Premio a una arrepentida en Palma: de cárcel a multa de 2.520 euros

La Fiscalía ha reducido este martes a 2.520 euros, de los siete años de prisión iniciales, su petición de pena contra Coloma Castañer (Unió Mallorquina, UM), ex secretaria general de la Consejería de Cooperación del Consell de Mallorca. Castañer está acusada por Anticorrupción de cometer delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude junto a Cati Julve, exconsejera del mismo ente, y dos empresarios. Por el contrario, el fiscal Juan Carrau mantiene los siete años de cárcel para Julve.

La imputación de ambas implicadas giró sobre episodios de supuesto amiguismo desde el Consell de Mallorca, en 2005 y 2006: dos compras de 2.500 sillas de plástico para Ayuntamientos y un contrato de control de puntos verdes de basuras recompensado con pagos de 9.000 euros al mes a un empresario del entorno del partido. El vendedor de los muebles también era de la formación mallorquina. En total, los pagos realizados con dinero público superarían los 550.000 euros.

Este es un episodio habitual del expartido de UM, aliado del PP y de la izquierda alternativamente, que estalló por sus escándalos en 2010. Ochos líderes del partido cumplen condena en Palma de Mallorca, entre ellos Maria Antònia Munar, expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlamento balear.

La diferencia entre las posibles penas para Julve y Castañer —todavía ha de dictarse sentencia— radica en las circunstancias penales atenuantes que la Fiscalía Anticorrupción reconoce en la segunda. A Castañer se la considera "arrepentida" porque confesó los delitos por escrito y en la vista y reparó con 25.000 euros el daño causado al Consell.

El abogado de Julve, Gabriel Garcías, —que intentó pactar, pero no cuajó la negociación— cargó contra "la dignidad" de la coimputada Castañer y el valor de las declaraciones de los arrepentidos que perjudican al resto de implicados tras verse premiados. Citó la sustanciosa rebaja de siete años a uno (sustituible por la multa).

Garcías indicó que Cati Julve ha sido tratada por Anticorrupción "con el mismo rasero" que otros cargos de su formación, "un partido [no nombró, UM] que no goza de la mejor fama". Julve asumió el contrato que había comprometido su antecesor en la consejería y que falleció, Miquel Riera, líder de ALA y que fue alcalde de Manacor siendo él el único edil electo del grupo.

Julve, que no está acusada de obtener beneficio personal, pasó por la política y tras su implicación en este caso, conocido como Cloaca, y el estallido por los escándalos y detenciones de UM, no volvió al periodismo local, ni al gabinete de prensa del hospital donde había trabajado. Ahora trabaja como técnico de riesgos laborales en una mutua y tiene la mitad de la casa hipotecada y el sueldo embargado, según resaltó su abogado.