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El Supremo anula el indulto al presidente de la UD Las Palmas

Justicia rebajó la pena por delito ambiental al empresario canario en contra de juez y fiscal

Miguel Ángel Ramírez, hace un año ante su pajarera declarada ilegal. Ampliar foto
Miguel Ángel Ramírez, hace un año ante su pajarera declarada ilegal.

El Tribunal Supremo ha anulado el indulto que el Gobierno del PP concedió en 2013 a Miguel Ángel Ramírez, empresario de la seguridad y presidente de la UD Las Palmas. Ramírez fue condenado a tres años de cárcel por hacer obras ilegalmente en su chalé, situado en un paraje protegido a las afueras de Las Palmas. En contra del juez y del fiscal del caso, Justicia le indultó a cambio de que demoliera las obras. Tras un recurso de Ecologistas en Acción, el Supremo revoca el perdón por un defecto de forma: el ministerio no pidió informe preceptivo a la Audiencia de Las Palmas, que fue el tribunal que endureció la primera condena. El empresario destaca que solo es un defecto de forma atribuible al ministerio y subsanable.

Miguel Ángel Ramírez, de 46 años, es un hombre poderoso y conocido en Canarias. De origen humilde, cuenta con orgullo cómo comenzó limpiando el sudor del parqué de los jugadores de baloncesto del Gran Canaria y cuidando sus los coches. Tras varios negocios montó una empresa de Seguridad, el Grupo Ralons (por Ramírez Alonso) que controla buena parte de la seguridad en las islas y que en los últimos años ha saltado a la Península. Desde 2005 preside además la UD Las Palmas.

En 2004 compró una finca a las afueras de Las Palmas llamada La Milagrosa. Está en un valle protegido que los alisos mantienen siempre verde. Era un suelo rústico de protección ambiental y allí “con total desprecio a la ordenación legal del terreno promovió la realización de diversas obras no autorizadas y en ningún caso autorizables”, según la sentencia que le condenó después. Ramírez levantó un estanque de 400 metros cuadrados, dos aparcamientos, una nueva vía, muros y una pajarera con “la tala de múltiples árboles”.

Por esas obras un juzgado de Las Palmas le condenó en 2010 a tres años de cárcel. La fiscalía recurrió y, en julio de 2011, la Audiencia Provincial endureció la condena. Incluyó que Ramírez debía “demoler las obras ilegalmente ejecutadas”.

El Tribunal da la razón a Ecologistas en Acción porque no se pidió informe a la Audiencia

Esa demolición y su ingreso en prisión quedó suspendido a la espera de que el Gobierno decidiera sobre el indulto que Ramírez había solicitado. Tanto la juez del caso como el fiscal se opusieron a la medida de gracia, al considerar que no había arrepentimiento y que no había demolido nada.

Dio igual. El 31 de octubre de 2013, Justicia le indultó parcialmente y rebajó su condena a dos años, lo que no lleva aparejado ingreso en prisión, a cambio de que demoliera lo construido. El ministro era entonces Alberto Ruiz-Gallardón. Solo el 6% de los 690 indultos concedidos por el Gobierno en los dos años previos contaban con informes contrarios de juez y fiscal.

Solo 10 días después de que el Boletín Oficial del Estado publicara el indulto, el ministro de Industria, José Manuel Soria, acudió junto a Ramírez a la inauguración de su nuevo negocio, un concesionario de BMW en la isla. “Es el concepto más puro de emprendedor que yo conozco”, dijo de él Soria.

Ramírez alega que ya ha demolido y que una sentencia posterior del contencioso le da la razón

En los últimos años, Ramírez ha ganado multitud de contratos de seguridad. Solo el año de su indulto obtuvo contratos con la Tesorería General de la Seguridad Social (2,4 millones), el Ministerio de Defensa (745.000 euros), Metro de Madrid (23,1 millones). En 2014 la fiscalía se querelló contra él por fraude fiscal, un caso que sigue en instrucción.

Ramírez ( derecha) inaugura junto al ministro Soria su concesionario BMW. ampliar foto
Ramírez ( derecha) inaugura junto al ministro Soria su concesionario BMW.

Ecologistas en Acción recurrió ante el Supremo la concesión del indulto. La ONG alegó que no había exigencia de “razones de equidad, justicia o utilidad pública” para el indulto y que Justicia no explicó “la conveniencia de la medida de gracia y los motivos por los que el condenado se hacía merecedor de la rebaja de la pena, cuando todos los consultados lo desaconsejan de forma rotunda e inequívoca”. También señalaba que en el expediente faltaba el informe de la Audiencia Provincial.

En una sentencia del pasado 8 de junio hecha pública el miércoles, la sección sexta de lo contencioso del Tribunal Supremo anula el perdón. No entra en el fondo del asunto, sino que falla que Justicia cometió un error en la tramitación. Al pedir informe al tribunal sentenciador, el ministerio lo hizo solo al juzgado que le había condenado en primera instancia, no a la Audiencia Provincial, que endureció la condena.

Según el fallo, “es este último órgano judicial el que ha de emitir el informe, por encontrarse en mejores condiciones para dictaminar si procede conmutar total o parcialmente la pena que él impuso y sobre la que finalmente versa la solicitud de gracia”. Su informe es preceptivo aunque no vinculante.

Justicia ahora tramitará de nuevo el indulto solicitando la opinión de la Audiencia Provincial, según un portavoz del ministerio.

Ramírez afirmó por teléfono que el fallo “no tiene mayor problema. Falta que haga el informe la Audiencia Provincial y ya está”. Añade que una sentencia posterior de lo contencioso le da la razón al declarar que las obras eran legales. Este segura que ya ha pagado la multa y demolido lo construido legalmente, por lo que espera recibir ahora un indulto total. Con el reciente ascenso de la UD Las Palmas a Primera, Ramírez acaba de ver cumplido su sueño de sentarse como presidente en el palco del Santiago Bernabéu.

Juan Manuel López, abogado de Ecologistas en Acción, se mostró satisfecho del fallo del Supremo: "El Gobierno puede resolver los indultos pero tienen que estar bien hechos". Ahora comienza la tramitación de nuevo pero López avisa: "El suelo sigue siendo protegido e igual el próximo Gobierno decide no indultarlo".

La sentencia incluye el voto particular de dos magistrados que consideran que el recurso no debió admitirse a trámite. Inés Huerta u Diego córdoba consideran que Ecologistas en Acción “no tiene la condición de afectada/ofendida por el delito” y que aunque tengo como fin en sus estatutos la defensa del medio ambiente, solo podría impugnar el indulto si hubiera sido parte en el proceso penal por las obras en el chalé.

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