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El PP busca un resquicio legal para proteger a Pujalte

Los populares alegan que no se pueden investigar hechos de otra legislatura

El PSOE cree que es posible que el pleno le suspenda como diputado

El diputado Vicente Martínez-Pujalte. Ampliar foto
El diputado Vicente Martínez-Pujalte.

El PP busca un resquicio legal para proteger a su diputado Vicente Martínez-Pujalte y evitar que el Congreso tome medidas contra él por haber cobrado 5.000 euros mensuales de una constructora mientras ocupaba su escaño. La Cámara ya tiene limitada la capacidad de investigar a sus diputados, conocer el listado de clientes de sus empresas y, por supuesto, sancionarles, pero, además, la dirección del Grupo Popular alega que es imposible actuar por hechos ocurridos en otra legislatura, según explicó su portavoz, Rafael Hernando, a EL PAÍS.

Hay precedentes en los que el Congreso ha evitado investigar supuestos ocultamientos en las declaraciones de actividades de los parlamentarios. Por ejemplo, en legislaturas anteriores no se investigó que el ahora comisario europeo Miguel Arias Cañete tenía una empresa con relaciones con la Administración, pese a que eso está expresamente prohibido. Tampoco ha procedido estos días contra Agustín Conde (PP), quien admitió que ocultó una empresa al Congreso y por eso ha presentado una ampliación de su declaración de actividades. La Comisión del Estatuto del Diputado se limita a certificar la declaración del diputado y autorizar la compatibilidad sin verificar los datos.

En este caso, Pujalte sorteó la prohibición de pertenecer a una empresa con relaciones con la Administración creando una asesoría que cobraba cada mes de la constructora, lo que para el PSOE es un fraude de ley. Pese a estas limitaciones, los socialistas han encontrado una vía que, en su opinión, debería acabar con la suspensión de Pujalte como diputado. Por un lado, invocan un acuerdo de la Mesa del Congreso del 29 de mayo de 1990 que no se ha aplicado nunca. Según este acuerdo, “se atribuye a la Comisión del Estatuto de los Diputados el conocimiento e investigación de los hechos, actuaciones o comportamientos en que los diputados pudieran incurrir en el ejercicio de responsabilidad política y que puedan representar uso interesado o indebido de su condición”. Es decir, la capacidad de investigar y verificar las actividades de los parlamentarios.

El PSOE entiende que Pujalte vulneró claramente el artículo 17 del Reglamento del Congreso que señala que “los diputados no podrán invocar o hacer uso de su condición de parlamentarios para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional”. Ese artículo se habría vulnerado, según el PSOE, como muestran las declaraciones a EL PAÍS del empresario que le contrató precisamente por su condición de diputado. El mismo reglamento establece en su artículo 101 que el Pleno podrá acordar la “suspensión temporal en la condición de diputado” cuando se contravenga ese artículo 17.

El escrito del PSOE se verá la próxima semana en la Comisión si el PP la convoca. Los populares, según Hernando, pedirán un informe a los servicios jurídicos de la Cámara, pero anticipan que su posición será que no pueden investigarse hechos de otras legislaturas. En este caso, los pagos a Pujalte fueron entre 2008 y 2009, es decir, en la legislatura anterior.

El pleno juzgará a Trillo

El pleno del Congreso debatirá y votará en el pleno del 12 de mayo la destitución de Federico Trillo como embajador de España en Reino Unido por haber cobrado, mientras era diputado, 9.000 euros al mes de una empresa constructora, según desveló EL PAÍS. El PSOE ha presentado una moción consecuencia de interpelación en la que “se insta al Gobierno” a proceder a acordar el “cese inmediato” del embajador. En principio, cuenta con el rechazo del PP, que impedirá que se apruebe, ya que los populares y el Gobierno han defendido la legalidad de la actuación de Trillo. El PP, además, defiende flexibilizar el régimen de compatibilidades. Solo CiU apoya esta posición. El texto del PSOE pide “un acuerdo para promover las modificaciones normativas necesarias para disponer y hacer efectivo el principio de dedicación exclusiva de los miembros de las Cámaras a sus tareas de representación política. Para ello, insta a impulsar la ampliación del régimen de incompatibilidades establecido en la ley electoral”. Según los socialistas, solo debería exceptuarse la creación literaria, la docencia y la administración del patrimonio.

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