Oleguer Pujol

El fiscal pide interrogar ocho meses después a Oleguer Pujol

El juez Pedraz investiga desde octubre de 2014 al hijo del expresidente catalán

Ocho meses después de que el juez Santiago Pedraz, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ordenase detener por unas horas y registrar los domicilios y despachos de Oleguer Pujol, hijo del expresidente catalán, y del que fue su socio, Luis Iglesias, el ministerio público pidió este martes que se les cite a declarar como imputados. Del escándalo de aquella operación, un supuesto blanqueo de capitales en un negocio de 3.000 millones de euros, quedan informes de la Agencia Tributaria y de la policía que apuntan delitos fiscales por cantidades mucho menores.

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La investigación abierta al hijo menor de los Pujol y a su socio Luis Iglesias ponía bajo sospecha operaciones de intermediación para la compraventa de activos inmobiliarios al Banco de Santander, al grupo Prisa, editor del diario EL PAÍS, y a Bankia, entre otros, por valor de 3.000 millones. La información que la policía puso en manos de la Fiscalía Anticorrupción el pasado verano, y que se convirtió en denuncia ante la Audiencia Nacional contra decenas de personas, entre ellas Pujol e Iglesias, apuntaba posibles delitos fiscales y de blanqueo de capitales. La policía llegó a señalar incluso que Pujol e Iglesias eran propietarios de todos esos inmuebles comprados en España desde 2007 y que el origen del dinero podrían ser comisiones ilegales cobradas por el expresidente catalán Jordi Pujol.

La información aportada por las defensas de Pujol e Iglesias acreditó que los propietarios reales de los inmuebles comprados al Banco de Santander, al Grupo Prisa o a Bankia, eran fondos institucionales y sociedades de inversión extranjeras. Oleguer Pujol tenía, según esa información, apenas un 0,04% (un millón de euros) del total de la inversión.

El juez pidió diversos informes a la Agencia Tributaria y a la policía sobre las operaciones inmobiliarias y el historial fiscal de Pujol e Iglesias. La Agencia Tributaria, en informes provisionales, apuntó la posible existencia de delitos —una cuota defraudada superior a 120.000 euros— al no declarar a Hacienda ingresos recibidos por Pujol e Iglesias, como propietarios de la empresa Drago Capital, por intermediación y asesoramiento. Esos informes son la base de la fiscalía para pedir al juez la citación como imputados de Pujol e Iglesias. La fiscalía pide que se archive la causa contra tres personas, entre ellas la mujer de Iglesias, y pone en duda el futuro de otros denunciados: “Debe estarse al resultado del análisis de la documentación intervenida en su momento”.

Iglesias se defendió este martes: “Todas las actividades y operaciones de Drago Capital así como la procedencia de los fondos se atienen a la más absoluta legalidad. En relación con mi situación fiscal por haber tributado en Reino Unido en 2007 y 2008, he presentado un certificado de residencia emitido por la autoridad tributaria británica para demostrar mi inocencia”.

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