Un estatuto pendiente

La Agencia Tributaria cumplirá 25 años el próximo diciembre. Durante ese tiempo ha contado con una docena de directores generales. El cálculo es fácil: de media, cada responsable de la institución ha tenido un mandato de dos años. Un periodo demasiado corto para desplegar planes estratégicos y actuaciones eficaces.

Con estas circunstancias no es extraño que España sea uno de los países europeos con una mayor tasa de economía sumergida. Diferentes estudios sitúan en torno al 20% del PIB el volumen del fraude en España. La inestabilidad en la cúpula de la Agencia no es el elemento principal, pero contribuye a esa vergonzosa estadística. Gestionar el dinero que el Estado obtiene de los ciudadanos para pagar los servicios públicos es un acto de política. Como también lo es hurgar en las dobleces de la economía para aflorar los impuestos escamoteados.

Cada cambio en la dirección de la Agencia llegó acompañado de una catarata de nombramientos de cargos de libre designación, ascensos y cambios de destino. Estos vaivenes han provocado que en la última década se haya producido, de media, un ascenso cada dos días. Casi todos de los cerca de 1.400 inspectores de Hacienda de la Agencia han pasado por algún puesto de responsabilidad, algo inédito en otros cuerpos del Estado.

La institución está configurada con un sistema piramidal, con una cúpula directiva formada por una veintena de altos cargos. A partir de ahí se eligen los jefes de grupo, delegación, áreas... Estos últimos son nombrados con criterios de confianza, amistad o afinidad personal. El 40% de los inspectores pertenece a estos cargos de libre designación. Aunque la mayoría de los funcionarios asegura que nunca ha recibido presiones, sí admiten que hay cierta politización. No con actuaciones concretas, sino con el nombramiento de miembros de la dirección o la interpretación de normas.

Por eso los inspectores han reclamado con insistencia un estatuto de la Agencia Tributaria que regule, entre otras cosas, los nombramientos. Piden que se fijen criterios técnicos y basados en los méritos y en el currículo para definir la estructura de la institución.De esta forma, se diluirían las sospechas de que, en ocasiones, la política pesa más en la Agencia que la lucha contra el fraude fiscal.