El Supremo anula la condena a Idioa Martínez por matar a un militar

El Tribunal Supremo ha absuelto a la etarra Idoia Martínez García, alias Alba, a la que la Audiencia Nacional había condenado en enero a 30 años de cárcel por su participación el 23 de mayo de 1994 en el atentado con bomba lapa en el que murió el teniente del Ejército Miguel Peralta Utrera. El alto tribunal ha estimado el recurso de la etarra y ha anulado la condena porque estaba basada exclusivamente en las declaraciones ante la Policía de otro etarra imputado, Mikel Azurmendi.

La sala de lo Penal toma esta decisión después de que el pasado 3 junio acordara en un pleno no jurisdiccional que no se considerarán pruebas válidas los atestados policiales no corroborados en sede judicial. La sentencia afirma que, al prescindir de dicha declaración, no hay prueba de cargo de que Idoia Martínez García colocase la bomba lapa en el vehículo del teniente asesinado, ni de que participara en el robo del coche en el que los autores se dieron a la fuga.

Tampoco hay prueba, según los jueces, sobre la realización de labores logísticas ni de que perteneciera al núcleo duro operativo del comando Madrid al menos a finales de mayo de 1994. Recuerdan que, por este mismo motivo, también fue absuelto por estos hechos Arri Pascual, el 23 de diciembre de 2004, en una sentencia dictada por la misma sección de la Audiencia Nacional que condenó a Idoia Martínez.

El militar, de 47 años, casado y con cuatro hijos, trabajaba en el cuartel de Ingenieros. La mañana del atentado llevó a una de sus hijas al instituto y viajó en el vehículo desde su domicilio, situado en la calle Lineo de Madrid, hacia el cuartel de Ingenieros. En el kilómetro seis de la carretera de Extremadura (N-V), al frenar para tomar un desvío hacia la carretera de Boadilla, el mecanismo de la bomba se activó. La deflagración causó la muerte instantánea del teniente Peralta y lesiones a otros dos conductores que circulaban por la misma vía.

La Audiencia consideró probado que fue Idoia Martínez la integrante del comando Madrid que colocó el artefacto bajo el asiento del conductor minutos antes de que el teniente saliera de su casa. La condena de la Audiencia se basó fundamentalmente en la declaración ante la policía de su compañero de comando Mikel Azurmendi, quien ante el juez de instrucción se desdijo alegando que había sido objeto de torturas.

Pero el cambio reciente de doctrina del Supremo impide, según los jueces, mantener la condena. La Sala de lo Penal pasa en la sentencia la evolución de su jurisprudencia sobre el valor de las declaraciones realizadas en sede policial que culminó con el acuerdo, adoptado en un pleno el 3 de junio de 2015, que establece que "las declaraciones ante los funcionarios policiales no tienen valor probatorio". La sentencia destaca que en el estado actual de su jurisprudencia "no es posible fundamentar una sentencia condenatoria (…) con el exclusivo apoyo en una declaración policial en la que el imputado reconozca su participación y, menos aún, cuando tal declaración policial provenga de un coimputado que reconociendo, o no, su participación, implique a otra persona en la comisión de los hechos".

La sala entiende que es necesario que existan datos externos a la versión del coimputado que corroboren su declaración no en cualquier punto, sino en relación a la participación en los hechos de Idioa Martínez. La etarra, detenida en 1999 y extraditada a España en 2003, seguirá en prisión al estar cumpliendo otras condenas previas.