El juez rechaza reducir a 449.000 euros la fianza de la infanta Cristina

Mantiene los 2,6 millones en concepto de responsabilidad civil que le había fijado en el auto de apertura de juicio oral

Cristina de Borbón después de testificar ante el juez Castro, en febrero.
Cristina de Borbón después de testificar ante el juez Castro, en febrero.ALBERT GEA (REUTERS)

El juez del caso Nóos José Castro ha rechazado la petición de la infanta Cristina de Borbón, para que se le rebaje a 449.525 euros la fianza de responsabilidad civil de 2,69 millones que le impuso al dictar la apertura del juicio oral, en diciembre de 2014. La infanta será juzgada por dos supuestos delitos fiscales.

El magistrado entiende que la hermana del Rey Felipe VI tiene supuestas responsabilidades penales y no solo es una beneficiaria a título lucrativo, sin imputación penal, como entiende el fiscal Pedro Horrach, que no la acusa y que respaldó la solicitud de la rebaja de la fianza.

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El instructor le reprocha a la Infanta su actitud a lo largo del proceso porque entiende que no es el de una persona que buscara reparar el daño. Castro tilda de "mayor dislate" que la Agencia Tributaria nunca se sintiera perjudicada en esta causa. Hacienda y la Abogacía del Estado no han obrado contra la hija del Rey Juan Carlos y han rechazado -con el fiscal- el criterio del juez y del tribunal de la Audiencia de Palma presidido por Diego Gómez-Reino.

La Infanta, antes de ser imputada por la Audiencia de Palma, depositó en el juzgado cerca de 600.000 euros para compensar los posibles perjuicios a las arcas públicas por su aparente acción pasiva de uso y disfrute con los fondos generados por su esposo Iñaki Urdangarín.

El expresidente balear, el reo por corrupción Jaume Matas, del PP, es otra de las figuras caídas en el proceso del 'caso Palma Arena', la causa penal madre abierta en 2008.

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La fianza civil en vigor para la Infanta sigue siendo de 2,69 millones. Tiene por finalidad asegurar que, en el caso de una condena, los reos puedan responder ante la Administración por los fondos desviados o defraudados.

La hermana del Rey, al iniciarse el proceso de embargo por impago de los 2,69 millones, a los cuatro meses de ser exigidos por el juez, respondió con la entrega del listado de bienes patrimoniales (pisos en Palma y Barcelona a medias con su esposo en la compañía Aizoon) y fondos susceptibles para garantizar el depósito, preventivo y no esquivar el requerimiento.

Los abogados Miquel Roca, Jesús M. Silva y Jaume Riutord defienden a la Infanta ante los tribunales de Palma, sostiene que la fianza del juez Castro es "manifiestamente injustificada", desproporcionada.

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