El PP evita anticipar su respuesta política y jurídica en Cataluña

En el Gobierno y el PP aseguran que tienen engrasados y al día los "instrumentos y herramientas" jurídicas suficientes para responder en su momento a los desafíos y hechos que se planteen desde la Generalitat o el Parlamento de Cataluña "pero no a las declaraciones". El Ejecutivo rechaza anticipar más respuestas futuras ante decretos, leyes o actuaciones de un hipotético gobierno catalán separatista. El PP, además, vive un momento de gran confusión con su candidatura política y su estrategia a seguir en la campaña electoral catalana.

El Comité de Dirección del PP, que presidió de nuevo Mariano Rajoy, discutió este lunes ampliamente la situación en Cataluña. Pero ni se aprobó en el Comité Electoral Nacional la nominación de Alicia Sánchez Camacho como candidata a las elecciones previstas para el 27 de septiembre ni se cerró ningún acto de proclamación este sábado en Barcelona. Ese asunto está aparcado hasta nueva orden del jefe. Los portavoces del partido y del Ejecutivo consultados no ven ninguna razón para dudar de que Camacho será finalmente la cabeza de cartel, pese a los malos pronósticos que auguran todas las encuestas y pese a las voces internas que impulsan allí algún cambio, pero tampoco se atreven a descartar que puedan provocarse novedades. Todo lo dejan en manos de Rajoy, que sobre ese asunto no ha emitido ninguna pista.

La estrategia política del PP, que el Gobierno avala, se limita por ahora a denunciar con todo tipo de datos y argumentos que el ejecutivo catalán de Artur Mas ha descuidado, olvidado, marginado o desperdiciado todas las políticas que podrían beneficiar la vida normal de los ciudadanos por centrarse exclusivamente en su agenda independentista. Y, luego, esperar a ver qué sucede en las urnas, qué resultado tiene la lista unitaria de CDC y ERC, a cuántos escaños se queda de los 68 que dan la mayoría absoluta, y qué tipo de gobierno se forma.

En el Gobierno, mientras tanto, se limitan a reafirmar que todos sus resortes están preparados para actuar. Lo volvió a repetir este lunes el ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuando aseguró que tiene "las herramientas suficientes para actuar en algún momento". Catalá, además, también ha aclarado que apenas se puede hacer ahora algo más porque no está siquiera promulgado el decreto de convocatoria de esas elecciones. Y avanzó que si alguna medida infringe la ley se plantearán los recursos ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

En La Moncloa se agarran a esa formalidad para asegurar que el Gobierno no puede ni debe hacer ni decir nada sobre "política ficción" hasta que ocurran cosas que denominan "hechos o decisiones jurídicas". El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, lo admitió sin contemplaciones: "El Gobierno no va a dar ni una sola información sobre nada que no haya pasado porque no se pueden presentar recursos o respuestas a declaraciones políticas sino a decisiones jurídicas". Y añadió: "El Gobierno guarda sus respuestas a las incógnitas que se puedan plantear pero defenderá el orden constitucional".