El Tribunal de Cuentas pide el triple de medios para detectar las cajas b
El presidente de la institución lamenta las limitaciones para ofertar plazas de empleo
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha lamentado este martes en el Congreso la falta de instrumentos de su institución, que necesitaría "el doble o el triple" de los medios que tiene para localizar o detectar el rastro de cajas b en los partidos políticos, como el llamado caso Bárcenas. Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas, donde ha presentado el informe sobre los gastos electorales de las europeas de 2014, Álvarez de Miranda ha recordado las limitaciones que sufre el tribunal desde hace cinco años para ofertar plazas de empleo público para llevar a cabo una fiscalización más efectiva.
Entre las recomendaciones del informe sobre partidos, ha destacado la necesidad de regularizar el sistema de financiación a través de plataformas digitales, el llamado crowdfunding, para la obtención de recursos de financiación privada, un método que utilizó Podemos en esos comicios. No obstante, Álvarez de Miranda ha asegurado que todas las formaciones cumplieron con sus obligaciones de presentar la contabilidad electoral y que, por ello, no se ha abierto ningún procedimiento sancionador.
A pesar de este cumplimiento legal, ha informado de que cuatro candidaturas —Coalición por Europea, PP, PSOE y Podemos— recibieron ingresos o pagos de gastos electorales a través de otras cuentas destinadas a la actividad ordinaria. Coalición por Europa obtuvo 1.130 euros en fondos no ingresados en la cuenta electoral; el PP, 28.126 euros en gastos pagados con cuentas no electorales; PSOE, 2.536 euros con gastos pagados con cargo a cuentas no electorales; y Podemos, hasta 102.180 euros en fondos no ingresados en esas cuentas.
Además, Izquierda Plural y Los Pueblos Deciden tuvieron pagos fuera del plazo previsto, con 25.995 y 1.395 euros respectivamente. Izquierda Plural, Coalición por Europa y Primavera Europea son las tres formaciones con obligaciones pendientes con pagos de proveedores o acreedores posteriores al límite para disponer de saldo en las cuentas corrientes electorales por un valor global de 750.000 euros.
De las 10 formaciones con representación en el Parlamento Europeo tras las elecciones de mayo, en nueve de ellas —a excepción de L'Esquerra pel Dret a Decidir— se han detectado gastos declarados "no susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales" y, por tanto, se han deducido del total de gastos a subvencionar.
Durante el turno de los portavoces, el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo ha recalcado el "escrupuloso respeto" de su formación al cumplimiento de las normas, a la par que ha solicitado más exámenes de control interno de los partidos.
Por su parte, el diputado valenciano de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto, ha criticado que no exista "una voluntad, capacidad o interés" por parte del Tribunal para una mayor fiscalización, y ha dudado de su "efectividad del control". También se ha referido a la "desigualdad de condiciones" que el resto de formaciones tienen con respecto al PP, quien "gastó mucho más por otras vías" y cuya situación de irregularidad en las elecciones autonómicas de la Comunidad Valenciana en 2007 han llegado a los tribunales "con retraso".
Ha contestado el diputado popular Eloy Suárez, que ha recordado el caso de los ERE en Andalucía y ha criticado la financiación por crowdfunding de Podemos, por lo que ha pedido una regulación de este sistema.
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