Andalucía veta las obras del almacén de gas dentro de Doñana

El Gobierno andaluz solo autoriza a Gas Natural a acometer su almacén de gas subterráneo (parecido al Castor) fuera de Doñana. La Junta acaba de emitir un dictamen en el que veta las obras dentro del parque, aunque acepta la parte del proyecto en la zona de Aznalcázar, fuera del espacio protegido. La Junta mantenía bloqueada la tramitación de este permiso desde hacía dos años, pese a que cuenta con el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente. Ha tenido que resolverlo ante el riesgo de pagar una indemnización de 358 millones a Gas Natural.

El proyecto de extracción y almacén subterráneo que Gas Natural tramita desde 2008 en Huelva y Sevilla se ha convertido en un rompecabezas. Para su evaluación ante las Administraciones, se dividió en cuatro: Saladillo, Marismas Occidental, Aznalcázar y Marismas Oriental. Estos cuatro subproyectos tienen el aval ministerial. En cambio, la Junta ha prohibido las obras (nuevos pozos de extracción y gasoductos) dentro de Doñana. Informa desfavorablemente de las actuaciones en la zona de Marismas Oriental, situada dentro del parque natural.

La Consejería de Medio Ambiente basa su pronunciamiento en un informe del 16 de marzo del Espacio Natural de Doñana que pide la "no autorización de las actuaciones previstas" en Marismas Oriental por las posibles afecciones a la zona protegida. Partiendo de ese informe, la consejería rechaza conceder a Gas Natural la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que le permitiría empezar a trabajar. La consejería sí da este permiso a la empresa para las obras del subproyecto Aznalcázar, ya que las actuaciones no se realizan en el parque natural.

Gas Natural, que tiene dos semanas para alegar, ha rechazado este jueves la decisión de la Junta y los responsables de Doñana, a los que acusa de haber cambiado de opinión en los últimos años. Además, portavoces de la compañía recriminaron a la consejería que, "en el marco de la AAU, no es posible cuestionar una evaluación ambiental". Según su interpretación, la afección medioambiental ya se estudió dentro de las cuatro Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) que el ministerio ha concedido a los subproyectos.

La compañía lleva desde los ochenta extrayendo gas en esta zona. Lo que pretendía ahora era aumentar el número de pozos y, cuando los yacimientos estuvieran acabados, utilizar el subsuelo como almacén. Este proyecto había pasado prácticamente desapercibido hasta 2013, cuando el ministerio publicó las dos últimas DIA favorables. Ante la polémica que se generó, la Junta paralizó la tramitación de los permisos que Gas Natural había solicitado para las zonas de Marismas Oriental y Aznalcázar. Fue en abril de 2013, hace más de dos años.

Gas Natural presentó entonces una reclamación patrimonial ante la Administración y la justicia. Cuantificaba en unos 358 millones de euros el daño provocado si se mantenía bloqueado sin fecha todo el proyecto. La posibilidad de que finalmente tuviera que hacer frente a esa indemnización es una de las razones por las que la Junta ha terminado resolviendo estos permisos. Andalucía tampoco ha encontrado respaldo a sus tesis en Bruselas, que ha instado al Gobierno central y al autonómico a que se pongan de acuerdo sin entrar a analizar el conflicto. El ministerio, pese a las peticiones de la Junta, se ha negado a realizar una DIA conjunta de los cuatro subproyectos. Esta falta de evaluación conjunta es uno de los argumentos de la Junta para vetar las obras en Doñana.

Ahora, Gas Natural tiene un puzle de permisos: dispone de ellos para Marismas Occidental y Aznalcázar, pero no para Marismas Oriental. Además, el último de los subproyectos (Saladillo) también se adentra en el parque y es previsible que los responsables de Doñana también informen negativamente. "Habrá que esperar a ver cómo queda el procedimiento antes de tomar una decisión", ha dicho Gas Natural sobre el futuro de estas obras.