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El arquitecto del ‘caso Bárcenas’ pide el mismo trato judicial que Neymar

Gonzalo Urquijo, acusado de cobrar 1,5 millones en b por las obras de Génova 13, intenta que el juicio no se celebre en la Audiencia Nacional

Gonzalo Urquijo, Ángel Acebes, Luis Bárcenas y Mariano Rajoy, en una imagen del sumario del caso Gürtel.
Gonzalo Urquijo, Ángel Acebes, Luis Bárcenas y Mariano Rajoy, en una imagen del sumario del caso Gürtel.

Gonzalo Urquijo, el arquitecto que reformó la sede nacional del PP en la calle Génova 13 de Madrid, y supuestamente cobró por ello del partido 1,5 millones en negro, quiere evitar que el juicio del caso Bárcenas se celebre en la Audiencia Nacional. Urquijo pretende que la causa sobre la caja b del PP, en la que se encuentra procesado por delito fiscal, se juzgue en los juzgados ordinarios de Madrid, con sede en la Plaza de Castilla. Y para ello, su defensa compara su caso con el caso Neymar, que se juzgará en Barcelona después de haber sido investigado en la Audiencia Nacional.

Los abogados de Urquijo presentaron el pasado 1 de junio una cuestión de competencia, por la que reclaman que el caso Bárcenas, que afecta a su cliente, se juzgue en los juzgados de Madrid. Los letrados han basado su petición, dirigida al juez instructor José de la Mata, en la doctrina más reciente de la propia Audiencia Nacional. El pasado 22 de mayo, la Sección Tercera de la Audiencia decidió que el juicio contra el presidente de FC Barcelona Josep Maria Bartomeu, su antecesor, Sandro Rosell y el propio club como persona jurídica se celebre en la capital catalana. La Sección entendió que la defraudación fiscal derivada del fichaje de Neymar –más de 13 millones de euros- no produjo una grave repercusión en el tráfico mercantil ni en la economía nacional, criterios que otorgan la competencia de la Audiencia Nacional en los delitos contra la Hacienda Pública.

El auto –resolución judicial- por el que se enviaba el caso Neymar a los juzgados de Barcelona ha caído como agua de mayo para los abogados de Urquijo. Los letrados recuerdan que la defraudación fiscal de que se acusa a su cliente, 1,5 millones de euros entre los años 2006 y 2010 en el Impuesto de Sociedades y el IVA, “es más de ocho veces inferior” a la cantidad que supuestamente defraudó a Hacienda el Barça.

El escrito de los defensores cita el auto de la Sección Tercera cuando recuerda que el Tribunal Supremo “tiene establecido como límite para entender a la Audiencia Nacional competente en materia de delito fiscal que la cuota supuestamente defraudada supere los siete millones de euros”. Esta cantidad, recuerdan los abogados es “unas cuatro veces más” que la que se atribuye a su cliente en el caso Bárcenas.

Los abogados también sostienen que en la causa sobre la caja b del PP, derivada del caso Gürtel, “no concurre ni la complejidad de la causa, ni la intervención de múltiples personas o entidades, ni sociedades interpuestas, ni vinculaciones internacionales” que pudieran justificar la competencia de la Audiencia Nacional. “Lo único que se imputa es a una empresa con domicilio fiscal en Madrid dedicada a proyectos de arquitectura y construcción habre cobrado del PP y de Aenor, también domiciliados en Madrid, por obras ejecutadas en Madrid, parte de sus servicios en dinero no declarado fiscalmente”.

Los letrados de Urquijo también rechazan que el delito de apropiación indebida que se imputa a los extesoreros del PP Alvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, y al exgerente de la formación Cristóbal Páez, por usar 209.550 euros de la caja b del partido para comprar acciones de Libertad Digital sea competencia de la Audiencia Nacional. “El único teórico perjudicado sería el PP, y más concretamente su sede nacional, sita en la ciudad de Madrid, lugar donde, según las acusaciones se habría llevado la caja b”.

Los abogados también señalan que el hecho de que el caso Bárcenas sea una pieza separada del caso Gürtel, la gran trama de corrupción en los aledaños del PP, y que será juzgado en la Audiencia, sea motivo para mantener la competencia de los juzgados centrales. Los defensores de Urquijo afirman que si, de manera “irrazonable”, se mantiene la causa en manos de la Audiencia Nacional “se vulneraría el derecho fundamental al juez predeterminado por la ley”.