse de una cuestión que puede llegar a generar 1.500 empleos en la comarca.

Los dos partidos que han valorado el cese han sido Ciudadanos y el PSOE. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha declarado que la destitución responde al pacto anticorrupción que su partido firmó con el PSOE, en el que se incluía que ningún imputado podía mantener su puesto como alto cargo de la Administración. El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ha negado esta relación al defender que la medida estaba incluida en el programa socialista desde noviembre de 2014 en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este martes en Sevilla, donde también aprovechó para destacar la confianza del Gobierno andaluz en la legalidad del trabajo realizado por Asensio durante la ocupación de su cargo y la defensa de los colegios profesionales y las empresas vinculadas a la minería por su "buena gestión" en su puesto.

“De momento no habrá una persona que le sustituya en su cargo hasta que culmine el proceso judicial en el que está implicada”, ha detallado el portavoz de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, tras anunciar el cese, por lo que la subdirectora del departamento asumirá las tareas de dirección que requiera la oficina. La Junta dejará de cubrir el puesto a la espera de las comparecencias judiciales, que se celebrarán el próximo 17 de septiembre, según ha indicado la juez de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, que lleva el caso. Jiménez Barrios, ha garantizado no obstante que “no habrá vacío de poder” mientras se resuelve la cuestión judicial. “La consejería tiene equipo suficiente para continuar el trabajo”, ha asegurado el vicepresidente, quien ha destacado que la ya exdirectora ha recibido el apoyo y la defensa de los colegios profesionales y las empresas vinculadas a la minería por su “buena gestión” en su puesto.

Septiembre se sitúa entonces como un punto de inflexión para esclarecer el futuro de la mina, cuya apertura está paralizada por orden de la presidenta de la Junta después que de la juez de Instrucción 3 de Sevilla, Francisca Fernández, emitiese un auto el pasado mayo en el que reprochó a la Administración que concediera la reapertura de la mina mediante un concurso público sin "el más mínimo rigor", pese a que allí se produjo un vertido tóxico en 1998. Este cierre ha supuesto que los empleados que tenían previsto comenzar a trabajar en la mina tras la adjudicación, queden sin trabajo. Para reclamar la apertura varios centenares de personas se manifestaron este lunes en Aznalcóllar bajo el lema “Por la reapertura de la mina ¡Ya!”. Una protesta convocada por el sindicato CC OO a la que se sumó el alcalde de la localidad, Juan José Fernández Garrido.

Pero el comienzo de la actividad bajo tierra sigue sin conocerse y así lo ha ratificado hoy Jiménez Barrios. "Es razonable y comprensible que los trabajadores y el alcalde de la localidad esperen la apertura de la mina en la mayor brevedad, nosotros también lo queremos. Pero estamos sujetos a la legalidad, sujetos a los procedimientos y desde eso vamos a actuar para intentar agilizar una solución definitiva.