Los juzgados tienen inmovilizados más de 3.000 millones de euros

En los juzgados españoles hay inmovilizados más de 3.000 millones de euros a la espera de una resolución. Este dinero corresponde a fianzas y otros depósitos que se ingresan en cuentas bancarias en un momento del procedimiento para garantizar, por ejemplo, el pago al afectado en el caso de que se dictara una condena. Los fondos están inmovilizados hasta que no haya una sentencia firme que determine si las cantidades deben devolverse a su propietario original o se utilizan para el pago de indemnizaciones, multas o costas procesales.

En 2014 se consignaron en los juzgados españoles 8.449 millones de euros, pero también se devolvieron depósitos por valor de 7.823 millones. En diciembre, el año terminó con un total de 3.969 millones de euros inmovilizados en las cuentas bancarias de los juzgados, según los datos de la estadística anual del Consejo General del Poder Judicial. Las cifras fluctúan, pero el saldo medio diario de estas cuentas es desde hace años superior a los 3.000 millones de euros, según la cifra aportada por el Poder Judicial.

El órgano de gobierno de los jueces considera que esta cantidad es en parte consecuencia de la lentitud de la justicia y pide reformas que contribuyan a acelerar las resoluciones. Con un sistema judicial más ágil, este dinero podría volver al circuito económico en beneficio de los particulares y de las arcas públicas, advierte el órgano de gobierno de los jueces en una nota difundida tras la intervención de su presidente, Carlos Lesmes, en un desayuno informativo. 

En las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales se ingresan las cantidades correspondientes a fianzas de libertad, embargos, ingresos por subastas, importe de multas y otros pagos en favor del Estado (abandono de cantidades, herencias sin testamento, dinero ocupado en operaciones contra el narcotráfico, cantidades por costas, etc. También se consignan en estas cuentas las fianzas civiles que los jueces imponen a los imputados para garantizar que hacen frente al pago de los daños causados, como ocurre con los implicados en casos de corrupción como el extesorero del Luis Bárcenas, el exministro Rodrigo Rato o los imputados en el caso de los ERE de Andalucía. Los procesos mercantiles son los que mayor cantidad de depósitos realizan de manera que, la demora en la resolución de los litigios, puede llegar a provocar que una empresa quiebre cuando tiene cantidades inmovilizadas con las que podría mantener su producción.

Esas cuentas las gestiona el Banco Santander, que en noviembre del año pasado ganó el concurso convocado por el Ministerio de Justicia para la gestión de las cuentas de consignaciones judiciales durante los próximos cuatro años. Según los datos aportados entonces por el Gobierno, el Tesoro Público recibe por ellas más de 100 millones de euros al año en concepto de intereses remunerados.

En diciembre de 2014, eran los juzgados de la Comunidad de Madrid, con un saldo de 1.400 millones, los que más dinero tenían consignados, seguidos de los de Andalucía (487.793 euros). Entre 2010 y 2013, la horquilla del saldo medio de los tribunales se movió también siempre entre 2.907 euros (en diciembre de 2012) y 3.420 (en el mismo mes de 2013).

Aunque Lesmes no aludió a este dato, sí urgió a reformar el sistema para hacerlo más ágil, lo que, en su opinión mejoraría también “la confianza” de los ciudadanos y de los agentes económicos en la justicia. El presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial puso como ejemplo de la importancia que para la economía española tiene la correcta aplicación de recursos a la justicia, los planes de refuerzo puestos en marcha en 2006 en el Tribunal Supremo para la agilización de asuntos contencioso-tributarios, que en los años siguientes permitió que la Agencia Tributaria recaudara más de 1.200 millones, una cifra muy superior al coste de los citados planes de refuerzo (de alrededor de un millón de euros).

Durante su intervención de este lunes, Lesmes ha pedido también atribuir la investigación penal a la Fiscalía para agilizar las causas de corrupción. El sistema actual, en el que un solo juez instructor está al frente de sumarios con miles de folios genera un “importantísimo obstáculo” para una ágil instrucción de los casos sobre delitos de corrupción, ha advertido el presidente del Poder Judicial, que ha subrayado que en las últimas legislaturas ha habido una “coincidencia muy alta” en el diagnóstico sobre el modelo de instrucción en España ya que por esta vía abogaron tanto el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, como el gabinete de Mariano Rajoy, pero ninguno se decidió a cambiarlo. “Tenemos problemas para ejecutar esas metas", afirmó el presidente del órgano de gobierno de los jueces.