Cospedal deja amarrada la ‘ley Wert’ en Castilla-La Mancha

Los socialistas se quejan de que el PP deja "hipotecada y maniatada" la Junta

El ministro Wert camina junto a Dolores de Cospedal en un acto sobre educación en junio de 2013.
El ministro Wert camina junto a Dolores de Cospedal en un acto sobre educación en junio de 2013. Luis Sevillano

El PP, que gobierna en funciones Castilla-La Mancha, ha dejado atada la aplicación de la reforma educativa en esta comunidad al publicar los currículos de Secundaria y Bachillerato. El PSOE, que presidirá la región gracias a Podemos, ha acusado este lunes al PP de dejar "hipotecada y maniatada" la Junta con decretos aprobados en funciones. Cristina Maestre, portavoz del PSOE, ha puesto como ejemplo la declaración como "interés regional" de la recalificación de 862 hectáreas en Hellín (Albacete). Maestre ha afirmado que revisarán "con lupa" los expedientes.

El PSOE maneja un listado con 35 decretos y resoluciones que el Gobierno de María Dolores de Cospedal (PP) ha aprobado desde las elecciones autonómicas, en las que los populares perdieron la mayoría absoluta. Maestre ha lamentado que en muchos casos son "concesiones multimillonarias", como la gestión de depuradoras por más de 30 millones.

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El último ejemplo que citan es la aprobación del decreto autonómico que adapta los currículos de Secundaria y Bachillerato a la reforma educativa. El PSOE intenta estos días que se convoque una conferencia sectorial con el Ministerio de Educación —la reunión de los consejeros con el ministro— para intentar frenar la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

"Queremos que se ralentice la puesta en marcha porque faltan pocos meses para las elecciones generales y hay una mayoría de partidos que quieren derogar la LOMCE", señala la diputada regional Blanca Fernández (PSOE). "Es una locura aprobar el currículo en pleno abandono del barco”, añade. Una portavoz de la Consejería de Educación en funciones justifica que la tramitación ha seguido los "plazos habituales" tras el dictamen consultivo y su aprobación por el Consejo de Gobierno regional el 15 de junio. Castilla-La Mancha es una de las cinco comunidades en las que se prevé un traspaso de poder y en las que han aprobado el decreto estando en funciones. Las otras son Valencia, Aragón, Extremadura y Cantabria. Baleares, que también cambiará de manos, lo hizo antes de las elecciones.

El currículo de Castilla recoge las reválidas externas, establece que se fomenten, entre otros valores, "la prevención del terrorismo y el rechazo a la violencia terrorista" e incluye entre las materias de libre configuración autonómica la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.

Minimizar los efectos

El PSOE castellanomanchego estudiará con los servicios jurídicos la posibilidad de "minimizar" los efectos del decreto. "No vamos a hacer nada ilegal y con lo que se nos pueda calificar de insumisos", según Fernández. "La segunda línea roja es no hacer nada que ponga en peligro la titulación de los alumnos".

Entre las decisiones tomadas en el "tiempo de descuento", según Maestre, figura también la culminación del proceso por el que 862 hectáreas de secano de Hellín se han transformado en regadío. La Junta declaró el viernes de "interés regional" esta recalificación para que los propietarios de estas tierras puedan acceder a 2,4 hectómetros cúbicos de agua. Este proceso está envuelto en la polémica porque entre los propietarios beneficiados por este cambio figuran la diputada nacional del PP Maravillas Falcón y su familia.

Este cambio legal "es muy sospechoso", según Maestre. La dirigente del PSOE ha afirmado que mirarán con "lupa" el decreto. "Si es de dudosa legalidad o ética, lo intentaremos revertir", ha añadido Maestre. Lo que más ha llamado la atención al PSOE es la "premura" y las "formas". "Es muy cantoso", sostiene Maestre.

La declaración como "interés regional" de la recalificación de las 862 hectáreas de secano a regadío era un paso imprescindible para que se pueda consumar la llegada de esos 2,4 hectómetros cúbicos de agua a estos terrenos, propiedad de varias mercantiles, entre las que figura la de la diputada Falcón. Los pequeños regantes de la zona —353 propietarios— mantienen recurrida la concesión de ese agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura.

También estando en funciones, la Junta ha dado varios pasos en favor del almacén de residuos nucleares previsto en Villar de Cañas (Cuenca). El PSOE y Podemos firmaron antes de las elecciones una declaración por la que se comprometían a intentar frenar esta instalación. El 28 de mayo, la Junta informó favorablemente del plan urbanístico de Villar de Cañas, donde se contempla la instalación del almacén nuclear. Y el viernes pasado la comisión provincial de Urbanismo aprobó este plan.

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