Granados avisa: “Los imputados del espionaje pueden decir la verdad”

José Oreja Sánchez, guardia civil imputado en el caso del espionaje político pagado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid, ha pedido a la juez que incorpore al sumario la grabación de la reunión que mantuvo en 2012 con el que fue consejero de Interior, Francisco Granados, hoy encarcelado por el escándalo de corrupción conocido como caso Púnica.

En aquella cita, según relata Oreja, el dirigente del PP  intentó tranquilizar a los tres guardias civiles con los que se reunió, todos imputados desde 2009 por el supuesto espionaje político a adversarios dentro del PP de la presidenta Esperanza Aguirre. "Nos dijo que el tema judicial no iba a ir a ningún sitio. Que la juez sabía perfectamente lo que pasaba aquí, que a él no le podía imputar y que en su caso le llamaría como testigo", señala Oreja."Granados también nos dijo que cuando se fue de la Comunidad de Madrid [no renovó como consejero y fue destituido como secretario general del PP-Madrid] le dijo a Esperanza Aguirre que los tres guardias civiles [imputados por el espionaje político] podían decir la verdad".

La juez tardó todavía dos años en citar a Granados como testigo. Lo hizo porque José Oreja pidió declarar por segunda vez para confesar que su jefe directo, Sergio Gamón, director general de Seguridad Ciudadana, le ordenó a el y a otros dos guardias civiles hacer seguimientos ilegales a políticos y que Granados lo sabía. El exconsejero lo negó cuando declaró como testigo en el juzgado.

Entre abril y mayo de 2008, tres guardias civiles, fichados a dedo por Granados, a las órdenes de un policía, Sergio Gamón, contratado por Esperanza Aguirre pues era marido de una de sus secretarias, siguieron de la mañana a la noche al entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, en sus actividades públicas y en su vida privada, según un informe policial encargado por la juez.

De esos seguimientos dejaron constancia los supuestos espías en unos partes mecanografiados que daban cuenta de los lugares que habían visitado o de las personas con las que habían estado ambos políticos. En aquellos meses, tanto Cobo como Prada apoyaban la continuidad de Rajoy al frente del PP mientas que Aguirre coqueteaba con la posibilidad de disputar el liderazgo del partido.

En su escrito, el guardia civil José Oreja detalla a la juez otras afirmaciones del exconsejero Granados: "Nos dijo que Salvador Victoria, que en aquel momento era el jefe de la asesoría jurídica de la Comunidad de Madrid, sabía todo lo que pasaba aquí, y que a efectos de continuar en el trabajo no iba a tener ningún problema con Victoria porque era el mejor que se lo sabía". Oreja también asegura que la grabación demostrará como Granados culpa a Enrique Barón, nombrado director general de Seguridad en sustitución de Gamón, de filtrar el escándalo del espionaje político al diario EL PAÍS.

En el mismo escrito dirigido a la juez, el abogado de José Oreja señala que tiene pruebas de que su cliente fue amenazado antes de que prestase declaración ante la juez el 18 de diciembre de 2012: "Sufrí presiones para no declarar o declarar que no recordaba nada. De lo anterior ostento prueba para su demostración si fuera necesario".

El empleado de la Comunidad de Madrid José Manuel Pinto, también imputado como presunto autor de la letra manuscrita que aparece en los partes del espionaje, no participó en los seguimientos pero asegura que también fue amenazado por quien era su jefe Sergio Gamón. "Se presentó en mi domicilio para convencerme de que no declarase negativamente en contra del señor Castaño o del señor Granados porque desde la Comunidad de Madrid me iban a ayudar".

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a la instructora del caso que siga con el procedimiento. La juez, que ha querido archivar tres veces la causa, ha citado a todos los imputados el próximo viernes en el juzgado para una audiencia preliminar antes de dictar el auto de apertura del juicio oral con jurado en el que habrá seis imputados, ninguno de ellos cargo político de la Comunidad de Madrid.