El fiscal pide reducir la fianza de la Infanta de 2,7 millones a 449.500 euros

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, en un escrito de apenas 129 palabras, se ha adherido a la petición de la infanta Cristina ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro, para que se le rebaje a 449.525 euros la fianza de responsabilidad civil, que alcanza 2,69 millones. Horrach enumera en su escrito casos de fraude fiscal millonarios demostrados y asumidos -mediante pacto- ante los tribunales en Baleares, en los que la fianza fue menor a la decretada contra la hermana del Rey.

Horrach considera que la caución impuesta por el juez Castro no es proporcional a los supuestos investigados y hace propios los argumentos expresados por la defensa de la esposa de Iñaki Urdangarin para solicitar una disminución de la cantidad exigida por el juez en diciembre de 2014 y que no fue afrontada en su plazo. Castro ordenó el embargo de bienes a todos los imputados que no depositaron fondos o patrimonio después de cuatro meses de prórroga.

Para respaldar la postura de la defensa de la Infanta, el fiscal Horrach alude al episodio de los cinco delitos fiscales detectados en una rama del operador multinacional turístico TUI, fraude que asumió un asesor jurídico, condenado a 20 meses de cárcel, con el pago de 50 millones.

El fiscal resalta, además, el caso del fraude de Ana Torroja, ex vocalista de Mecano con chalé en Andratx, condenada a tres años y tres meses de cárcel más el pago de 1,5 millones de euros. Apunta a la condena por fraude del hotelero de Ibiza Fernando Ferré Cardó, ex dueño del Grupo GPS, sentenciado a siete años de cárcel y a una multa de 11 millones.

El ministerio público anota el episodio de los multimillonarios ingleses Hore con casa en Banyalbufar, que asumieron pagar 10,6 millones para eludir la pena de cárcel de cumplimiento. También, detalla el caso de los arquitectos Luis y Jaime García Ruiz, del entorno de Jaume Matas y autores finales del Palma Arena –en la misma causa madre-, que pactaron una condena de seis meses por delito fiscal por un fraude de 160.000 euros.

La fiscalía y Hacienda priorizan en Baleares el ingreso en las arcas públicas del dinero defraudado por los delincuentes tributarios, más las cuantiosas multas y los intereses. La condena a prisión suele considerarse simbólica, secundaria, a pesar de las altísimas penas solicitadas, a veces de decenas de años.

Horrach nunca ha acusado a la Infanta por la supuesta cooperación necesaria en los dos supuestos delitos de fraude fiscal por los que será juzgada. Al igual que la Abogacía del Estado y Hacienda, Horrach cree que no hay ningún indicio contra ella. Pero el juez Castro y la Audiencia de Palma no asumen sus tesis.

Cristina de Borbón depositó más de medio millón en el juzgado para atender una petición inicial del fiscal -previa al auto del juez-, como beneficiaria a título lucrativo de los fondos malversados por su esposo y en su empresa común Aizoon, sin exigirle carga de responsabilidad penal. Horrach, al reseñar las causas cerradas con condena y pagos millonarios, no concreta cifras y delitos.

El juez dictó hace unas semanas el embargo de bienes de la Infanta y del resto de acusados hasta lograr la cantidad suficiente. Esta caución civil tiene por objeto asegurar que, en el caso de una condena, la Administración se pueda resarcir de los fondos públicos malversados o impuestos defraudados.