Zarrías usa en su defensa el informe sobre el marido de Santamaría

El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías ha utilizado los argumentos incluidos en un informe de la Abogacía del Estado sobre la vicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santamaría y su marido, trabajador de Telefónica, para negar que los ex altos cargos andaluces cometieran prevaricación en la causa que investiga los ERE fraudulentos.

En un escrito registrado ante el Tribunal Supremo, la defensa de Zarrías se adhiere al recurso presentado por el abogado de José Antonio Griñán e incorpora un informe de los servicios jurídicos del Estado en el que se defiende que Saénz de Santamaría no debe inhibirse en la aprobación de proyectos de ley que afecten a la compañía en la que trabaja su marido. La tesis de la Abogacía es que los proyectos de ley no son “resoluciones administrativas”, sino propuestas que se convierten en resoluciones cuando las aprueba el Parlamento.

El escrito de Zarrías sostiene que esta situación es idéntica a la que ha servido de base al instructor de los ERE en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, para imputarle a él y a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Una de las claves de la imputación es que aprobaron, como miembros del Consejo de Gobierno, los proyectos de Presupuesto en los que se incluían las partidas destinadas a las ayudas a empresas. Según la defensa de Zarrías, la explicación de la Abogacía del Estado prueba que ni su cliente ni ningún otro miembro del Consejo de Gobierno prevaricó al aprobar los proyectos de ley de Presupuestos.

El informe que cita el letrado, Gonzalo Martínez Fresneda, lo elaboró la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado en respuesta a una consulta sobre si la vicepresidenta debía inhibirse cuando el Consejo de Ministros aprobara proyectos de ley relacionados con Telefónica, empresa en la que su marido, Iván Rosa Vallejo, es asesor jurídico.

Según la Abogacía del Estado, Santamaría no tiene que inhibirse porque es “obvio” que en el hecho de remitir un proyecto de ley al Parlamento no hay ninguna resolución definitiva de la Administración. “Como se puede comprobar, la tesis del instructor es contraria y aun opuesta radicalmente a lo que la Abogacía del Estado tiene por obvio y claro”, advierte la defensa de Zarrías.