El dilema de Rajoy

Mariano Rajoy fue preguntado ayer por los periodistas sobre si convocaría elecciones generales para el mes de diciembre. “Todo es posible”, se limitó a responder el presidente del Gobierno.

Rajoy deberá anunciar en las próximas semanas su calendario electoral, una decisión con trascendencia política para el futuro, en las medidas que se puedan aprobar y en la estrategia de todos sus oponentes. Él no ha aclarado nada hasta ahora, pero ha dado a entender que no quiere adelantar al mes de septiembre y su anuncio de aprobar los Presupuestos da impresión de que pretende, no solo agotar, sino ir más allá de los cuatro años, hasta llegar al 13 de diciembre.

Estos son los escenarios con pros y contras sobre los que tendrá que tendrá que decidir:

27 de septiembre.

El presidente recibe presiones para hacer coincidir las generales con las autonómicas catalanas. Quienes defienden esta opción sostienen que es una forma de hacer frente a esas elecciones y al desafío soberanista.

Entienden que daría impresión de fortaleza y diluiría el carácter plebiscitario de los comicios de Artur Mas.

El principal inconveniente es que no garantiza un buen resultado constitucionalista y, sobre todo, haría imposible la aprobación de los Presupuestos y la práctica totalidad de las 47 leyes en trámite en las Cortes. Por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la del sector ferroviario, la de régimen jurídico de las administraciones públicas y, sobre todo los Presupuestos.

La convocatoria debería ser sobre el 4 de agosto (siempre 54 días antes de las elecciones) por lo que ni siquiera daría tiempo casi de llevar el proyecto de Presupuestos a las Cortes. Agosto sería mes de campaña electoral. A esos argumentos se suma otro desde el jueves: no daría tiempo a que se percibiera en las nóminas la bajada del IRPF anunciada por Rajoy.

Además, la estrategia del PP frente a Mas es, precisamente, que las elecciones no deben anticiparse. Para Rajoy la estabilidad es un valor importante y, por eso, lo utilizó como argumento contra Susana Díaz cuando la presidenta andaluza anticipó las elecciones.

Las presiones sobre Rajoy vienen desde distintos sectores que, por ejemplo, consideran que cogería a sus rivales a contrapié. A favor de descartar esta opción está la forma de actuar habitual del presidente, poco dado a los riesgos y, además, habitualmente los anticipos electorales han salido muy mal siempre en España, aunque en este caso sería solo de dos meses.

22 o 29 de noviembre.

Ya no sería un adelanto electoral aunque, técnicamente, habría que convocar antes de final de mandato. De hecho, en España siempre se ha convocado antes de acabar los mandatos, aunque no fueran técnicamente anticipos electorales.

El decreto de convocatoria sería publicado los últimos diez días de septiembre. No habría Presupuestos y quedarían a mitad de tramitación, haciendo inútil el esfuerzo de enviarlos a las Cortes en julio. Sí se podrían aprobar el resto de leyes en trámite.

La campaña electoral se celebraría al calor de los resultados en Cataluña, es decir, se focalizaría en la estabilidad, el freno al soberanismo y la necesidad de gobiernos fuertes, siempre según el análisis del PP.

El nuevo Gobierno no estaría constituido hasta finales de diciembre o principios de enero, es decir, sin tiempo de tomar decisiones para revalorizar pensiones para el 1 de enero.

Daría tiempo a que los ciudadanos percibieran en varias nóminas la reducción del IRPF anunciada por Rajoy.

13 de diciembre.

Es la fecha más probable y encajaría la aprobación de Presupuestos anunciada por el presidente. La convocatoria sería el 20 de octubre, con tiempo suficiente de aprobar los Presupuestos. Con ello, Rajoy se garantizaría que si logra gobernar con mayoría relativa tras las elecciones, tendría las cuentas aprobadas. Aunque para pactar un gobierno necesitara acordar medidas sería más fácil hacerlo con los Presupuestos hechos.

El Gobierno no estaría constituido hasta mediados de enero como mínimo y si no los dejara hechos no podría haber nuevos Presupuestos casi hasta abril. Para Rajoy el mensaje de estabilidad a los mercados es fundamental y de esta forma lo garantizaría. Para eso, en julio debe presentarse el proyecto y en agosto debe hacerse el trámite complejo de las cuentas en el Congreso, con algunas dificultades de infraestructura y de funcionamiento.

El presidente considera que necesita tiempo para remontar las encuestas y que le ayudará el ejercicio del poder de los nuevos ayuntamientos y comunidades que, según su pronóstico, serán convulsos y ayudarán a su estrategia del voto del orden.

Su tesis es que las nuevas opciones políticas (Podemos y Ciudadanos) tenderán a desinflarse con el paso del tiempo y su gestión en las instituciones.

En palabras del veterano diputado del PP Eugenio Nasarre, “a estas alturas ayudan más los errores ajenos que los aciertos propios”. En todo caso, con esta opción se percibiría la bajada del IRPF y Rajoy está convencido de que la situación económica mejorará aún más.

Legalmente, la fecha tope para las elecciones es el 27 de diciembre, pero por razones obvias el 13 parece más razonable.