El juez a Griñán: “Lo que me cuenta no es coherente con la experiencia”
El instructor del 'caso de los ERE' en el Supremo cuestiona la versión del expresidente andaluz durante el interrogatorio y le avisa de que un tribunal no le creería
La experiencia puede ser un instrumento para impartir justicia. El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, instructor de la causa abierta a cinco diputados y senadores socialistas por el fraude millonario en el caso de los ERE, recurrió a la "máxima de la experiencia" para expresar su incredulidad ante las respuestas que le daba el expresidente andaluz José Antonio Griñán, según la transcripción integra del interrogatorio celebrado el 9 de abril.
Barreiro preguntó reiteradamente al senador Griñán por su etapa como consejero de Hacienda en la Junta de Andalucía. El juez recordó que varios informes de la Intervención llegaron al departamento que dirigía Griñán denunciando irregularidades en el sistema de concesión de ayudas sociolaborales y que el entonces consejero no hizo nada.
Griñán respondió siempre que esos informes nunca llegaron a sus manos y que nunca conoció su contenido porque su viceconsejera de Hacienda, que sí los recibió, nunca le dijo nada de los mismos.
Tras la primera hora de interrogatorio sobre la misma cuestión y ante las reiteradas negativas del dirigente socialista, el magistrado Barreiro sacó sus propias conclusiones basadas en la experiencia. No se creía la versión de Griñán y le avisó durante el interrogatorio de las posibles consecuencias: “Con arreglo a las máximas de la experiencia, no parece razonable que la segunda persona de más confianza, la que tiene usted debajo y a la que da confianza en su labor diaria, le daban estas advertencias alarmantes por parte de este superjefe de la Intervención de Andalucía, y esa señora no le dé a usted cuenta de esos déficits ni le dé cuenta de los incumplimientos procedimentales. Parece que, además, las máximas de la experiencia no son muy coherentes con lo que usted me ha contado. Se lo digo para informarle de lo que sucede normalmente a un tribunal a la hora de apreciar el conocimiento o no conocimiento de las personas. ¿Qué tiene usted que decir a eso?”.
Prevaricación y malversación
Cinco aforados para dos delitos: prevaricación y malversación de fondos públicos. El magistrado Alberto Jorge Barreiro, instructor del caso de los ERE en el Supremo, inició su interrogatorio al ex presidente andaluz José Antonio Griñán con una extensa introducción sobre la causa. Barreiro informó a Griñán que la sala de admisión del Supremo había acordado investigar dos delitos: prevaricación y malversación de fondos, "sin concretar ni por sujetos ni por materias, simplemente lo dice genéricamente".
El magistrado explicó a Griñán que se investigan resoluciones dictadas desde 2000 a 2012 para el otorgamiento de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas mediante el sistema de transferencia de financiación. Barreiro recordó al ex presidente andaluz algunas de las anomalías del proceso: "Las empresas no podían concurrir a esas ayudas con publicidad, con objetividad y con bases reguladoras que permitan conocer la existencia de esas subvenciones y participar con arreglo a lo que establece la Ley: objetividad, igualdad, no discriminación. Eso tuvos dos consecuencias: los ciudadanos se vieron privados de la publicidad y concurso para acceder a estas ayudas y hubo quebrantamientos económicos para el erario público".
Antes de preguntar a Griñán, el magistrado le detalló así el fraude descubierto en el caso de los ERE: "Parece ser que se concedió dinero a empresas que no lo precisaban, que hubo intrusos que entraron a cobrar dinero que no les correspondía porque no eran trabajadores de algunas empresas determinadas, y unas compañías aseguradoras que se aprovecharon del sistema de pólizas de jubilación o prejubilación y cobraron unos coeficientes de intermediación bastantes superiores a los habituales, parece ser que los sindicatos también obtuvieron una cantidad a pesar de no estar introducidos directamente en ese tipo de ayudas".
Griñán no se alteró ante la incredulidad del magistrado y volvió a repetir sus argumentos en la enésima respuesta sobre la misma cuestión: “Ninguno de esos informes llegaban al consejero, lo ha reconocido la viceconsejera que los recibía y el interventor, que nunca los despachó conmigo (…). El mismo interventor ha declarado que esos informes no se mandaban a la consejería de Hacienda para tomar medidas porque no se proponían medidas (…) Esos informes hablan de incumplimientos, no de ilegalidades, y habla de incumplimientos en la fase de gestión del gasto”.
El magistrado Barreiro investiga si Griñán conoció como consejero de Hacienda las deficiencias detectadas en el sistema para adjudicar cientos de millones en ayudas sociolaborales. El Tribunal Supremo decidió hace seis meses investigar a los dirigentes socialistas tras la exposición razonada remitida por la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE.
Alaya sostiene que los ex altos cargos andaluces crearon un instrumento que facilitaba el fraude en la concesión de ayudas sociolaborales y después evitaron corregir el sistema pese a las advertencias de la Intervención General de la Junta de Andalucía. La juez considera que existen suficientes indicios de prevaricación y malversación de fondos públicos en la actuación de los supuestos implicados.
El fraude descubierto durante los diez años de aplicación irregular del programa de ayudas supera los 140 millones sobre 855 millones gastados por la Junta de Andalucía. El dinero supuestamente malversado benefició a varios centenares de intrusos -personas que se aprovecharon de las ayudas a empresas en crisis pese a que nunca trabajaron en ellas- y a dos aseguradoras que se encargaban de tramitar las pólizas de los trabajadores cobrando unas comisiones muy por encima de los precios de mercado.
El Supremo investiga a cinco ex altos cargos socialistas que ahora ocupan escaño en el Congreso (Manuel Chaves, expresidente; Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia; y Antonio Viera, exconsejero de Empleo) y en el Senado (José Antonio Griñán, exconsejero de Hacienda y expresidente; y Mar Moreno; exconsejera de Presidencia).
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