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Castilla y León aprobó en días hasta 16 parques eólicos que paró durante años

El Gobierno regional del PP sólo agilizó los trámites cuando las eléctricas cedieron parte del negocio a un ex alto cargo de la consejería de Economía

parques eólicos en Castilla y León pulsa en la foto

Cuando se lo proponía, la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León podía ser la administración más eficaz del mundo. El análisis de la tramitación de los parques eólicos en los que participaba la empresa de Alberto Esgueva, alto cargo de la consejería entre 2004 y 2006, demuestra que los parques eran autorizados solo días después de que las eléctricas le dieran entrada en el negocio de los molinos. En seis casos, la participación de Esgueva en los parques desbloqueó en menos de 10 días instalaciones que llevaban años en tramitación. La empresa que más participó en este sistema es Iberdrola, que luego recompró la participación de Esgueva por 47,1 millones. Iberdrola no quiso este miércoles comentar la noticia y Esgueva no responde a las llamadas de este diario.

Un expediente tiene firmas distintas en Soria y Valladolid

el mismo día

El 10 de agosto de 2001, Iberdrola Renovables solicitó la autorización administrativa para instalar el parque eólico Cerro Blanco, en Galbarros, Briviesca y Salinillas de Bureba, Burgos. El parque seguía su tramitación cuando en julio de 2003 llegó a la Consejería de Economía el popular Tomás Villanueva, hombre fuerte en el Gobierno autónomo. Ya ocupó la cartera de Industria entre 1995 y 1999 y tras un paso por Educación volvía a llevar la economía regional. Con él fue de segundo, Rafael Delgado. Había sido su escudero desde 1995, cuando fue secretario general de Industria. El 14 de abril de 2004, Villanueva decidió que todos los parques eólicos de la comunidad deben llevar la firma de Rafael Delgado. Hasta ese momento los aprobaba la delegación de la Junta en las nueve provincias.

El 5 de agosto de 2005, la delegación de la Junta en Burgos publica la declaración de impacto ambiental que da el visto bueno a los 21 aerogeneradores. Cerro Blanco había superado el mayor escollo. Tras unos cambios en el proyecto, el 3 de febrero de 2006 la filial de Iberdrola en la comunidad “solicita autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución”. Habían pasado cuatro años y medio de papeleo y parece que todo estaba ya listo. Sin embargo, el 18 de mayo de 2006, Biovent, la marca de Iberdrola en la región, pide que la autorización sea para Energía Global Castellana. Se trata de una firma creada en 2005 en la que Iberdrola tiene el 60% y Esgueva el 40%. Este fue hasta 2006 consejero delegado de la empresa pública Excal, dependiente de Economía. Esgueva posee el 40% de Energía Global Castellana pese a que solo ha puesto 24.400 euros del capital. Usa para ello su sociedad San Cayetano Wind, con sede en Madrid “en el que ni estaba ubicada ni era conocida”, según la Agencia Tributaria.

El consejero dice que no ha hallado irregularidades al revisar los papeles

El 25 de mayo de 2006, solo siete días después de que Esgueva se hiciera con el 40% del parque eólico, el viceconsejero, Rafael Delgado, firmó la autorización de Cerro Blanco. Iberdrola, que llevaba años con los papeles y los estudios, dio entrada a un socio de la consejería y, días después, recibió el visto bueno. La Agencia Tributaria considera que esa transmisión se hizo “sin motivos económicos válidos”. Ha hallado pagos y compras de Esgueva y sus sociedades a Delgado, que también recibía transferencias desde Suiza.

La secuencia se repite en otros 15 parques en los que participa Energía Global Castellana y que ha analizado este diario. La tramitación se acelera cuando la empresa promotora cede la titularidad a la firma en la que Esgueva participa. Seis de ellos se aprueban menos de un mes después de que entre Esgueva.

Iberdrola, que es líder en la región, recompró sus participaciones a Esgueva, al que abonó 47,1 millones de euros entre febrero de 2007 y octubre de 2009. Habían instalado 492 megavatios, por lo que Esgueva recibió unos 100.000 euros por megavatio instalado. Esa era la cantidad por la que se compraban y se vendían los permisos de parques eólicos en la comunidad en esa época, según fuentes del sector.

Tomás Villanueva (izquierda) con Alberto Esgueva (derecha), en 1999. ampliar foto
Tomás Villanueva (izquierda) con Alberto Esgueva (derecha), en 1999.

El parque de Ventosa del Ducado, en Soria, recibió la aprobación tres días después de que Iberdrola traspasase la titularidad a la empresa que tenía con Esgueva. El 15 de junio de 2007, la delegación de la Junta en Soria aprueba la declaración de impacto ambiental. Ese mismo día firma la aprobación en Valladolid el viceconsejero. Las firmas se acumulan en junio de 2007, un mes antes de que Rafael Delgado deje el cargo y pase a ser secretario general de Economía, cargo que ocupó hasta 2011. Estuvo 15 años seguidos junto a Tomás Villanueva.

“Es milagroso. ¿Viajó el expediente en coche de Soria a Valladolid ese mismo día?”, preguntó con sorna el procurador de Unión del Pueblo Leonés, Alejandro Valderas, al consejero Villanueva el lunes durante su comparecencia en las Cortes sobre el tema, realizada a petición propia, con la Cámara disuelta y solo una semana después de que este diario destapara el caso.

Pese a que las fechas de las tramitaciones están en el Boletín Oficial de Castilla y León, Villanueva sostuvo allí que los expedientes están impolutos: “Quiero destacar la rectitud y sujeción a la legalidad con la que se han tramitado todos los expedientes de autorización administrativa”.

El secretario del PSOE en la región, Luis Tudanca, criticó este miércoles el sistema: “Las fechas son la demostración palmaria de que cuando había una transferencia el trámite se aceleraba sin que saltaran alarmas. Se ve sin mayor investigación pues es información pública”.

El PSOE denuncia que los pagos a Trillo y Pujalte son ilegales

El PSOE cargó este miércoles en el Congreso contra el PP por apoyar a Federico Trillo y Vicente Martínez-Pujalte que, siendo diputados, cobraban 9.000 y 5.000 euros al mes respectivamente de la constructora de Valladolid especializada en obra pública Collosa.

Soraya Rodríguez, diputada por Valladolid, criticó que los pagos, desvelados por este diario y que la Agencia Tributaria ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción, son ilegales. “Los diputados no pueden, en ningún caso, ser contratados o hacer valer su cargo de diputado informado para ejercer cualquier tipo de actividad mercantil”, declaró.

Rodríguez añadió que Pablo Trillo, hermano de Federico, “fue nombrado en septiembre de 2005 secretario general de la Consejería de Economía de Castilla y León, consejería que gestiona las licencias y que está en el centro de la trama. Unos meses más tarde, en febrero de 2006, se firma el contrato de asesoramiento de Trillo con la empresa Collosa”, denunció. “Asesorar a una empresa que está en una trama para conseguir licencias [...] sin duda es una actividad ilegal”.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no entró en el fondo del asunto. “No voy a hacer ninguna valoración pública”, dijo. Y afirmó que “las filtraciones no deben anticipar conclusiones de esas investigaciones”.

Otro diputado socialista, Gabriel Hernández, volvió a interpelar al ministro de Hacienda sobre el tema: “En el Reino Unido dimitió un ministro por ocultar una multa de tráfico y ustedes envían como embajador de España a un señor que ocultó al Parlamento el cobro de 354.000 euros por susurrar al oído de un empresario”.

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