Dos peritos respaldan en el Supremo el sistema de pago de los ERE

Dos catedráticos de Derecho Tributario defendieron ayer en el Tribunal Supremo la legalidad del procedimiento por el que se financiaban las ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía. “No es ningún sistema perverso ni permite reducir los controles presupuestarios”, afirmó ya fuera del tribunal Juan Zornoza, catedrático de la Universidad Carlos III y uno de los autores del informe pericial presentado por la defensa del expresidente José Antonio Griñán para avalar la legalidad de las transferencias de financiación, el sistema de pago de las ayudas.

Durante las cuatro horas que duró su declaración en el Supremo, los peritos (Zornoza y Ángel Martínez Lago, catedrático de la Complutense) ratificaron su informe y rebatieron las principales conclusiones del de la Intervención General del Estado (IGAE), que considera que la Junta pagó las ayudas mediante transferencias de financiación para eludir controles. Según el acta de la declaración, los catedráticos sostuvieron que se está “confundiendo” la forma de financiar la ayuda con el régimen de concesión de la ayuda, pero estos dos procesos “no tienen nada que ver”.

Los catedráticos explicaron que las transferencias de financiación son “cambios de dotaciones” para que una parte de un presupuesto se traslade de un órgano a otro, pero tienen sus propios controles, por lo que la interpretación de que este procedimiento se empleó para evitar su fiscalización es un “craso error”. En los expedientes de las ayudas en las que supuestamente se cometieron irregularidades hay autorizaciones del gasto y órdenes de pago, recordaron.

No obstante, en su opinión, esos controles no podían detectar el supuesto fraude porque solo comprobaban la existencia de los documentos necesarios. Los controles “no son precisos” y los errores se corrigen “a posteriori”, señalaron Zornoza y Martínez Lago, que, pese a ello, recordaron que el porcentaje de error en las ayudas del Gobierno andaluz fue inferior al 1%.

Los peritos recordaron también que la decisión de habilitar un fondo para empresas en crisis se aprobó en el Parlamento y defendieron que estas se concedieran de forma directa, sin convocatoria pública. “Incluso la Administración General del Estado establece convocatorias directas para ayudas muy parecidas a estas”, aseguraron.