Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra
ANÁLISIS

Sobresueldos... sin beneficiarios

Si estamos frente a delitos no prescritos, ¿qué pasa con la responsabilidad de aquellos que disponían de los poderes de administración?

El juez José de la Mata ha seguido la orientación general del auto de conclusión del instructor Pablo Ruz y ha defendido el criterio que la Agencia Tributaria y el fiscal Antonio Romeral han combatido. A saber, que el PP ha cometido un delito contra la Hacienda pública al dejar de ingresar 267.167,04 euros del impuesto de sociedades por las donaciones ilícitas ingresadas en la contabilidad b en 2008.

El caso tiene más ramificaciones de lo que puede parecer. Tanto este presunto delito como el del pago en negro de la remodelación de las obras de la sede madrileña de la calle de Génova nos evocan la ya célebre vía por la que Elliot Ness y sus intocables del FBI cazaron a Al Capone. Por un tema claramente menor en relación a los crímenes que había cometido.

Pero si, como afirma el juez De la Mata, estamos frente a delitos no prescritos y si por ellos se está acusando a los “empleados”, como calificaba Ruz a Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez, ¿qué pasa con la responsabilidad de aquellos que disponían de los poderes de administración? Según los estatutos del PP, esos poderes los tenían Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, y antes Mariano Rajoy y Ángel Acebes.

El abogado Virgilio Latorre tiene interpuesto un recurso, en nombre de la acusación de Ángel Luna González (partido socialista de la Comunidad Valenciana), contra el auto de conclusión del juez Ruz ante la sección cuarta de lo Penal precisamente, entre otros, sobre la responsabilidad de los administradores. Solicita que la acusación se dirija contra Acebes y Cospedal por poseer el dominio de la gestión del PP.

El auto de De la Mata al afirmar la existencia de los delitos señalados proyecta ahora ese debate hacia la responsabilidad de los administradores, más allá de empleados y apoderados. Tendrá la sección cuarta de lo Penal que considerar esta cuestión.

Cospedal, previsiblemente, ya no será presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha y, por tanto, su causa no tendría que tramitarse en el Tribunal Supremo. Como diputada castellano-manchega, la competencia es del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Pero donde el auto de De la Mata, como el de su antecesor, más chirría es en el tema de los sobresueldos. Su resolución refleja a las 20 empresas y personalidades que aportaron 7,5 millones de euros en donaciones en negro.

Pero en cambio, en el capítulo de las “salidas con destino al pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el partido” y en el de “complementos de sueldo” o “compensaciones económicas por dedicación a la actividad política” se limita a consignar los pagos a Calixto Ayesa, el titular de una clínica dermatológico que pasó a ocupar el puesto de consejero de Salud del Gobierno navarro en los años 90.

Los sobresueldos a la cúpula, empezando por Rajoy y Cospedal y siguiendo por los otros secretarios generales, no aparecen mencionados. Parece un chiste.