Viera prefiere el Supremo a quedarse en manos de la juez Alaya

José Antonio Viera justificó este viernes su negativa a entregar el acta de diputado en la defensa de sus “intereses personales” como imputado. La renuncia al cargo tiene implicaciones en su defensa que Viera considera que le perjudican. El exconsejero de Empleo citó ayer la primera: “Lo que no voy a hacer es que no pueda presentar un recurso a la sala del Supremo”, dijo Viera en referencia a su intención de registrar un escrito de alegaciones para que la sala enmiende la resolución del juez.

 Los aforados entienden que la inculpación no es firme mientras la sala no la canalice, por lo que consideran que la entrega del acta debería posponerse hasta entonces. Pero, además, el exconsejero puede entender que es mejor para su defensa que la causa esté en el Supremo a que se traslade a Sevilla, al menos mientras no se aclare qué juez va a estar al frente de los ERE en la capital andaluza.

El temor de Viera es que la instrucción quede en manos de Mercedes Alaya y que esta le tome declaración y le envíe a prisión preventiva, como hizo con el que fuera su viceconsejero y sucesor en Empleo, Antonio Fernández. Aunque las fuentes consultadas cuestionan que la juez pueda decretar ahora esta medida cautelar (pensada para evitar riesgo de fuga y destrucción de pruebas), no lo descartan. Alaya podría además imponer una fianza civil millonaria como ha hecho con otros imputados que supusiera para Viera el embargo de sus bienes.

Otra de las claves para su defensa es la posibilidad de alegar la prescripción de los delitos que se le imputan. Viera dejó de ser consejero en abril de 2004 y Alaya no le implica en la causa hasta el verano de 2014. Es decir, más de 10 años después de que hubiera dejado el cargo, el límite que marca la prescripción de la prevaricación y la malversación. Esta caducidad se amplía a 15 años para los casos “de especial gravedad”. Viera puede considerar que, en este punto, el Supremo es más “garantista”, señalan fuentes consultadas.

Del futuro jurídico de Viera dependerá, probablemente, el de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Gaspar Zarrías. Aunque dejen de estar aforados, si el exconsejero de Empleo mantiene el fuero, el Supremo puede alegar la conexión de los delitos que se imputan a uno y otro para mantener la investigación de los cuatro, como ya hizo Alberto Jorge Barreiro en su auto del pasado jueves sobre Griñán, que ya no es aforado. No obstante, los abogados consideran que es la sala y no el instructor la que debe decir a qué instancia corresponde la investigación.