Las sanciones a manifestantes suben en 2014 pese a disminuir las protestas

Las cifras del Gobierno evidencian un cambio de tendencia en las calles españolas: las manifestaciones disminuyeron en 2014. Según los datos ofrecidos por el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria, el número de protestas se redujo hasta las 40.825 el pasado año (35.780 comunicadas y 5.045 no comunicadas a las autoridades), frente a las 44.427 que se registraron en 2013 (38.240 y 6.187, respectivamente). Esta diferencia implica una caída de las movilizaciones del 9% en apenas un año y contrasta con el aumento, mientras tanto, de las sanciones impuestas por la participación en estas concentraciones, que se elevaron un 17% en el mismo periodo.

La administración ha castigado en 2014 a 604 personas "por su participación en manifestaciones", frente a las 516 de 2013: 568 multas fueron impuestas el pasado año a los organizadores y promotores; 18 a quienes se negaron a disolverse; y 18 por la celebración de reuniones en lugares de tránsito público con graves consecuencias. Todo ello, siempre en base a las cifras que aporta el Ejecutivo en su respuesta parlamentaria, donde solo considera sanciones a manifestantes las que se aplicaron en función de tres apartados del artículo 23 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana de 1992.

Frente a las cifras del equipo de Mariano Rajoy, las ONG muestran las suyas. Amnistía Internacional ya denunció a mediados de 2014 el "uso abusivo" de las multas contra los participantes en movilizaciones. Según los datos de esta ONG, solo la Delegación del Gobierno de Madrid impuso 1.117 sanciones en 2012 —en referencia a este año, el Gobierno habla de 490 para toda España, según consta en la contestación a la pregunta de Jon Iñarritu (Amaiur)—. La comisión legal de Sol verificó, además, 957 multas por "más de 300.000 euros" entre mayo de 2011 y abril de 2013, remacha el colectivo.

El contraste entre el aumento del número de sanciones y la caída de las protestas se produjo, además, en pleno desarrollo del nuevo Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, apodada como Ley Mordaza por sus críticos, que entrarán en vigor el próximo 1 de julio y que aprobó el PP en las Cortes gracias a su mayoría absoluta. La oposición ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional tras considerar que la nueva normativa viola 12 puntos de la Carta Magna. PSOE, IU, Grupo Mixto y UPyD firmaron esa iniciativa.

Pero, a su vez, Rights International Spain (RIS) y Jueces por la Democracia pidieron en abril a la Comisión Europea que intensificara su "escrutinio sobre la situación en España" y adoptase "una serie de medidas para impedir que siga deteriorándose el Estado de Derecho en España". Las ONG y la oposición consideran que el Gobierno de Rajoy está usando la Ley y las multas como arma arrojadiza contra los manifestantes, a raíz del aumento de la tensión social en las calles. Las concentraciones se han duplicado entre 2011 y 2014, pasando de 16.894 a 40.825. En ese mismo periodo, las sanciones casi se han triplicado —221 en 2011 y 604 en 2014—; según los datos del propio Gobierno.