Una decena de políticos limpió su imagen con dinero público

La Guardia Civil ha iniciado este martes la segunda fase de la Operación Púnica. Esta vez, contra una decena de cargos públicos de Madrid y Valencia que supuestamente contrataron con dinero público a una empresa para limpiar Internet de noticias que les perjudicaban y sustituirlas por otras halagüeñas. Esta nueva operación acabó con varias detenciones y registros en busca de documentos en los Consistorios madrileños de Moraleja de Enmedio y Valdemoro (epicentro de la trama) y con petición de facturas y expedientes en otros nueve municipios.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a las órdenes del juez Eloy Velasco, reclamaron documentación en los Ayuntamientos madrileños de Collado Villalba, Majadahonda, Alcobendas (cuyo alcalde se halla en la lista de Cristina Cifuentes a la Asamblea de Madrid), Coslada y Madrid capital; también en Dénia, Gandía, Valencia y Castellón.

La intención del juez es analizar qué tipo de contratos (si existen) efectuaron estos Ayuntamientos con la red Púnica y si el objetivo era mejorar la imagen de sus gestores políticos con dinero de las arcas públicas. Estos contratos se hicieron entre los citados Ayuntamientos y las firmas EICO y Madiva, cuyo dueño es uno de los principales implicados en la red. Se trata del experto informático Alejandro de Pedro, el mismo que supuestamente cobro dinero público a través de una empresa privada por mejorar, supuestamente, la reputación en Internet del todavía presidente en funciones de Madrid, Ignacio González, y de los exconsejeros madrileños de Presidencia y Justicia (Salvador Victoria) y Educación (Lucía Figar). Victoria y Figar fueron imputados por Velasco la semana pasada y tuvieron que dimitir ante la negativa de Ciudadanos a apoyar la candidatura de Cristiana Cifuentes (PP) a la Comunidad si se mantenían en sus puestos. El juez ha citado a ambos este mes de junio. Tras dimitir han perdido su fuero y el caso sigue en manos del juez Velasco.

Esta segunda fase de la Operación Púnica se centra en descubrir si hay malversación de caudales públicos en los contratos que firmaron con EICO y Madiva los citados Ayuntamientos. Es decir, por qué se empleó dinero de las arcas municipales (y también de las autonómicas, en los caso de Victoria y Figar) en beneficio particular de políticos. De Pedro tiene numerosos periódicos digitales que utilizó para generar noticias positivas de quienes le pagaban.

Desde que la Guardia Civil destapó la red Púnica el pasado 27 de octubre, tanto la primera como esta segunda fase se han cobrado ya la detención de medio centenar de empresarios y altos cargos de Madrid, Castilla y León y Murcia. Y ahora también afecta a grandes municipios de la Comunidad de Valencia.

La intención del juez es analizar qué tipo de contratos efectuaron los Ayuntamientos con la red Púnica

En la localidad madrileña de Moraleja de Enmedio, la Guardia Civil no se limitó a pedir documentación: hizo un registro en su Ayuntamiento (también en el de Valdemoro, que con el de este martes sufre su segundo registro). El registro en Moraleja de Enmedio no tiene que ver, a diferencia de los otros casos, con las campañas de reputación en Internet. Tiene relación con una contrata de tres millones de euros que el Consistorio adjudicó a la firma francesa Cofely. Esta empresa tiene decenas de contratos de eficiencia energética (ahorro de luz eléctrica) con municipios de Madrid y otras comunidades que suman contratas por importe de 250 millones de euros. Dos de los principales implicados en la trama (el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y su socio, David Marjaliza) intermediaron supuestamente en favor de Cofely y a cambio de comisiones ilegales. Granados y Marjaliza siguen en la cárcel.

El juez Velasco está investigando, además, favores de Cofely a cargos públicos de parte de Ayuntamientos que están bajo la lupa de la Púnica. Por ejemplo, de donde salió el dinero con el que se pagaron encuestas hechas por Cofely en estos municipios en las que preguntaba al vecindario su opinión sobre la gestión del alcalde, entre otras cuestiones de índole política ajenas a su cometido como empresa de servicio energético. En muchas de las contratas que hizo Cofely con municipios sobre ahorro energético, esta empresa se comprometía a preguntar a los vecinos su opinión sobre la gestión del alcalde, entre otras cuestiones de índole personal.

El dispositivo de la segunda fase de la Púnica sigue abierto.