Ser abogado de oficio... y que te toque Gürtel

El abogado Juan Antonio Gragera se encontraba en su despacho preparando un escrito para un caso de divorcio. Era la tarde del 25 de septiembre de 2014. Sobre las ocho, la máquina del fax escupió un documento en el que se le designaba oficialmente como abogado de oficio de un nuevo cliente. A Gragera le sonaba el nombre, quizás alguna de las personas que había defendido desde que se diera de alta en el turno de oficio, en 1996. El letrado siguió con su trabajo y decidió mirar luego en su base de datos. Un rato después cayó en la cuenta de quién era el cliente. Nervioso, salió del despacho y estuvo una hora dando vueltas a la manzana. Ese fax iba a cambiar su vida.

El nombre que aparecía en el documento era Francisco Correa, el principal encausado en el caso Gürtel. Su apellido, traducido al alemán, daba nombre al mayor caso de corrupción de los últimos años. El abogado tardaría todavía unos días en poner en cifras lo que se le venía encima: siete años de instrucción, unos 700.000 folios de sumario en 2.000 tomos, 187 imputados y 147 comisiones rogatorias a 21 países distintos.

Gragera, de 48 años, relata el comienzo de esta historia en el despacho del bufete donde trabaja, en la calle Velázquez, en Madrid. Aunque insiste varias veces en que no quiere hablar de su cliente, ha accedido a contar lo que supone para un sencillo abogado del turno de oficio de la Audiencia Nacional entrar en un caso de esa magnitud. “En principio es un asunto más. Pero me atasca el trabajo y tengo que hacer malabares para atender al resto de clientes”, dice.

Dificultades sin recursos

Como la mayoría de los letrados de oficio, este abogado madrileño, con casi 25 años en la profesión, compagina su trabajo en el bufete con el del turno. Un tercio de sus defendidos son solicitantes de justicia gratuita que carecen de ingresos suficientes para pagar un abogado. Esa es también la situación de Correa, que tiene sus bienes embargados por la justicia. Su anterior letrado, el penalista José Antonio Choclán, uno de los más prestigiosos de España, renunció a su defensa al no poder cobrar su minuta.

Defender a Correa no le reportará a Gragera muchos más beneficios económicos que los que obtiene con casos sencillos del turno de oficio. Hasta la fecha, la Comunidad de Madrid le ha pagado 119,07 euros netos (147 brutos). Se los ingresó el 23 de marzo de este año, seis meses después de que empezara a trabajar. La cantidad supone un 70% del total de lo que cobrará por llevar el caso (210 euros). El resto se lo abonarán cuando termine el procedimiento, aunque este se prolongue durante años. Entonces podrá solicitar un suplemento de 315 euros por tratarse de un caso especial, 19 euros por cada 1.000 folios de procedimiento y 57 euros por cada día de vista judicial a partir de la tercera.

Es decir, Gragera cobrará por defender a Correa 210 euros brutos más una cantidad que aún quedaría por determinar y que no es seguro que reciba. Los abogados de oficio del 11-M, por ejemplo, tras cuatro años siguiendo la macrocausa cobraron unos 12.000 euros. Las minutas de los abogados particulares en casos de corrupción están en más de 100.000 euros al año.

“Este caso necesita recursos económicos especiales” asegura Gragera. “Para empezar, son muchos los desplazamientos que hay que hacer. Pero, sobre todo, lo que necesito es gente, compañeros que me ayuden a revisar la cantidad de documentos de la causa y los que cada día se generan. También necesitaría que me sustituyeran en mis otros asuntos cada vez que me citen en la Audiencia Nacional y cuando se vaya a celebrar el juicio. Eso me permitiría mantener el despacho abierto y atender al resto de clientes de oficio y de mi cartera particular”. A pesar de las dificultades económicas, el abogado de Correa encuentra algo positivo en su nueva situación: “Me lo tomo como un máster. Es una gran formación”.

Lo que más le sorprendió la primera vez que acudió como abogado de Correa a la Audiencia fue la oficina en la que se seguía el caso. “Vi un cartel en el que ponía la palabra Gürtel. Me di cuenta de que había mucha gente trabajando exclusivamente en el caso. Yo no podía competir con eso”, señala el abogado, que el día antes del encuentro con este diario ha estado trabajando en una guardia del turno de oficio en la que ha atendido a cinco clientes distintos.

Solo revisar la documentación que llega cada día del caso Gürtel le supone una hora de trabajo extra, según sus cálculos. Se ve obligado además a utilizar los festivos y eso le resta tiempo para estar con su esposa y sus tres hijos.

Gragera ha solicitado recientemente al juez José de la Mata que le conceda una prórroga de un mes para presentar el escrito de defensa de su cliente. En su petición señalaba “la extraordinaria complejidad del caso y la falta de medios técnicos y económicos”. “No creo que se esté vulnerando el derecho de defensa de mi cliente por tener un abogado de oficio”, dice en su despacho. “Pero ese derecho no se garantiza si no te dan las mismas herramientas, y no las tenemos. No es lo mismo consultar toda la documentación del caso en miles de folios que hacerlo con medios tecnológicos, algo con lo que sí cuentan otros abogados particulares”.

Gragera ha relatado su situación al Colegio de Abogados. Sus representantes han apoyado las demandas del turno y tratan de resolver con el Ministerio de Justicia algunos de esos problemas. Una docena de abogados de oficio se encuentran en una situación similar a la de Juan Antonio Gragera. Les ha caído el Gürtel. Los letrados se han reunido para coordinarse y tener una postura unitaria frente al tribunal. Cuando llegó aquel fax, algunos compañeros de Gragera le dijeron que no se preocupara; le animaron y le aseguraron que, con toda probabilidad, su cliente le pediría la venia para pasar a ser defendido por otro letrado particular. Hace ocho meses de eso. Por ahora, él es el único encargado de defender a Francisco Correa.