El juez planea derivar a otra sala la decisión última sobre Chaves y Griñán

El juez del caso ERE en el Tribunal Supremo ha ordenado las últimas diligencias antes de decidir si sigue adelante con la causa abierta a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y tres exconsejeros. Según fuentes conocedoras del proceso, el magistrado Alberto Jorge Barreiro cree que puede haber indicios contra alguno de los aforados, pero estudia pedir a la sala de admisión del tribunal que sea ella la que solicite el suplicatorio al Congreso. Esta fórmula limitaría las opciones de los implicados para recurrir la decisión, ya que no se dictaría un auto de inculpación que pudiera ser impugnado por las defensas de los exdirigentes andaluces.

El magistrado Barreiro busca desde hace meses indicios de prevaricación (por acción u omisión) en la conducta de Griñán y Chaves y los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno. La juez Mercedes Alaya, que investiga en Sevilla el presunto fraude de los ERE, considera que los cinco dirigentes socialistas prevaricaron al poner en marcha un instrumento —las transferencias de financiación— para favorecer un reparto arbitrario de ayudas sociolaborales falseando la ley de Presupuestos.

Alaya no tiene competencias para investigar a los exdirigentes socialistas que ahora son senadores (Griñán y Moreno) o diputados (Chaves, Zarrías y Viera). Es el Supremo quien debe resolver si las conclusiones de la juez están basadas en indicios sólidos y procede pedir a las Cortes el suplicatorio de los aforados para actuar judicialmente contra ellos.

Según fuentes conocedoras del caso, Barreiro está ultimando su resolución y podría no seguir el cauce más habitual. Aunque la ley de Enjuiciamiento Criminal no regula cómo debe ser el procedimiento en el Supremo contra un aforado, la fórmula que más se ha utilizado es que el instructor dicte un auto en el que o bien archive la causa contra alguno o todos los implicados o bien concrete su inculpación. En este caso, el magistrado pide el Suplicatorio al Congreso para poder investigar a los aforados.

Así se hizo, por ejemplo, en la investigación contra el ministro José Blanco, acusado por un contratista gallego de haber cobrado 200.000 euros en una gasolinera a cambio de favorecerle en determinados contratos con la administración central. El juez investigó el caso durante un año y llegó a inculparle por un delito de tráfico de influencias. La defensa de Blanco recurrió entonces esta decisión ante la sala de lo penal, que archivó el procedimiento por lo que nunca se llegó a pedir el suplicatorio contra el que fue ministro de Fomento.

Pero la fórmula que estudia ahora Barreiro es otra. En vez de emitir un auto para pedir el suplicatorio y dar la opción a los abogados de que lo impugnen ante la sala de recursos (compuesta por tres magistrados que hasta ahora han estado ajenos al proceso), el juez estudia remitir a los magistrados que componen la sala de admisión una exposición razonada justificando la necesidad de pedir ya un suplicatorio al Congreso para todos o para algunos de los aforados. Pero si no dicta previamente un auto de inculpación, las defensas de los aforados no podrían recurrir la decisión como se hizo en el caso de Blanco. Los abogados podrían presentar una petición a la sala para que no mandara el suplicatorio, pero las fuentes consultadas consideran improbable que se atendiera esta solicitud y se rechazara la del instructor.

Sea cual sea la fórmula elegida, si como prevén fuentes conocedoras del caso Barreiro opta por inculpar a alguno de los aforados, tiene que exponer en una resolución que ha encontrado indicios evidentes de que ideó el fraude o, al menos, lo conoció y no puso medios para frenarlo. Estas fuentes consideran que el juez no ha hallado indicios contra la senadora y exconsejera de la Presidencia Mar Moreno, mientras que la decisión sobre los otros cuatro aforados genera más dudas.

La base jurídica, según las fuentes consultadas, se sitúa en el artículo 11 del Código Penal, que considera delito crear por acción u omisión “una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido”. Ninguno de los aforados firmó resoluciones vinculadas a los ERE (solo Viera el convenio para a puesta en marcha del fondo de ayudas). Pero la resolución de Barreiro dependerá de en qué nivel de la cadena de mando sitúa la responsabilidad de la prevaricación, ya sea porque entienda que alguno o todos los aforados conocían que el fraude o porque aunque no prevaricara a sabiendas sí lo hicieron por inacción.