Respuestas para entender el caso

El juez instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro inculpó el pasado junio en el caso de los ERE a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves por un supuesto delito de prevaricación administrativa. El mismo indicio observa en el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías. El juez no aprecia que hayan cometido el otro delito por el que estaban siendo investigados (y del que acusaba la juez Mercedes Alaya): malversación de fondos públicos. Sobre el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, el juez sí entiende que, además, hay indicios de que pudo cometer malversación de fondos públicos. Barreiro solo exculpa a la senadora Mar Moreno.

Tras entregar sus actas de diputados y senadores el verano pasado, la rama política del caso que afecta a los principales exdirigentes de la Junta andaluza regresó desde el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Ahora el juez Álvaro Martín investiga esta rama junto a la instructora María Núñez.

Estas son respuestas a preguntas clave para entender qué es el fraude de los ERE, cómo se originó, por qué no se actuó en 10 años y quiénes están implicados en el caso por acción u omisión:

¿Qué es el caso ERE?

Es la investigación de las ayudas concedidas por parte de la Junta de Andalucía a empresas en crisis entre 2001 y 2011. A estas subvenciones accedieron miles de trabajadores de forma legal, pero también personas que ni siquiera habían trabajado en las entidades subvencionadas o no tenían derecho a los beneficios. Son los llamados intrusos, que según la Junta fueron 196. Los fondos, dotados con 855 millones de euros, se tramitaron a través de CC OO y UGT y empresas consultoras y aseguradoras, que también están siendo investigadas, así como los responsables de empresas e instituciones beneficiarias y de las consejerías implicadas en todo el procedimiento.

¿Quiénes y qué entidades están presuntamente implicados?

En la causa figuran los expresidentes de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, inculpados por el Tribunal Supremo, que se suman a los 270 implicados por la juez. El magistrado Alberto Jorge Barreiro los citó a declarar los días 9 y 14 de abril, respectivamente, para que comparecieran en calidad de imputados. Barreiro investiga si Chaves y Griñán intervinieron de manera "directa o indirecta” en el diseño del fondo. El juez también inculpa a los exconsejeros andaluces y diputados Gaspar Zarrías y José Antonio Viera. Para este último, el juez entiende que, además, hay indicios de que pudo cometer malversación de fondos públicos. Barreiro solo exculpa a la senadora Mar Moreno.

El principal de los 272 imputados por la juez que lleva el caso es el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, a quien también se le atribuye el uso de fondos públicos en drogas y alcohol. También están implicados responsables de las consultoras Vitalia y Uniter, que recibieron 68 millones en comisiones. De estos fondos, la Guardia Civil estima ilegales 50 millones. En la trama de corrupción también figura el intermediario Juan Lanzas, exsindicalista de UGT.

¿A cuánto asciende el fraude?

La investigación del caso considera que los fondos públicos defraudados entre 2001 y 2011 ascienden a 136 millones: 50 por sobrecomisiones (se pagó hasta un 20% a las entidades que mediaron en el abono de las ayudas), 73,8 millones por ayudas de la Junta de Andalucía a empresas que no reunían las condiciones para acceder a las mismas y 12,3 millones entregados a intrusos (prejubilados ajenos a las compañías beneficiadas). El fondo de los ERE estuvo dotado con 855 millones y el coste final, cuando terminen de abonarse las obligaciones contraídas, será de 1.217 millones.

¿Qué es la prevaricación administrativa?

Es cuando una autoridad o funcionario público, "a sabiendas de su injusticia", dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Está castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años, según el artículo 404 del Código Penal. No implica en ningún caso pena de cárcel.

¿Cómo y cuándo comienza el fraude?

El fondo de los ERE se crea en 2001 para actuar de forma rápida ante conflictos laborales por las sucesivas crisis de empresas que dejan a centenares de trabajadores sin medios de subsistencia. Para la concesión de ayudas se recurrió a las transferencias de financiación: traspaso de fondos desde la Consejería de Empleo mediante un procedimiento administrativo ágil, pero también opaco y discrecional, según argumenta la juez de los ERE, Mercedes Alaya. De esta forma, desde la Dirección General de Trabajo, de la que era responsable Javier Guerrero, el principal imputado, se dispuso sin control de cientos de millones.

¿Cuánto duró y por qué nadie advirtió el fraude durante una década?

La investigación judicial comenzó en 2010 y abarca ya ERE tramitados desde 2001 hasta 2011. La Intervención de la Junta advirtió de la irregularidad del procedimiento en 2005 a la Consejería de Empleo. La extitular de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, entonces viceconsejera, afirmó que no hizo llegar las advertencias a sus superiores, y que la Intervención nunca hizo el llamado “informe de actuación”, que sí habría llegado directamente a los entonces presidente, Manuel Chaves, y consejero, José Antonio Griñán. El exinterventor general Manuel Gómez afirmó que los informes eran suficientes.

¿Quiénes eran responsables de la Junta durante el fraude?

El expresidente José Antonio Griñán, que fue consejero de Economía entre 2004 y 2009. Los consejeros de Empleo fueron José Antonio Viera y Antonio Fernández. El presidente de la Junta era Manuel Chaves. Magdalena Álvarez fue consejera de Economía entre 1994 y 2004, pero Alaya solo le atribuye responsabilidad entre 2001 y su marcha. Gaspar Zarrías fue consejero de Presidencia y vicepresidente primero entre 2008 y 2009.