El Congreso pide más seguridad ferroviaria pero barata tras Angrois

La red ferroviaria española es segura, pero aún lo puede ser más y sería deseable que el coste de sus mejoras se adecue al volumen de tráfico de cada línea. Esas son algunas de las conclusiones en materia de seguridad que ha aprobado esta mañana la subcomisión de análisis del sistema ferroviario creada en el Congreso de los Diputados después del accidente de tren de Angrois, en Santiago, en el que hace casi dos años, el 24 de julio de 2013, murieron 79 personas y otras 150 resultaron heridas.

Tras el siniestro, PP y PSOE se han venido negando a crear una comisión de investigación política, como piden las víctimas y otros grupos parlamentarios, alegando que hay una instrucción judicial en curso. Apoyaron en cambio la creación de esta subcomisión parlamentaria de análisis general del sistema ferroviario, al tiempo que el Ministerio de Fomento impulsó una comisión paralela de carácter científico-técnico. Hace más de un año que esos expertos emitieron sus conclusiones y recomendaron la revisión urgente de las medidas de seguridad de toda la red ferroviaria, algo que ya ha venido haciendo el ministerio desde el momento del accidente de Angrois. Pero si aquella comisión técnica no mencionaba ni una sola vez en su informe el siniestro por el que fue creada, ahora la comisión política sí lo hace. Y aunque los parlamentario se remiten a ese informe previo de los expertos para la mayoría de las cuestiones técnicas, insisten especialmente en prestar más atención a los factores humanos y organizacionales a la hora de analizar la seguridad, y no solo a los tecnológicos.

En el accidente de Santiago, el maquinista del tren Alvia, actualmente único imputado, circulaba despistado y no frenó a tiempo antes de la curva de Angrois tras recibir una llamada del interventor del tren sin que hubiese activo, ni en las vías ni a bordo, ningún sistema de seguridad que evitase o paliase ese error humano. Varios peritos de la causa han apuntado que Adif no analizó el riesgo que supusieron las decisiones tomadas en 2010 y 2012, respectivamente, de no instalar en la curva el sistema de control constante de la velocidad (ERTMS) propio del AVE y de desactivarlo luego a bordo del tren. Adif y Renfe insisten en que esas decisiones no incumplieron ninguna normativa.

Tras 39 comparecencias de expertos desde noviembre de 2013, la subcomisión parlamentaria apuesta, entre otras cuestiones, por considerar las grandes infraestructuras ferroviarias como proyectos de Estado, al margen del ciclo político. El Congreso reclama terminar cuanto antes las líneas de AVE ya planificadas, pero también pide adecuar sus prestaciones, incluidas las de seguridad, y por tanto su coste, al volumen de tráfico previsto. Sobre la liberalización del transporte de viajeros, el Congreso pide acometerla de forma gradual y controlada, en línea con las dudas sobre su efectividad expresadas en su momento por la comisión científico-técnica.

Durante la sesión en la que esta mañana se ha aprobado el informe, el diputado popular Andrés Ayala destacó la seguridad del sistema ferroviario español y el alto nivel de consenso en las conclusiones alcanzadas. “Es un sistema seguro”, dijo, pero añadió que “la seguridad absoluta no existe, y por lo tanto siempre será mejorable”. Por el PSOE, el diputado Rafael Simancas aseguró que “tenemos un sistema seguro”, destacando que España es el país con más kilómetros de sistema ERTMS activo, pero admitiendo que “hay margen siempre para mejorar”. Simancas también reconoció que “la planificación del AVE en nuestro país ha sido mejorable”, con “desequilibrios” entre esas altas prestaciones y los servicios de cercanías y mercancías. El Grupo Mixto se abstuvo en la votación final del informe, aunque agradeciendo la inclusión en él de gran parte de sus enmiendas, algunas esta misma mañana. “Con una gran parte de este informe estamos de acuerdo”, aseguró la diputada del BNG Rosana Pérez.