El exconsejero de Empleo: “Nunca hubo un ERE falso en Andalucía”

El exconsejero de Empleo andaluz Antonio Fernández ha defendido esta mañana en el Tribunal Supremo la legalidad de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que investiga la juez Mercedes Alaya. “En Andalucía nunca hubo un ERE falso”, ha sostenido Fernández a preguntas de los periodistas a la salida del tribunal, una afirmación en la que también ha incidido durante el interrogatorio ante el instructor Alberto Jorge Barreiro, según fuentes presentes en el interrogatorio.

Fernández, que está imputado por Alaya y estuvo durante cuatro meses en prisión preventiva, fue consejero de Empleo durante gran parte de la etapa investigada (entre 2004 y 2010) y antes había sido viceconsejero de este departamento. El instructor y el fiscal le han interrogado sobre su papel en ambos cargos. Fernández, según las fuentes consultadas, ha recalcado que solo el 1% de las ayudas a trabajadores (las prejubilaciones de los ERE) se dio indebidamente. El resto, ha advertido, no está en cuestión y sus beneficiarios siguen cobrando las ayudas, de cuyo importe, además, el 30% va a parar a la Seguridad Social.

El exconsejero ha defendido la legalidad del procedimiento, regulado mediante un convenio marco que él firmó en 2001 durante su etapa de viceconsejero. El acuerdo, ha asegurado, era “de público conocimiento”, aunque, a la pregunta de si lo conocía la cúpula del Gobierno, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, Fernández no ha querido señalarlos. El sistema era público, pero él no puede asegurar que los expresidentes habían leído el acuerdo que lo regulaba y conocían sus detalles.

Fernández ha negado que, como afirma la juez Alaya, las ayudas a empresas se dieran sin publicidad y con cierto grado de ocultismo para eludir los controles y favorecer la arbitrariedad en la adjudicación. El exconsejero ha señalado que se habló de estas ayudas muchas veces en el Parlamento y que “todos” los grupos políticos coincidían en que debían mantenerse e incrementarse. “Es imposible que un sistema ilegal funcione durante 10 años sin que nadie objete”, ha alegado Fernández

La declaración de Fernández llega tras la primera ronda de interrogatorios a los cinco aforados ante el Alto Tribunal —los dos expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los diputados y exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera y la senadora y también exconsejera Mar Moreno— y después de que el pasado martes también declarara el exinterventor Manuel Gómez, también imputado y que aseveró ante el juez que la Intervención alertó de las irregularidades en el sistema pero que el Gobierno andaluz

Fernández ha comparecido en varias ocasiones ante la juez Alaya, que en abril de 2012 decretó su ingreso en prisión acusado de cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, fraude de subvenciones y negociaciones prohibidas a funcionarios (los cuatro últimos continuados). La juez le considera uno de los artífices del sistema que presuntamente permitió el reparto de ayudas sin control. Fernández es el único exconsejero andaluz que ha estado en la cárcel. Permaneció preso durante cuatro meses, hasta agosto de 2012, cuando logró la libertad tras abonar una fianza de 450.000 euros.

En su primera declaración ante la instructora, Fernández aseveró que fue su antecesor en la Consejería, José Antonio Viera, quien, en 2001, adoptó la "decisión" de la que nació el convenio que supuestamente se utilizó como instrumento para que los fondos de la partida presupuestaria 31L esquivasen las fiscalizaciones propias de las subvenciones excepcionales. No obstante, Fernández defendió que no le constaban directrices de Viera para que las ayudas favoreciesen especialmente a personas o zonas.

El juez que instruye el caso de los ERE en el Supremo escuchará la próxima semana a los autores del informe pericial encargado por la defensa del expresidente andaluz José Antonio Griñán. El magistrado Alberto Jorge Barreiro ha dictado una providencia por la que cita para el próximo jueves 7 de mayo a los autores del documento, los catedráticos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago, para que ratifiquen sus conclusiones.

La ratificación de los peritos se produce a petición del abogado de Griñán, que la semana pasada presentó en el Supremo un escrito en el que consideraba "lesionado" su derecho a la defensa por no recabar la versión de estos catedráticos de Derecho Tributario, que, según el abogado, es esencial para que el instructor pueda extraer una “visión completa y no sesgada” de lo sucedido en el Gobierno andaluz entre 2001 y 2010. Los peritos avalaron en su informe el uso de las transferencias de financiación como instrumento para conceder las ayudas sociolaborales de la Junta a empresas en crisis, una tesis contraria a la que sostienen los peritos de la Intervención General del Estado.

Dos días antes, el próximo martes, Barreiro ha citado a dos nuevos testigos: Luis García Garrido, que fue consejero de Obras Públicas en el último Gobierno de Manuel Chaves, pero está citado por su papel de viceconsejero de este departamento entre 2000 y 2008; y José María Oliver Pozo, que fue secretario general técnico de la Consejería de la Presidencia y secretario de la Comisión General de viceconsejeros, los llamados consejillos. La comparecencia de ambos ha sido solicitada por el abogado del exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, que intenta demostrar que en su cargo como presidente de los consejillos nunca tomó ninguna decisión relacionada con las supuestas irregularidades en torno al caso de los ERE.

El magistrado no ha aceptado la petición de la acusación popular, ejercida por Manos Limpias, para que comparezca Francisco del Río, director del gabinete jurídico de la Junta. Según fuentes jurídicas, el instructor no considera la necesaria su declaración en esta fase de instrucción.