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Unió Mallorquina se disuelve en medio de una avalancha de casos de corrupción

Horas después de anunciar la fundación de un nuevo partido, Convergència per les Illes Balears, la Fiscalía solicita a la ex UM una fianza civil de 1,6 millones de euros por su responsabilidad en los desfalcos. - El cambio de nombre llega después de la detención de otros dos ex altos cargos.

Cuanto más empeño pone Unió Mallorquina (UM) en el intento de desprenderse de su imagen de partido corrompido, más se hunde. Después de que dos ex altos cargos y figuras públicas de UM visitaran este lunes el calabozo de los juzgados por supuestos delitos de corrupción, el partido bisagra creado en 1983 decidió en la noche del lunes disolverse y transformarse en Convergència per les Illes Balears para presentarse a las elecciones del 22 de mayo. Cambio de nombre, de sede y de directiva. UM intenta emular a su partido hermano en Cataluña, Convergència Democràtica, aunque parece que su andadura no comienza demasiado bien: unas horas después de disolver el antiguo partido por considerar que las siglas están "criminalizadas y estigmatizadas", el presidente de la nueva formación, Josep Melià, ha debido comparecer en los juzgados junto con el secretario general, Joan Monjo, para recoger una citación judicial como representante legal del partido. La Fiscalía anticorrupción ha solicitado a UM que abone una fianza civil de 1,6 millones de euros en tanto que responsable de los desfalcos cometidos por sus cargos.

Unas horas antes habían sido detenidos Cristina Cerdó -ex teniente de alcalde de Palma en alianza con el PSOE desde 2007 hasta febrero de 2010- y Mateu Cañellas -ex consejero de Deportes del Gobierno de Baleares del socialista Francesc Antich en el mismo período-. Para la primera Efe informa que el juez ha dictado una orden de prisión eludible con una fianza de 300.000 euros; Cañellas ha quedado en libertad sin medidas cautelares. Ambos han sido imputados por malversación de fondos públicos y falsedad fruto de su supuesta implicación en el caso Picnic. Desde antes de las elecciones de 2007, Cerdó y Cañellas -considerados en su día posible recambio de Maria Antònia Munar y Miquel Nadal, expresidentes del partido y ahora imputados también por corrupción- controlaron Sa Xarxa (La Red, en catalán), un operativo para infiltrar a UM en el tejido social mediante la captación de militantes y eventuales votantes sirviéndose de los presupuestos de las instituciones y de empresas contratistas.

En el Ayuntamiento de Palma se pagaron durante casi tres años hasta 12 nóminas cada mes a "informadores medioambientales" colocados por Unió Mallorquina que invitaron a excursiones, con dinero público, a unos 3.000 ciudadanos. En el Consell de Mallorca, entre 2003 y 2007, cuando UM era aliado del PP, se ejecutó el mismo plan, que se investiga en otra causa penal.

Petición de prisión

La avalancha de varapalos judiciales contra UM no se ha detenido ahí. Las agencias de noticias han confirmado esta madrugada que el juez accedió a la petición de la Fiscalía y ordenó el ingreso en prisión eludible mediante una fianza de 100.000 euros para la antigua responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma y ex número cuatro de UM en Palma, Paula Cortés, después de que pasara tres días en comisaría. Otros cargos intermedios y empresarios del entorno de UM han sido detenidos: 12 en total.

A estos escándalos hay que añadirles que un juez y dos fiscales anticorrupción registraron la sede central de Unió Mallorquina en Palma el viernes, hecho tildado anoche por Josep Melià, de "innecesario" y de "espectáculo" que "mediatiza" el "proceso democrático" de las elecciones. Sobre los detenidos y un ex secretario general de UM, Tomeu Vicens, preso con condena por malversación, Josep Melià afirmó que su partido condena el clientelismo y considera la corrupción "una lacra a eliminar", por lo que espera "que la Justicia ejecute lo que deba".

Tras la eclosión de este escándalo, anoche El PP de Palma responsabilizó a la alcaldesa Calvo por haber gobernado con UM y aprobado la contratación de los informadores medioambientales. "No soy cómplice de una actuación corrupta", replicó la edil Calvo, que recordó que su grupo rompió el pacto y auditó la gestión de su exsocio. IU formuló la denuncia del caso tras una auditoría externa.