El caso Esperanza Aguirre

Hay que poseer el talento de un mago para repetir una y otra vez con éxito asegurado, en primer lugar entre los medios de comunicación, el mismo ejercicio de prestidigitación. Esperanza Aguirre y el Partido Popular lo han vuelto a conseguir.

El caso Naseiro de financiación ilegal fue archivado porque el Tribunal Supremo estimó en 1992 la nulidad de las grabaciones que la Policía aportó al juez. El fiscal retiró pues su acusación. El caso Naseiro se transformó, pues, en caso Manglano, el nombre del magistrado que llevó adelante la investigación en Valencia.

Algo parecido pretendía el PP en la investigación de la trama Gürtel. En cierto momento Federico Trillo, miembro del equipo que impulso la nulidad de actuaciones en el caso Naseiro, pareció acariciar con su famoso “giro copernicano” la nulidad y el caso Gürtel se convertía en caso Garzón.

El juez fue sentado en el banquillo, suspendido y más tarde condenado por un delito de prevaricación. Pero Trillo se quedó cortó: las fiscales Concha Sabadell y Miriam Segura siguieron en la investigación.

El caso de la contabilidad B del PP, que ha llevado desde 1990 primero el gerente Luis Bárcenas y, más tarde, desde febrero de 1993, Bárcenas junto con el tesorero Álvaro Lapuerta, hasta 2008, se convirtió en el caso contabilidad de Bárcenas.

Ahora, el caso de la declaración fiscal de Esperanza Aguirre, que no es un tema judicial, sino el de una filtración periodística, es un tema de seguridad jurídica nacional.

La candidata del PP, que ha prometido transparencia como antídoto a los casos de corrupción en Madrid (Gürtel, Púnica en curso y espionaje interno dentro del PP y el gobierno que presidía Aguirre en Madrid) ha reaccionado contra esa transparencia de facto que supone la publicación de sus emolumentos de 369.000 euros en la firma Seeliger & Conde para el año 2013. La firma de cazatalentos anunció su contratación a mediados de enero de aquel año para presidir un consejo asesor de la compañía.

Ahora el caso político de Esperanza Aguirre —unos pagos cuya razón de ser convendría conocer en quien ha cobrado después de ser presidenta de la Comunidad de Madrid y ahora es candidata a la alcaldía de esta ciudad— se ha convertido en el caso de la filtración de su declaración.

El ministro Montoro ha reaccionado con celeridad de comisario de policía. Hace mucho que es más ministro-comisario del PP que ministro del gobierno de la nación.

Pero no debe olvidarse que el caso de Esperanza Aguirre no es rayo en cielo sereno. Sigue al caso reciente de Juan Carlos Monedero por sus ingresos, también filtrados a los medios de comunicación.

Cuando los ministros o gobiernos señalan con el dedo a los medios de comunicación que publican noticias incómodas, solemos decir: quieren matar al mensajero.

Recientemente, en el caso Monedero esa máxima volvió a ponerse en práctica. Monedero reaccionó contra la filtración, como ha hecho Aguirre. Pero la diferencia es que Montoro actuó como comisario del PP y encabezó la cruzada contra uno de los líderes del partido que subía entonces como la espuma en las encuestas.

Esperanza Aguirre y el PP consiguen una y otra vez rizar el rizo a aquel proverbio chino tan popular entre nosotros: “Cuando el sabio señala la luna, el tonto mira el dedo”.

Si a Monedero se le exigen en Hacienda pruebas de sus trabajos cobrados en América Latina, ¿por qué no solicitar también alguna prueba de los asesoramientos de Esperanza Aguirre? ¿O es que eran verbales como aquellos realizados por Vicente Martínez Pujalte a una empresa constructora?