Frontex se desvincula de las críticas de Becerril a los vuelos de deportación

Frontex, la agencia europea encargada de organizar vuelos de deportación de inmigrantes, se ha desvinculado este jueves de las irregularidades denunciadas esta semana por el Defensor del Pueblo español. El número dos del organismo comunitario, Gil Arias Fernández, ha considerado injustificados los reproches de la institución española, que afirmó que había "constatado" en varias expulsiones el incumplimiento del código de conducta aprobado para estos procedimientos. "En todas las operaciones que coordina Frontex se aplica ese código", ha sentenciado el representante de la agencia europea, tras participar en Madrid en un coloquio sobre los retos de la inmigración en la UE y EE UU, organizado por la Fundación Ciudadanía y Valores.

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, remitió el miércoles una carta a la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, donde señalaba que había comprobado la existencia de vuelos de deportación sin médico a bordo. También, rezaba la misiva, se habían fletado algunos sin intérprete. Y, a su vez, otros en los que no se ha informado a los extranjeros sobre la posibilidad de presentar una reclamación si se vulneran sus derechos fundamentales. Extremos, todos ellos, "contrarios" al código de conducta. Frontex rechaza cualquier responsabilidad en todo esto. El organismo incide en que esta agencia solo coordina las repatriaciones: "Nosotros no tenemos personal médico. Eso debe ponerlo el país que organiza el vuelo. Igual que el servicio de monitoreo, los intérpretes y los escoltas", asegura Arias.

En base a esa argumentación, Arias asegura no entender los "reproches" a Frontex del Defensor del Pueblo español. "La Agencia solo ejerce como interlocutor entre quienes participan en ese vuelo", ha continuado el número dos del organismo europeo. Esta institución comunica, ha insistido, a los Estados miembros el número de plazas disponibles en los aviones y el país al que se dirigen. Además, Arias ha insistido en que la labor del organismo europeo se limita a la financiación —normalmente, el 80%—: "Y, eventualmente, fleta el chárter".

Según los datos del Gobierno de Mariano Rajoy, España lideró en 2014 un total de siete vuelos de deportación organizados por este organismo comunitario. El coste ascendió a 1,85 millones de euros. Y casi 400 personas iban a bordo de esos aviones, que se dirigieron a países como Colombia, Pakistán y Ecuador. 

La Agencia solo ejerce como interlocutor entre los países que participan en los vuelos Gil Arias, número dos de Frontex

Pero este tipo de repatriaciones no son las únicas que se gestionan en España. El Ministerio de Interior, además de participar en los vuelos de Frontex, también fleta aeronaves en solitario para echar a los inmigrantes del país. Los datos aportados por el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria revelaban que más de 26.000 personas fueron expulsadas entre 2010 y 2014. Una práctica que acumula las críticas de las ONG desde hace años, que los denominan los vuelos de la vergüenza.

Los colectivos sociales, en referencia a estas repatriaciones, han denunciado agresiones a los inmigrantes: como los supuestos golpes que propinaros varios agentes a un deportado a República Dominicana y que ha supuesto en abril que la Policía Nacional abriera una investigación interna. Y, a su vez, ha constatado la implantación en España de un sistema de expulsión exprés, que se ejecuta directamente desde dependencias policiales y en las 72 horas posteriores a la detención del extranjero. Lo que reduce, en opinión de las ONG, las garantías de defensa de estas personas.