El piso piloto se sienta en el banquillo

El piso piloto de la economía hipotecada al ladrillo, a la gestión irresponsable y al robo continuado de los recursos públicos está siendo desmontado a toda prisa, ahora que el sistema ha quebrado y se ha acabado el desfile de altos personajes que encontraron aquí cobijo, apoyos y fortuna y hoy tratan de borrar las huellas de sus visitas.

El viento perturbador de este Levante de los Naseiros y Zaplanas, Carlos Fabra, Jaume Matas, Francisco Camps y tantos otros que empujaba a la megalomanía, la desmesura y el despilfarro en grandes proyectos icónicos ha cesado de repente y es como si la sociedad hubiera recuperado de golpe la cordura y el olfato que permite reconocer el hedor de la podredumbre; como si todo el mundo se preguntara qué nos ha pasado, cómo hemos llegado hasta aquí. Flota en el ambiente una sensación de comunidad fallida porque Valencia es hoy una autonomía que sobrevive gracias a la financiación asistida del gota a gota de la Hacienda nacional y al Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) que le permite hacer frente a los pagos inaplazables.

En un tiempo récord, la Comunidad Valenciana se ha quedado sin sistema financiero: ha perdido la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Bancaja y el mismo Banco de Valencia ha pasado a manos de CaixaBank. El Ejecutivo valenciano ha liquidado su manipulada radiotelevisión pública después de haberla reventado con 1.200 millones de déficit y 1.800 empleados; ha vendido Terra Mítica y el aeropuerto de Castellón; va a privatizar la explotación de sus grandes emblemas: la Ciudad de las Artes, la Ciudad de la Luz… Los niños valencianos nacen con una deuda individual de 100.000 euros y casi un tercio de esta población de 5,2 millones se encuentra en riesgo de marginación social. Pese al clima, al mito del Mediterráneo feliz y al carácter trabajador y emprendedor del valenciano, dicen las encuestas que esta es la comunidad con más gente desanimada e irritada.

¡Pasen y vean en primera fila el gran espectáculo de la corrupción valenciano-española: 150 antiguos altos cargos imputados!

No es evidente, sin embargo, que la convenida catarsis que sucede al derrumbe del modelo especulativo y corrupto vaya a deshacer las tramas de saqueo anudadas a lo largo de estos años, ni a asegurar la sostenibilidad de esta autonomía que acumula una deuda de 40.000 millones de euros. Y eso que el calendario electoral aparece pespunteado con una ristra de juicios: Gürtel, Emarsa, Terra Mítica… y un interminable carrusel de comparecencias llamadas a poner fin a dos décadas de impunidad. ¡Pasen y vean en primera fila el gran espectáculo de la corrupción valenciano-española: 150 antiguos altos cargos imputados, entre ellos, dos presidentes de la Generalitat, cuatro vicepresidentes, nueve consejeros autonómicos, dos presidentes del Parlamento valenciano, catorce diputados regionales, alcaldes de las tres capitales, presidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante, la cúpula del Partido Popular valenciano y un robo continuado del erario público estimado en 12.500 millones de euros! ¿Hay quién dé más?

“En ninguna región democrática y avanzada del mundo pueden exhibir un catálogo tan amplio de imputados o acusados por delitos de corrupción. No es que hubiera una manzana podrida sino que todo el almacén de alimentos estaba en estado de descomposición. Más que como partido político, el PP valenciano ha actuado como una organización criminal”, sostiene el periodista y escritor Sergi Castillo, autor del libro Tierra de saqueo.

El desfile de los medios de comunicación internacional se suma a las miradas vigilantes de Frankfurt y Bruselas. La autonomía valenciana se ha puesto en el mapa, en efecto, aunque no de la manera que imaginaron esos próceres declarados de la patria cuando proclamaban que su comunidad era la “envidia de Europa” y se pavoneaban de los grandes proyectos, ahora arrumbados, achicados o reconducidos para reducir las pérdidas estructurales. La escandalosa reputación de los dirigentes políticos locales se une a la Tomatina, las Fallas —la quema de las figuras artísticas desconcierta profundamente a muchos extranjeros— y al Valencia Club de Fútbol como principales referencias de esa comunidad en la esfera internacional.

Dos décadas de tolerancia social con la corrupción dejan un panorama devastado en una región que aspiró a ser una marca internacional

A riesgo de ser tratado de poco original, Santiago Grisolía, bioquímico, Premio Príncipe de Asturias de Investigación, no encuentra otra explicación a lo que ha pasado que la “poca categoría” de los políticos. “Los partidos dicen que son servidores del pueblo, pero no es verdad. Me indigna esta sensación de podredumbre. ¿Cómo pueden negar la existencia de una caja b si todo el mundo sabe que es verdad? Si niegas la realidad no puedes encauzar el problema!”, amonesta el gran científico valenciano. “Pagamos muy mal a los políticos. Los hay de tres clases: los héroes, los sinvergüenzas y los mediocres”, apunta José Vicente González, presidente de la patronal valenciana Cierval y vicepresidente de la CEOE, sin aclarar cuánto hay de cada lote en este territorio, el segundo granero de votos del Partido Popular. “Sería inexacto calificarles de mafia y tampoco son una casta. Son grupos cerrados, endógenos y de identidad elitista que, en principio, tratan de combinar sus intereses particulares con los generales y, al final, dejan de representar a los ciudadanos para anteponer sus objetivos privados”, explica Jordi Palafox, catedrático de Historia Económica y antiguo miembro del consejo de administración de Bancaja.

La gran pregunta, la que se hicieron durante bastantes años muchos españoles fiados a la lectura de los periódicos, es por qué los valencianos continuaron otorgando la mayoría absoluta a políticos manifiestamente corruptos o altamente sospechosos de serlo. Valencia no es, desde luego, la única comunidad española caracterizada por este comportamiento, pero hubo momentos en los que pareció que los imputados de esta comunidad eran, por reincidentes, soberbios o procaces, manifiestamente más corruptos que en otros lares. Hoy, como ayer, ese interrogante sigue pivotando sobre la Comunidad Valenciana sin obtener una respuesta clara. ¿Qué pasa en las tripas, las entretelas, de esta sociedad?

La experiencia valenciana, y española, parece haber mostrado, al menos hasta ahora, que la ética no ha sido el factor determinante de los cambios de ciclo político. Puede que la explicación haya que buscarla en la escasa articulación social, en la falta de educación y de valores comunitarios, unido, en el caso que nos ocupa, al acendrado individualismo levantino, a su concepto de la tolerancia, que a menudo se confunde con la inacción e inhibición, con ese “meninfot” de uso coloquial, traducible por “paso de lo que no me afecta”, a la estructura sociolaboral de pequeños propietarios del campo o de la fabricación del calzado, la piel, el juguete, lo textil. Lo cierto es que la corrupción no ha encontrado un rechazo social tajante hasta que ha faltado el dinero, hasta que la burbuja narrativa de la “gran Valencia” se ha deshinchado por sí misma. Porque el comentario recurrente en el ejercicio de la contemporización, el que a menudo zanjaba la discusión, era: “¿Y tú que harías?”.

El interrogante sigue pivotando: ¿qué pasa en las tripas de la sociedad? La venalidad no encontró un rechazo hasta que faltó el dinero

“Los primeros que nos preguntamos qué nos ha pasado somos nosotros. Después de tantos años, la gente había empezado a interiorizar que la corrupción era algo normal. Aquí, se perdonaba todo hasta que empezaron a cerrar las empresas. Ahora, la gente siente vergüenza propia”, sostiene Luis Aguiló, letrado mayor de las Corts Valencianes y nieto del líder de la Derecha Regional Valenciana, Luis Lucia, que el 18 de julio de 1936 envió al Gobierno legítimo un telegrama expresando su lealtad a la República española. Fue represaliado por el franquismo, desposeído de sus bienes y condenado, primero a muerte, y luego, a cadena perpetua. “Señor: perdónalos, aunque sepan lo que hacen”, dejó escrito aquel hombre, cuya figura se yergue como contrapunto de la actualidad, porque más allá de las siglas y de las adscripciones ideológicas, en Valencia, como en el resto de España, hay una añoranza fundada de la honestidad y honorabilidad que revistió en otros tiempos la política. “Mi abuelo no nos dejó ningún bien material, pero sí un elevado sentido de la ética”, destaca Luis Aguiló Lucia.

“Hemos cometido errores, nos hemos centrado en vender nuestra gestión económica y hemos emprendido tarde la regeneración democrática. Hemos tardado en comprender que nuestra economía no puede depender tanto del sector inmobiliario. También hemos gestionado mal las cajas de ahorro, la Radiotelevisión Valenciana y otras empresas públicas”, reconoce hoy el vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar. Es una confesión piadosa porque, admitido que los errores y desmanes de estas décadas atrás no han sido privativos del Gobierno de Valencia, lo que ha pasado en esa comunidad posee magnitudes superiores, a la altura de la catadura exhibida por muchos de los protagonistas del gran saqueo. Y es que en Valencia, políticos que aparentaban grandes convicciones éticas o tenían a gala un acendrado catolicismo practicante llegaron a quedarse con el dinero de la cooperación destinado a las madres africanas infectadas de sida, a la construcción de un hospital en Haití, a habilitar conducciones de agua en Nicaragua. Tampoco les hicieron ascos a las donaciones recogidas por las monjas y a las cuestaciones populares destinadas a paliar la situación de sus paisanos más necesitados.

La mezquindad y depravación afloran en las conversaciones intervenidas judicialmente con el desparpajo propio de los grupos mafiosos: “Lo nuestro antes que lo de los negratas, ¿eh?”; “¿Qué hacemos con esta Mireia Mollà [diputada de Compromís que hacía preguntas incómodas en el Parlamento autonómico]; la violamos o qué?”. Y es que en Valencia, Rafael Blasco, condenado en el caso Cooperación a 8 años de cárcel por malversación, prevariación y falsedad, no era cualquiera en el organigrama del PP. Hombre de confianza de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, fue la pieza permanente del Ejecutivo regional, consejero de siete carteras de Gobierno y portavoz del PP de esa comunidad. El hecho de que Rafael Blasco fuera con anterioridad también consejero en el Gobierno socialista de Joan Lerma, hasta que fue expulsado por corrupto, da al caso una pincelada doméstica extravagante, pero la cuestión clave reside en saber por qué Eduardo Zaplana le fichó para el PP y el Gobierno regional con semejantes antecedentes, qué vio en él, qué pensó que les podía aportar.

Dadas las circunstancias, cabría plantearse si el PP valenciano no haría bien en disolverse y refundarse sobre bases y nombres nuevos para quebrar la asociación refleja “derecha valenciana-corrupción”, pero eso no está en el ánimo de sus actuales dirigentes. Aunque no esperan lograr reeditar sus aplastantes mayorías absolutas, confían en ganar las elecciones autonómicas con sus siglas, por tóxicas que les parezcan a buena parte de la ciudadanía y por evidente que resulte que el saqueo continuado respondía a la financiación ilegal del partido y no solo a la particular codicia delictiva de muchos de sus cargos. “Nosotros somos los más interesados en apartar a esa gente. El presidente Alberto Fabra tiene claro que los ciudadanos exigen ejemplaridad y el abogado de la Generalitat se va a personar como acusación particular. Desde el presidente al último consejero, todos hemos hecho autocrítica”, enfatiza José Ciscar. Pese a que las investigaciones judiciales en marcha invitan a pensar que detrás de no pocos proyectos adjudicados había una trama organizada, el vicepresidente de la Generalitat sostiene que “no existe una correlación directa entre la obra pública realizada y la corrupción”.

Políticos que presumían de ética robaron el dinero. El saqueo respondió a la financiación del PP y al lucro individual

Más allá de la discusión sobre el alcance del robo continuado, conviene detenerse en la radical transformación del territorio experimentada en estos años de frenesí constructor. A las grandes edificaciones justificadas como reclamo turístico se sumó una política de pelotazo urbanístico y ocupación masiva del litoral que permitió un enriquecimiento ilícito y sin costes. Tras vender sus terrenos en el primer cinturón de huertas y naranjos establecido en torno a las ciudades, no pocos agricultores adquirieron nuevas tierras en un segundo cinturón con la esperanza de que la ola recalificadora y constructora seguiría avanzando por el territorio. Es otra versión de los cuentos de la lechera que circularon tan profusamente. “A los que poníamos objeciones a la política de inversión inmobiliaria de las cajas de ahorros, nos aseguraban que directivos que trabajan en Londres vendrían a dormir a Castellón y que muchos noruegos iban a comprar casa aquí”, recuerda Jordi Palafox.

“En menos de 10 años, la ocupación de suelo en la franja costera ha pasado del 10% al 50%. Hoy, el 82% de la población está concentrada en el 7% del territorio”, explicaba José Miguel Iribas, sociólogo especialista en diagnóstico urbanístico fallecido hace unas semanas. “Aquí, se juntan el hambre y las ganas de comer. Tenemos el suelo más demandado de España, a causa de este clima extraordinario, y Ayuntamientos pobres que han recurrido a la recalificación del suelo para hacerse con un dinero rápido; a veces, sin que haya mediado la corrupción, con solo invocar a la vanidad y a los aires de grandeza: “Alcalde, te voy a poner en el mapa, te voy a construir miles de viviendas y vas a dirigir una ciudad”. El territorio ha sido vendido a muy bajo precio y ahora algunos Ayuntamientos empiezan a darse cuenta de que no pueden sufragar el coste de los servicios por unidad de viviendas en determinadas urbanizaciones horizontales. Hay estudios que muestran que, en esos casos, la balanza de ingresos y gastos comienza a ser deficitaria a los 16 años porque mantener esas infraestructuras y servicios municipales es muy costoso, pero pocos alcaldes comprenden que cuanto más se construyan este tipo de edificaciones más se hipotecará el Ayuntamiento”, atestiguaba este gran experto urbanista.

Mal negocio a medio plazo para la sostenibilidad, el medioambiente y las arcas municipales. “La respuesta no pueden darla los Ayuntamientos porque son incapaces de frenar al tiburón del mercado y además, el problema ni siquiera es ya urbanístico. Pronto volverán las grandes demandas y las presiones. La batalla no ha acabado”, advertía José Miguel Iribas. Si la batalla no ha acabado y los valencianos no quieren aplicarse la máxima (Platón) de que el castigo por inhibirse en política es ser gobernado por hombres inferiores, tendrán que entregar su “meninfotismo” al fuego purificador de las Fallas.