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El Estado renuncia a vender uno de los mayores latifundios del país

La directora de La Almoraima admite que el interés por privatizar la finca ha desaparecido

La Almoraima
Vista del peñón de Gibraltar desde la finca de La Almoraima.

Casi dos años después de que el Gobierno anunciara su intención de privatizar La Almoraima, un gigantesco latifundio público dentro del término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz) y del parque natural de Los Alcornocales, el Estado renuncia a vender esta finca. La directora y gerente de la sociedad pública propietaria del latifundio, Isabel Ugalde, ha reconocido que el Gobierno ya no pretende desprenderse de esta finca, expropiada a José María Ruiz-Mateos en la década de los ochenta. "La finca no se vende", ha dicho este martes.

Ugalde ha indicado que ya se está comunicando a los inversores que se habían interesado en la finca que no está en venta. “Ha habido una docena de posibles compradores para la finca, pero a todos se les está diciendo que la finca ya no está en venta", ha apuntado la directora de La Almoraima.

Ugalde ha justificado este cambio de criterio en la mejoría de la economía española, que hace que ya no sea necesario desprenderse de este bien público. "La venta de la finca pertenecía a un escenario de crisis y tenía un objetivo, poder mantener el Estado de bienestar, poder pagar las nóminas y las pensiones. Siempre dentro de las negociaciones que se llevaron a cabo en Bruselas sin necesidad de llegar a una intervención, había que preparar un documento de enajenaciones como se había hecho en Gobiernos anteriores", ha explicado.

Esta finca gaditana de 14.113,1 hectáreas fue expropiada al grupo de José María Ruiz-Mateos en 1983 por el primer Gobierno socialista de Felipe González. Treinta años después, la extinción —y venta— de La Almoraima SA se incluyó en el informe de junio de 2013 de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). En aquel momento —justo un año después de que España pidiera el rescate para algunos de sus bancos—, la CORA consideraba "necesario plantear sin dilación" algunas operaciones, como la "extinción" de cinco mercantiles. Todas esas sociedades se han suprimido, salvo La Almoraima, cuyo único accionista es el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, del Ministerio de Medio Ambiente.

El Estado renuncia a vender uno de los mayores latifundios del país

El anterior ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, reconoció que la intención era vender y cifró en unos 300 millones de euros lo que podría conseguirse por La Almoraima, que ocupa una superficie similar a todo el término municipal de Sevilla capital (141 kilómetros cuadrados). Pero, tras la salida de Arias Cañete, el nuevo departamento de Isabel García Tejerina no ha dado ningún paso para privatizar el latifundio. Según Ugalde, el cambio en el ministerio ha supuesto que el interés por desprenderse de La Almoraima desapareciera. "Debe quedar claro que el escenario cambió y con el cambio de ministro se decidió que la finca se gestionase como si nunca fuese a ser vendida", ha añadido la responsable de La Almoraima.

El Gobierno aseguró en marzo de 2014, antes de que Arias Cañete dejara el ministerio, que para la privatización se abriría "un concurso público para asesoramiento financiero-económico". Luego, "el asesor financiero" realizaría "una valoración de la empresa" y se publicaría "un concurso público de venta". Pero nunca se llegó a abrir el primer concurso para contratar al asesor que debía tasar La Almoraima.

El proceso de privatización de estas tierra ha supuesto un enfrentamiento político entre el PP por un lado y PSOE e IU, han hecho bandera de la oposición a la venta del latifundio, cuya principal actividad económica es la explotación del corcho. La Junta intentó bloquear la operación ampliando el parque natural de Los Alcornocales. El Gobierno regional incrementó los límites del parque para que el 100% del latifundio estuviera protegido. Con este paso se vetó el plan urbanístico que la dirección de La Almoraima ideó para que, en el 10% que no estaba dentro del parque, se pudiera construir un complejo hotelero de lujo, con campos de golf y polo e, incluso, un aeródromo. Este plan urbanístico también fue bloqueado por el Ayuntamiento de Castellar, gobernado por IU con el apoyo del único concejal del PP.

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