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ANÁLISIS

‘Condenada’ por una hipoteca

La crónica de la perdición de la Infanta arranca en 2004, cuando adquiere el palacete de Pedralbes por 5,8 millones de euros

Procesada por delito fiscal, Cristina de Borbón, hermana del Rey, tiene algún margen para escapar sin antecedentes del juicio que pondrá bajo sospecha su vida y la de su familia. Los expertos en leyes consideran que su abogado, Miguel Roca, contará con argumentos de peso y aliados jurídicos clave para salir victorioso del empeño. La absolución judicial sería un alivio para la Infanta, aunque insuficiente.

Hace tiempo que Cristina de Borbón fue condenada por los hechos, destapados durante cuatro años de investigación judicial. Los negocios de su marido arruinaron el prestigio de la hermana del Rey.

Cristina de Borbón utilizaba los fondos de Aizoon para gastos particulares; de la caja de esa empresa se sacaba dinero para pagar a los empleados domésticos

La crónica de su perdición arranca en 2004, cuando adquiere el palacete de Pedralbes —1.000 metros cuadrados edificables y 2.200 de parcela con tres plantas, siete habitaciones y 10 baños— por 5,8 millones de euros. La Caixa, empleadora de la infanta Cristina, concedió un crédito al matrimonio de cinco millones a devolver en 30 años con un interés del euríbor más 0,5 puntos. La pareja declaró en 2004 a Hacienda unos ingresos brutos de 186.000 euros... y una hipoteca por la que tenían que abonar 208.000 euros netos al año. Las cuentas ni cuadraban ni salían.

Undargarin acababa de estrenarse en un negocio con su socio Diego Torres que prometía grandes rendimientos: el Instituto Nóos. Esta nueva empresa era una entidad sin ánimo de lucro que durante tres años facturó más de seis millones de euros al Gobierno de Baleares, a la Comunidad Valenciana y al Ayuntamiento de Valencia. El 80% de esos fondos terminaban como beneficios en la caja de otras sociedades con ánimo de lucro propiedad de Urdangarín y de su socio.

En 2006, las sospechas de políticos socialistas de Baleares sobre los contratos adjudicados a dedo al Instituto Nóos llevaron al rey Juan Carlos a tomar medidas preventivas: retiró al yerno del negocio sospechoso y le colocó en consejos de administración de media docena de empresas privadas.

Aquí continuó el calvario de la pareja. Urdangarin evitó declarar sus ingresos como rentas personales del trabajo (IRPF) y los incluyó en la declaración del impuesto de sociedades de la empresa privada Aizoon, cuya propiedad compartía con la Infanta. Esa treta le permitió ahorrarse cientos de miles de euros en impuestos.

Cristina de Borbón utilizaba los fondos de Aizoon para gastos particulares; de la caja de esa empresa se sacaba dinero para pagar a los empleados domésticos del matrimonio o las fiestas de sus hijos. Y todos esos pagos se incluían como gastos de Aizoon para ahorrarse impuestos. La Infanta alega que siempre estuvo al margen de la dirección y gestión de la compañía, que ignoraba que los gastos familiares se atribuían a Aizoon para conseguir desgravaciones... Pero el juez Castro, instructor del caso, y la Audiencia no creen esa versión y sostienen que la Infanta contribuyó con su participación en Aizoon “a defraudar al fisco y, además, se benefició de ello”. La condena no es firme. Aún queda el juicio.

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